Fiscalía renovó principio de oportunidad de Gustavo Moreno, abogado de Sneyder Pinilla, por el ‘cartel de la toga’

La Fiscalía General de la Nación confirmó el miércoles 12 de junio de 2024 que renovó, por un año más, el principio de oportunidad establecido con el abogado Luis Gustavo Moreno, exfiscal anticorrupción del ente de investigación judicial, y que en la actualidad es apoderado del exsubdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), Sneyder Pinilla.

Moreno, que hace parte del escándalo del cartel de la toga, en el que se comprobó su participación en la red criminal en el sistema judicial, en el que se desaparecieron, desviaron y dilataron procesos a cargo de la Corte Suprema de Justicia, seguirá siendo el testigo estrella. Un proceso que empezó en 2017 y en el que ha sido claro ejemplo de la forma en el que se permearon las instituciones por la corrupción.

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En este caso están involucrados el expresidente de la Corte Suprema Francisco Ricaurte, al igual que los exmagistrados Leonidas Bustos y magistrado Gustavo Malo. A los que se suma el exmagistrado auxiliar Camilo Ruiz y los abogados Luis Ignacio Lyons y Gerardo Torres, en un entramado que benefició a personajes como el exgobernador de Córdoba Alejandro Lyons, y el exsenador Musa Besayle.

El 20 de junio, ante un juez de la República, el ente acusador buscará que se avale la extensión del principio de oportunidad por 12 meses más, según consta en la plataforma en la que se han registrado novedades en el proceso de Moreno.

Es válido precisar que el 13 de marzo de 2024, el juzgado penal 74 de Bogotá había devuelto al fiscal del caso la solicitud de prórroga de este acuerdo con Moreno, debido a una serie de aclaraciones que debían hacerse en su caso. Ahora, se espera que un nuevo togado imparta legalidad ante este nuevo acuerdo, con lo que Moreno seguiría aportando información clave en lo que concierne a su caso.

Moreno, que en la actualidad oficia como abogado litigante, fue capturado el 27 de junio de 2017 acusado de graves hechos de corrupción, siendo, paradójicamente, el fiscal anticorrupción. El exfuncionario fue acusado por los cargos de concusión, es decir, recibir dinero por su labor en el ente acusador, para redireccionar procesos judiciales; y el 17 de mayo de 2018 fue extraditado a Estados Unidos por lavado de activos.

De acuerdo con el testimonio de Besaile, Moreno y los demás implicados en esta red recibieron de su parte $2.000 millones con el fin de frenar su orden de captura por presuntos nexos con la parapolítica, en un proceso que cursaba en la Corte. Por su parte, el exgobernador Lyons, que desvió más de $10.000 millones, confesó que el exfiscal le pidió $500 millones para demorar los procesos que tenía en su contra.

A esto se suma que al exsenador Álvaro Ashton, a cambio de dilatar los procesos, le habría exigido el pago de $1.200 millones. Y aunque también fue involucrado con el exgobernador del Meta Alan Jara, al que también le pidió dinero por demorar el trámite del caso de Llanopetrol, luego de que efectuara una serie de capturas por este caso y pretendiera involucrado como responsable.

Luego de más de cuatro años en una cárcel federal, tras la condena de un tribunal de Miami (Estados Unidos) que lo condenó por soborno, Moreno recuperó la libertad en octubre de 2022. A su regreso a Colombia, trabajó para un medio de comunicación regional, en como jefe de Redacción; defendió los intereses de un excandidato a la Alcaldía de Ibagué, Jorge Bolívar; y ahora está a cargo del caso Pinilla.