La muerte de Lina María Vitucai, una bebé embera de tres meses que falleció la madrugada del domingo 9 de junio en el asentamiento indígena del Parque Nacional en Bogotá, volvió a centrar la atención en la crisis que enfrenta la capital del país para evitar los fallecimientos de la población infantil.
Según los registros, desde 2021 se han registrado 24 menores fallecidos entre las comunidades embera en Bogotá. Y es que la fuerte crisis se ha dado por cuenta de los desplazamientos forzados en departamentos como el Chocó, que ocasiono la salida masiva de cientos de familias que llegaron hasta Bogotá para exigir respuestas y acompañamiento del Gobierno nacional y la Alcaldía distrital.
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Sin embargo, la situación se ha convertido en una disputa por definir de quién es la responsabilidad de garantizar la salud y la integridad de la población infantil del asentamiento ilegal. Pero lo que más preocupa es que, según información revelada por El Espectador, los niños en el parque Nacional están más expuestos a enfermedades y baja nutrición debido al gran número que convive en el parque.
De hecho, se estima que el 55% de la población del asentamiento corresponde a menores, por lo que las dificultades para la atención médica, la presunta ineficiencia administrativa y la falta de soluciones definitivas por parte del Gobierno nacional y distrital agravan la situación.
Incluso, un concejal tuvo que interponer una acción de tutela para exigir que se garantizaran los derechos de los menores, lo cual fue fallado favorablemente por el Juzgado 28 Laboral del Circuito de Bogotá, ordenando al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) hacer un seguimiento de los menores indígenas.
Favio Arias Estévez, vocero de más de 120 familias indígenas embera katío desplazadas forzadamente del Chocó, admitió las dificultades internas que contribuyen a estos problemas. “Hace ocho meses estamos en el Parque Nacional y no nos quieren contratar como Embera Katío”, sostuvo a El Espectador, revelando una clara división entre las comunidades embera katío y embera chamí en el manejo de estos asuntos.
Entre las preocupaciones inmediatas se encuentran las enfermedades de varios niños en el asentamiento. “Tres niños, de cinco, ocho y 14 años, están enfermos con fiebre, vómito o tos”, dijo Arias Estévez, quien agregó: “No sé cómo vamos a cuidar de ellos. Estoy preocupado. Solo dependen de una ambulancia 24 horas”.
Aunque toda la responsabilidad no recae en las instituciones del país, pues el líder indígena admitió que parte de la culpa por la crisis de salud en los menores recae sobre los mayores del asentamiento, quienes no han permitido el ingreso de las unidades de salud dispuestas por el distrito.
Por su parte, la Alcaldía de Bogotá ha señalado que la comunidad embera debe ser retornada a sus territorios de origen con urgencia. Gustavo Quintero, secretario de Gobierno, explicó que existe una ruta de retorno que permitiría que el 83% de los indígenas que desean regresar a sus pueblos en el Chocó lo hagan en dos meses. “Lo que le hemos dicho al Gobierno Nacional es la necesidad de fortalecer y apresurar el trabajo que estamos haciendo y les demos una oferta de retorno”, indicó Quintero.
No obstante, Usiel Villazón Arias, presidente de la Asociación de Cabildos por Colombia, destacó los desafíos en seguridad que implica el retorno al Chocó, una región con alta presencia de grupos armados como el ELN. “Se necesitan también 150 viviendas, para que puedan retornar, y que la Unidad de Víctimas nos acompañe un año con proyectos productivos”, afirmó Villazón Arias al medio nacional, destacando la necesidad de medidas adicionales para evitar que las familias regresen a Bogotá.
Pero para el 17% de las familias que desean quedarse en Bogotá, la situación es incierta. Aunque el Distrito asegura tener un plan de atención, no se ha definido dónde serán reubicados. La Sociedad de Activos Especiales (SAE) ha ofrecido predios urbanos y rurales a la Alcaldía desde hace un año, sin que haya una solicitud formal hasta marzo de 2024. “Se sigue manteniendo la conversación de encontrar lugares en Cundinamarca”, explicó el secretario de Gobierno.
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