Dos convenios interadministrativos que suman $22.000 millones han generado controversia dentro y fuera del Consejo Nacional Electoral (CNE), principalmente debido a las fichas políticas involucradas y las dudas sobre la firma adjudicataria.
Así quedó revelado en una investigación de El Espectador, justo en momentos en que los ocho magistrados del CNE revisan una ponencia que podría formular cargos contra la campaña del presidente Gustavo Petro, por presunta financiación con fuentes prohibidas y violación del tope de gastos, lo que influiría en el debate político de cara a las elecciones de 2026.
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Según se conoció, la entrega de los millonarios contratos se dio en medio de la lucha del CNE por obtener independencia administrativa de la Registraduría, después de que se aprobara un presupuesto exclusivo para su financiamiento. De hecho, hasta mediados de 2023, el CNE no tenía una asignación propia en el Presupuesto General de la Nación y sus recursos eran manejados por la Registraduría.
Este escenario cambió con el Plan Nacional de Desarrollo y varias resoluciones del Ministerio de Hacienda, permitiendo al organismo contar con mayor autonomía, así como capacidades plenas para contratar y ordenar el gasto.
El primero de los contratos cuestionados fue adjudicado el 1 de diciembre de 2023 de manera directa a la Empresa de Recursos Tecnológicos del Valle (ERT) por 11.000 millones, para consolidar una infraestructura tecnológica propia.
El proceso incluyó cotizaciones de tres empresas, pero la oferta de la firma pública de la Gobernación del Valle resultó ser la más económica. Según informó el medio, solo diez días después, se firmó otro contrato por 10.999 millones hasta diciembre de 2024. Ambos contratos están destinados a reducir la dependencia tecnológica del CNE respecto a la Registraduría.
Aunque el esfuerzo de la entidad para fortalecer su independencia tecnológica parecer ser lo más lógico y así reducir la influencia de la Registraduría en áreas clave como internet, datos, sistemas de seguridad y correo electrónico, los inconvenientes empiezan a aparecer con los dos representantes que aparecen en los contratos con ERT: Maritza Martínez, actual presidenta del CNE desde abril y exsenadora del Partido de la U, y Alfonso Campo, presidente anterior del Partido Conservador.
Y es que ETR es una empresa pública del Valle que está bajo el control de la Gobernación del Valle, por lo que Dilian Francisca Toro, del Partido de La U, influye principalmente por su rol como cabeza de esa entidad, lo que a su vez ha generado sospechas sobre posibles irregularidades en la adjudicación de los contratos.
Según El Espectador, quien estructuró los contratos fue Gustavo Lozano Ferro, director de la Oficina de Tecnologías de la Información del CNE, quien trabajó para el Partido de la U en 2010, lo que podría suponer un conflicto de interés.
Asimismo, los contratos y la influencia de figuras de La U en la junta directiva de ERT han sido objeto de crítica y han posicionado a la empresa bajo el escrutinio público. Henry Posada Torres, suplente en la junta de ERT, también tendría un nexo familiar con la exgobernadora Clara Luz Roldán, pues es el padre de una de sus hijas, lo que refuerza las sospechas de conflictos de interés.
Asimismo, salió a la luz el nombre de Manuel Torres Moreno, exdiputado del Valle por el partido de la U que, tras perder la reelección las urnas, logró un puesto en la junta directiva de ERT. Además, los contratos por 22.000 millones de pesos se ponen en duda tras las quejas de algunos sectores por la falta de idoneidad de esa compañía.
Incluso, en 2021 ERT recibió más de $50.000 millones de la Cámara de Representantes para la adquisición de herramientas tecnológicas, un proceso que también enfrentó críticas por su adjudicación directa y la capacidad financiera de la empresa, que se encontraba en crisis. John Abiud Ramírez, director administrativo de la Cámara en ese entonces, también está mencionado en otros escándalos dentro de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).
Además, ERT ha sido cuestionada por su capacidad de gestión en contratos millonarios y prácticas de subcontratación, involucrando a terceros para ejecutar los términos de los contratos, lo que lleva a algunas voces a cuestionar la idoneidad de la empresa para manejar compromisos de gran escala.
Según publicó El Espectador, en 2022 la Registraduría le otorgó a ERT más de 9.000 millones para apoyar al CNE en el escrutinio de las elecciones legislativas y presidenciales, pero la empresa subcontrató por apenas 4.800 millones a Turrisystem S.A.S., empresa vinculada con el grupo Thomas Greg & Sons, abriendo más cuestionamientos sobre estas prácticas.
En 2021, un contrato de 18.000 millones firmado con Emcali también suscitó dudas, pues ERT habría redistribuido el monto entre cinco empresas, señalando posibles fallas en su capacidad operativa. Este año, los contratos de ERT con diferentes entidades, incluidas la Defensoría del Pueblo, el Ministerio de Transporte y la Procuraduría, suman 65.000 millones.
Otra línea crítica relaciona a figuras políticas con los contratos, como el caso de Fabiola Márquez del Pacto Histórico, quien contrató a la fallida ministra TIC Mery Janneth Gutiérrez y firmó un contrato con Canal Zoom por más de $11,000 millones, supervisado por el exesposo de Gutiérrez y copropietario de Programar Televisión.
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