Todo parece indicar que el Ente Gestor Metrolínea S.A. ya no tiene más salida que empezar su liquidación, tal como lo advirtió el alcalde de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán Martínez, y el abogado asesor de la Alcaldía de Bucaramanga, Rafael Vanegas Herrera, tras la negativa de su acreedor para llegar a un acuerdo y así ponerse al día en sus deudas.
Metrolínea S.A. hizo su última propuesta a la empresa Estaciones Metrolínea para saldar los 430.000 millones de pesos que adeuda desde hace varios años, ofreciendo un pago único de 15.300 millones para quedar a paz y salvo.
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Sin embargo, la mayor acreedora del ente gestor decidió no aceptar las condiciones, aunque no cerró del todo las puertas para que se haga un nuevo ofrecimiento, aunque la crisis financiera de Metrolínea no permitiría una nueva oferta más elevada.
“No podíamos prometer algo que no se podía cumplir”, explicó Vanegas Herrera a Vanguardia, quien añadió que el ofrecimiento se hizo bajo alcances financieros y técnicos medidos, con el propósito de un saneamiento financiero exigido por el Gobierno Nacional.
Este conflicto financiero se originó desde febrero de 2016, cuando un tribunal de arbitramento de la Cámara de Comercio de Bucaramanga condenó a Metrolínea a pagar más de $144.000 millones a Estaciones Metrolínea por no cumplir con la construcción del Portal de ‘Papi quiero piña’ (PQP).
El proyecto fue otorgado bajo la modalidad de concesión a Estaciones Metrolínea, pero las obras fueron detenidas debido a una acción popular interpuesta por la comunidad de Ciudadela Comfenalco, cerca del lote de PQP.
La nueva propuesta de la Alcaldía de Bucaramanga, que buscaba reducir la deuda de más de 430.000 millones hasta 15.300 millones, fue rechazada por Estaciones Metrolínea el pasado 7 de junio. El gerente de Metrolínea, Jhair Andrés Manrique Bautista, también había advertido que si la propuesta era rechazada “el camino a seguir era la liquidación”.
La deuda acumulada, incluida la sentencia del tribunal y otros fallos judiciales, generó tantos intereses que actualmente superan los $508.000 millones. Sin embargo, el abogado de la Alcaldía de Bucaramanga comentó que la negociación estaba en línea con las exigencias del Gobierno Nacional para posibilitar el apoyo con recursos y buscar la salvación del Sistema.
Aunque no existe una decisión oficial por parte de Metrolínea S.A., se sabe que el proceso de liquidación implicará estructurar un proyecto de acuerdo que debe ser autorizado por el Concejo Municipal y podría incluir un régimen de transición para avanzar en la constitución de un nuevo Ente Gestor, mientras se garantiza la continuidad del servicio.
Según explicó Vanegas Herrera al medio regional, “ahora vienen unos análisis jurídicos sobre el proceso de liquidación, estructurar el proyecto de acuerdo... y nombrar un liquidador experto en el tema”.
En todo caso, el sistema de transporte masivo de Bucaramanga deberá seguir en funcionamiento, por lo que la Alcaldía de Bucaramanga deberá garantizar una transición controlada si se llega a dar dicha liquidación, a menos que se pueda llegar a un nuevo acuerdo con los acreedores.
Entretanto, los empleados de Metrolínea, que suman 41 en total, se encuentran en una situación crítica. Luz Marina Peña Quitián, representante de los trabajadores, indicó que el rechazo de la propuesta fue “un golpe duro” y expresó preocupación por el futuro laboral de sus compañeros, pues la liquidación de la empresa significaría la salida de todos los empleados, además de señalar que se debe contemplar la necesidad de la sustitución patronal a través de la Alcaldía de Bucaramanga.
Incluso este pago de acreencias genera incertidumbre entre los trabajadores, quienes aún no han recibido salario de mayo, y se les deben prestaciones sociales. “Buscaremos que en ese proyecto que presente el alcalde quede un artículo que hable sobre la sustitución patronal”. De hecho, los trabajadores planean presentar un pliego de peticiones y un derecho de petición para iniciar diálogos con la Alcaldía.
Por su parte, el alcalde de Girón, Campo Elías Ramírez, sugirió la necesidad de capitalizar el sistema para asegurar la prestación del servicio y propuso que se abran más rutas, incluyendo a conductores de transporte informal. Además, el alcalde de Floridablanca, José Fernando Sánchez, insistió en que el Gobierno nacional debe contribuir a la sostenibilidad del sistema debido a la falta de recursos de los municipios.
Respecto a posibles demandas por parte de los acreedores contra el municipio de Bucaramanga, el abogado Rafael Vanegas Herrera admitió que “lo pueden hacer pero las probabilidades de éxito son muy bajas”.
El abogado asesor de la administración también explicó que cualquier recurso que ingrese a la entidad sería inmediatamente embargado para el pago de las acreencias, lo que justifica la decisión de iniciar la liquidación. “Lo que intentó hacer el alcalde de Bucaramanga fue cumplir con esas exigencias y ojalá el Gobierno Nacional valore los mecanismos que se adoptaron para salvar el Sistema”, concluyó Vanegas.