Luego de un litigio de más de 17 años, un juzgado en Florida, Estados Unidos, declaró culpable a la multinacional Chiquita Brands de haber financiado a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) entre 1997 y 2004, lo que en simultáneo representó el auge del grupo armado liderado por Carlos Castaño.
Es por ello que la multinacional, que tiene presencia en alrededor de 70 países y emplea a más de 18.000 personas, tendrá que pagar a demandantes y víctimas de las autodefensas más de $38 millones de dólares.
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Mientras en Colombia sigue congelado el caso por el que la Fiscalía General de la Nación acusó a 10 ejecutivos de filiales de Chiquita Brands por concierto para delinquir, la decisión que tomó el juzgado de Florida representa un parte de tranquilidad para miles de familias que fueron víctimas de la guerra protagonizada por las AUC.
Luego de que se conociera que la multinacional es culpable del pago de más de un millón de dólares a las autodefensas, Raquel Sena de León, viuda de una las víctimas de los paramilitares, rompió su silencio en una entrevista a W Radio.
De acuerdo con Raquel, su esposo, Fidel Hernández, fue asesinado en noviembre de 2003 por no vender sus terrenos, mientras que en simultáneo ella era trabajadora de la empresa bananera que financiaba a las autodefensas. Sena de León señaló al Bloque Bananero, que operaba en Córdoba y Urabá, de estos hechos.
En primer lugar, la viuda de Fidel Hernández señaló al ex líder paramilitar Raúl Hazbún de intentar que su esposo vendiera sus tierras “por las buenas”, lo que dio inicio a un calvario que terminó con la muerte del líder social, que durante varios meses intento defender su territorio y el de los pobladores de la zona.
“El señor Raúl Hazbún quería que le vendiera la finca, él decía que no y decía a los otros parceleros, porque era presidente de Junta de Acción Comunal, que no vendan porque entonces me toca vender a mí también y yo tengo que vender también. Les decía “no vendan a los paramilitares, no vendan””.
Debido a que el Bloque Bananero consideraba que Hernández era un obstáculo para cumplir con sus objetivos y ante el apoyo que recibía de los pobladores, el campesino fue asesinado y sus terrenos fueron despojados a su familia.
“Él se puso a decir que no, que no escuchen a los paramilitares y lo cogieron y lo mataron. Dijeron, ah no, si él no vende la viuda vende más rápido. Lo mataron y se perdió todo, arroz, finca y todo, porque los compañeros de él como eso era una sociedad”, indicó Raquel Sena de León.
Raquel indicó que ella quedó viuda y tuvo que hacerse cargo de las hijas de su esposo (de una relación anterior), por lo que uno de sus objetivos es que junto a las hijas del campesino puedan ser reparadas por el asesinato de su compañero de vida; sin embargo, hasta el momento no ha sido contactada por sus abogados.
“Teníamos 18 años compartiendo, él tenía dos niñas y yo trabajaba en la empresa de Chiquita Brands… oí eso de la noticia, pero no me han llamado”, puntualizó.
Mientras que parte de las víctimas serán reparadas con la decisión del juzgado en Florida, en Colombia la investigación en contra de miembros de la multinacional sigue detenida a pesar de que la acusación de la fiscalía indicó que “desde Cincinnati (sede principal de Chiquita Brands) aprobaron los pagos a las AUC de Santa Marta, los cuales se hacían a través de los ‘Manager funds’ que salían a su nombre y correspondían al volumen exportado por las fincas del Retiro de dicha región”, en un proceso en el que están vinculados el presidente ejecutivo de la bananera en ese entonces, abogados de la empresa y otros integrantes que ayudaron en la conformación de las llamadas “convivir”.