Procuraduría citó a juicio a exdiputado de Cesar por comentarios discriminatorios contra el ministro de Justicia

La Procuraduría General de la Nación anunció formulación de pliego de cargos contra el exdiputado de Cesar Jesús Javier Suárez Moscote, por el duro calificativo contra el ministro de Justicia y del Derecho, Néstor Osuna.

Suárez Moscote tendrá que responder en un juicio disciplinario por el delito de injuria y calumnia, pues, para el ente de control, las palabras fueron desobligantes y discriminatorias en medio de un evento público.

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La Procuraduría afirmó que el exdiputado, durante una sesión de la Asamblea Departamental el 24 de agosto de 2022, dijo: “Ministro de Justicia, no sé si tiene pantalones o pantaletas anuncia desde ahora que no va haber inversión para las cárceles, que no se va a construir una cárcel más, que no se va a ampliar una cárcel más”, dijo durante el debate que discutía la crisis carcelaria que afronta el país.

El procurador regional de Cesar, Miguel Ángel Rocha Cuello, afirmó que la actuación del político fue reprochable y podría haber infringido el principio de moralidad. Además, las palabras del exdiputado fueron consideradas como ultraje y oprobiosas.

“Es inadmisible que se toleren actos irrespetuosos y abusivos contrarios a la dignidad humana ya que esto perjudica el buen ejercicio de la función pública y el desmedro de las instituciones”, expresó el procurador regional.

El funcionario agregó que la actitud de Suárez Moscote habría contravenido el deber de pulcritud, neutralidad y decoro exigido a los servidores públicos. Y enfatizó en que el exdiputado, de manera consciente y con intención de ofender, profirió improperios contra el ministro, violando códigos disciplinarios y cometiendo una “falta grave”.

El viernes 7 de junio, la Procuraduría General de la Nación solicitó a la Unidad Nacional de Protección (UNP), al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) y al Ministerio de Justicia que implementen medidas de protección urgentes para Nancy Pérez, directora de la cárcel Modelo de Bogotá. Esta solicitud surge debido a las recientes amenazas que ha recibido la funcionaria.

El procurador delegado para los Derechos Humanos, Javier Sarmiento, emitió una carta en la que detalla los riesgos a los que está expuesta Pérez. En la misiva, Sarmiento insta a las instituciones a usar sus facultades para activar los protocolos de emergencia necesarios, con el objetivo de salvaguardar la integridad de la directora de la penitenciaría, según comunicó la Procuraduría.

A propósito, el Inpec informó que el esquema de seguridad de Pérez fue reforzado con un vehículo blindado. Esta medida fue adoptada tras las amenazas recibidas el 5 de junio. Además, las investigaciones del caso están siendo adelantadas por la Fiscalía General de la Nación, señaló el Inpec.

Las investigaciones revelaron que los internos mencionados en los panfletos intimidatorios distribuidos el 5 de junio, y que solicitaron ser trasladados de patio, serán sometidos a acciones penales. La Procuraduría también ha requerido informes detallados a cada una de las entidades involucradas para garantizar que las medidas de seguridad sean adecuadas y efectivas.

El Inpec añadió que la rápida acción coordinada con la Policía Nacional permitió la captura de la persona responsable de enviar los panfletos. Este sujeto ha sido judicializado y su colaboración será clave para agilizar la investigación. Según el Inpec, “las amenazas están bajo la investigación de la Fiscalía, quienes adelantan el proceso con el que se esperan resultados lo más pronto posible”.

Además, es importante mencionar que los panfletos amenazantes fueron lanzados bajo la puerta de la oficina de atención al ciudadano del centro carcelario, lo que generó una alerta inmediata entre las autoridades por los recientes crímenes a funcionarios del Inpec.