El pasado 5 de junio, la Comisión Primera del Senado de la República aprobó, con mayoría absoluta, el proyecto de ley estatutaria de educación. La iniciativa, que pasó a discusión en la plenaria del Senado, consta de 44 artículos aprobados y una ponencia unificada respaldada por todos los partidos políticos.

El senador Fabio Amín, del Partido Liberal, destacó el carácter integrador del proyecto: “Este proyecto de ley recoge, sin egos, las posiciones de cada una de las ponencias que se habían radicado y demuestra que sí se puede construir en medio de las diferencias”.

Sin embargo, la conciliación no la celebraron desde todos los sectores. Por ejemplo, Fecode es uno de los detractores de las enmiendas hechas al proyecto de ley. “Con este “consenso”, se minimiza la lucha librada por más de 40 años desde el Movimiento Pedagógico”, dice uno de los comunicados del sindicato de maestros del país.

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Este acuerdo entre la oposición y el Gobierno en torno a las propuestas para reformar la educación ha sido un aspecto clave para alcanzar el consenso y lograr que el texto pasara a la siguiente etapa necesaria para su final aprobación. Sobre todo por la premura del tiempo, ya que la segunda legislatura está por terminar el 20 de junio y el Pacto Histórico enfrenta una carrera para lograr aprobar algunas de las reformas del Gobierno nacional.

El sindicato de maestros de Fecode ha manifestado su fuerte oposición al contenido del proyecto. A través de su cuenta en X, el sindicato expresó su rechazo.

“Este es el proyecto de ley estatutaria de la educación con el nefasto contenido incluido a través de las enmiendas que fueron consensuadas en la Comisión Primera del Senado. Es un riesgo para la educación pública, promueve la mercantilización, la privatización y da viabilidad a la corrupción. Por estas y otras razones, exigimos su retiro o hundimiento en el Senado y lo vamos a luchar en las calles”, se lee en lo manifestado por Fecode.

A pesar de las muchas inconformidades, el principal punto de discordia parece estar ligado a la obligatoriedad de la evaluación a los docentes. El parágrafo 2 del artículo 39, una de las enmiendas consensuadas, establece que “para la mejora continua de la calidad de la educación, los resultados que obtengan las y los estudiantes en las pruebas de Estado servirán como criterio de evaluación de los docentes”.

Para el sindicato de maestros, con esa adición a la ley se estaría “subordinando la evaluación docente a resultados que no dependen exclusivamente de la práctica pedagógica, sino de múltiples factores”.

La Federación Colombiana de Educadores (Fecode) ya había emitido un comunicado declarando al magisterio colombiano en estado de alerta máxima debido a la aprobación del proyecto de ley estatutaria de educación en la Comisión Primera del Senado. Fecode señaló que el proyecto incluye modificaciones “abiertamente neoliberales y regresivas”.

El sindicato de maestros ha expresado que las diversas bancadas parlamentarias han conciliado un texto que, según ellos, desvirtúa la esencia y el reconocimiento del derecho fundamental a la educación, el cual debe ser garantizado y financiado por el Estado.

Entre las propuestas del proyecto que han generado mayor descontento en Fecode se encuentran:

• Creación de bonos escolares: Fecode denuncia que esta medida permite la privatización y mercantilización de la educación bajo el pretexto de mejorar la calidad.
• Niega el carácter obligatorio de la educación en la primera infancia: el sindicato informó que los grados de transición, jardín y pre-jardín no serían considerados obligatorios por la ley, lo cual es un retroceso para el desarrollo de los más pequeños en el país, procesos clave para los siguientes años de estudio.
• Reducción de la educación a un servicio público: según el sindicato, esta clasificación tiene el trasfondo de “quebrar el espinazo de Fecode”, señalando y estigmatizando al magisterio y socavando el derecho a la movilización pacífica que está protegido constitucionalmente.
• Creación de nuevos aparatos burocráticos: la propuesta de establecer una Superintendencia de Educación es vista por Fecode como innecesaria, dado que el Ministerio de Educación Nacional ya posee facultades para inspección, vigilancia y control.

En otro comunicado, Fecode afirmó que no fueron consultados para la elaboración del proyecto y que sus propuestas fueron ignoradas: “En ningún caso la federación fue consultada, por el contrario, se hizo caso omiso a varias proposiciones que de manera oportuna radicamos”, expresaron.

La declaración de alerta máxima y las críticas por Fecode reflejan una profunda preocupación por las posibles implicaciones del proyecto de ley en el sistema educativo del país. Mientras tanto, el proyecto continúa su curso hacia la plenaria.