Colombia deberá recortar más de $40 billones en gastos para cumplir con norma económica que no le gusta a Gustavo Petro

Cuando el Congreso de la República aprobó el Presupuesto General de la Nación (PGN) de 2024 por $503,2 billones en octubre de 2023, el Gobierno esperaba obtener ingresos por $352,4 billones en todo el año.

No obstante, cálculos denotan que, verdaderamente, los ingresos rondarían $292,3, significando un descalce cercano a $60 billones y haciendo necesaria una estrategia de recorte en el gasto público para asegurar el cumplimiento de la regla fiscal, (norma que permite al Gobierno tener un límite de deuda igual a 71% del Producto Interno Bruto -PIB- y el ancla de deuda es igual a 55% del PIB) y, consigo, la sostenibilidad de las finanzas públicas.

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En la actualización Plan Financiero (PF) en febrero, a raíz del reconocimiento de menores ingresos frente a los inicialmente previstos, se tomaron medidas de, por un lado, prometer un recorte en el gasto primario (funcionamiento e inversión) de $20,1 billones y, por otro, llevar al límite el cumplimiento de la regla fiscal al incrementar su previsión de endeudamiento en $15,4 billones hasta $89,4 billones.

No obstante, en lo corrido del año los ingresos nuevamente sorprendieron a la baja y, dado el poco margen de maniobra, los cálculos de Investigaciones Económicas (IE) del Banco de Bogotá denotan que ya ahora se requiere un ajuste en el gasto de $48 billones para cumplir la regla fiscal. Dada la dificultad de llevar a cabo dicha política, los mercados ya descuentan un recorte en la calificación crediticia del país.

Desde los ingresos, la sorpresa bajista de $60,1 billones se explica por diferentes factores. En los recursos de capital, se observó un desfase de $6,1 billones frente al PGN a raíz de los menores pagos recibidos por Ecopetrol, la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) y el Banco de la República. Desde los tributarios, según el exdirector de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), Luis Carlos Reyes, no habría recaudo por concepto de arbitramiento de litigios frente a la meta inicial de $15 billones, debido a que el proyecto no se ha discutido en el Congreso de la República.

Por su parte, el fallo de la Corte Constitucional de la no deducibilidad de las regalías significó una caída de los ingresos en $6,7 billones. A su vez, el fallo del Consejo de Estado de obligar a la Dian a devolver el saldo a favor de personas naturales en sus ejercicios de pago de impuestos de más de tres años hacia atrás también impactó negativamente en $3 billones. Finalmente, desde los ingresos tributarios (o de impuestos), a raíz de la menor actividad económica, el Gobierno ya había corregido en $11,3 billones su expectativa en el Plan Financiero (que junto con los $3 billones de la sentencia anterior da los $14 billones de reducción), a lo que, según de IE, se le sumarían $18 billones menos para un descalce total de $29,3 billones frente al previsto en el PGN. Así, el PGN de 2024 aprobado luce desfinanciado.

Para hacer frente a la situación, si bien el Gobierno se comprometió a hacer un recorte en el gasto primario, es decir, de funcionamiento e inversión por $20,1 billones, las cifras de ejecución presupuestal a mayo denotan que el recorte en gasto de funcionamiento no fue una política del Gobierno.

“En concreto, mientras en este lapso en 2023 la ejecución del gasto en funcionamiento fue de 36,6% (compromisos sobre el total adjudicado del PGN) en 2024 fue de 38.7%, pese a la necesidad de recortar gasto. Así, la política sólo se estaría dando en el gasto de inversión (importante para el crecimiento económico potencial del país) donde la ejecución en 2024 se ubicó en 49.8% frente al 50,8% de 2023″, precisó la entidad.

A su vez, que teniendo en cuenta que el presupuesto de inversión es de $99,8 billones y ya se comprometió el 49,8%, quedaría por comprometerse $50,1 billones. Si la estrategia para cumplir la regla fiscal es reducir el gasto en inversión, prácticamente no se tendría que ejecutar más en el resto del año, un escenario poco probable que refleja la necesidad que el Gobierno empiece a disminuir su gasto en funcionamiento.

De hecho, el 6 de junio, el Ministerio de Hacienda anunció un bloqueo preventivo (o congelación) de apropiaciones del PGN que no cuenten con certificados de disponibilidad presupuestal (CDP), afectando cerca del 59% del total del PGN ($296,7 billones).

Así las cosas, para IE del Banco de Bogotá, “la medida es correcta ya que las alternativas para cumplir la regla fiscal son pocas. Por ejemplo, una de ellas podría ser revisar al alza el crecimiento económico del país de 1,5% a 2,0% en 2024 pero esta opción solo le da un espacio fiscal de $0,5 billones. Por su parte, flexibilizar la regla fiscal mediante el adelantamiento del período de transición solo significaría un presupuesto adicional de $1,5 billones.

Frente a esto, la emisión de nueva deuda no presupuestada (más títulos de deuda pública: TES) dependerá de manera exclusiva de la magnitud del recorte de gasto a revelarse en el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP).

“Si en el documento se materializa la reducción de $28 billones de gasto primario frente al previsto en el Plan Financiero, la emisión de TES se mantendría intacta en $53 billones. Incorporando que el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, recalcó en su momento que de mantenerse el fallo de la Corte Constitucional la emisión de TES aumentaría en poco más de 10%, un escenario probable a partir de dicha afirmación sería un recorte adicional de $20 billones y un aumento en la emisión de TES por $8 billones”, puntualizó.

Sin embargo, finalmente, IE volvió a resaltar que cualquier estrategia que no sea recorte de gasto tendría el riesgo de incumplir la regla fiscal.