Después de más de 30 años, la Fiscalía desmanteló un entramado de corrupción vinculado al fallecido zar de las esmeraldas, Víctor Carranza. Los implicados serían su abogado de confianza, Fernandel Alonso, y un comerciante de esas piedras preciosas, Jaime Rojas García.

A los mencionados se les acusa de haber utilizado maniobras ilícitas para apropiarse de 26.939 hectáreas de terrenos baldíos en Puerto Gaitán, Meta. Esta extensión de tierra es tan grande que corresponde, más o menos, a la mitad del área urbana de Bogotá.

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La investigación, liderada por un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción, reveló que, en 1992, mediante intermediación de Alonso, Carranza obtuvo ilegalmente estos terrenos baldíos. Estas maniobras habrían permitido que Rojas García y otros implicados incrementaran su patrimonio de manera injusta, superando los 6.000 millones de pesos.

Según la normativa de la época, el antiguo Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (Incora), hoy Agencia Nacional de Tierras (ANT), estaba facultado para entregar terrenos baldíos a habitantes locales que no fueran propietarios de tierras, con la condición de no comercializarlas antes de 15 años.

El abogado del zar de las esmeraldas habría organizado a 27 personas, entre empleados y conocidos de Carranza, para que mintieran. Ellos fueron falsamente reconocidos como locales, permitiéndoles acceder a la tierra. Los trámites de adjudicación, escritura, registro y venta de los terrenos se llevaron a cabo en una notaría de Villavicencio y en los registros públicos de Puerto Gaitán.

Luego, en 2007, esas personas les vendieron a cinco allegados de Carranza el terreno que habían conseguido. Los beneficiarios fueron un médico veterinario, un escolta y tres esmeralderos, todos los terrenos por un valor de 743 millones de pesos.

Alonso y Rojas han sido imputados por fraude procesal, enriquecimiento ilícito y concierto para delinquir agravado. Alonso no aceptó los cargos, y Rojas García, quien se ausentó de la audiencia de imputación, enfrenta además un proceso penal por impedimento de la celebración de audiencias públicas.

La Fiscalía también está investigando a varios empleados de la notaría de Villavicencio, que supuestamente avalaron los trámites irregulares. La investigación ha revelado que muchos beneficiarios no residían ni tenían actividad económica en la región. Se utilizaron poderes falsos, algunos firmados por personas fallecidas, y documentos con huellas ilegibles, entre otras irregularidades.

En febrero de 2015, se anularon los actos administrativos que otorgaron la adjudicación y posesión de los terrenos. Este caso pone de manifiesto la necesidad de reforzar los controles sobre la adjudicación de tierras.

Víctor Carranza Niño nació en Guateque, Boyacá, en 1935. Se convirtió en el mayor empresario de esmeraldas del país y, al momento de su muerte, en 2013 se estimaba que poseía un millón de hectáreas de tierra, muchas de ellas adquiridas de forma ilegal.

Carranza jugó un papel central en las guerras entre esmeralderos durante las décadas de 1970 y 1980, y fue investigado por sus presuntos vínculos con paramilitares. De hecho, en diciembre de 2011, el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso declaró desde Estados Unidos que la masacre de Mapiripán de 1997 se planeó en una reunión en la que participaron los líderes paramilitares Carlos y Vicente Castaño, ‘Doble Cero’ y Víctor Carranza.

Además de los conflictos con su antiguo socio, Carranza también se enfrentó a las Farc en sus tierras del occidente de Boyacá y el norte de Cundinamarca. Estas confrontaciones llevaron a acusaciones de que dirigía un escuadrón paramilitar. En Puerto López, Meta, donde estableció el centro de sus negocios, las autoridades descubrieron fosas comunes. Sin embargo, una jueza local lo absolvió de cualquier relación con estos hallazgos.