Asesora jurídica fue condenada por exigir sobornos para archivar investigaciones

En un golpe judicial que ha sacudido a Tuluá, la Fiscalía General de la Nación ha logrado la condena de Claudia Lorena Moscoso Gilón a 7 años y 3 meses de prisión. La asesora externa de una compañía transportadora fue hallada culpable de exigir 25 millones de pesos a cambio de gestionar el archivo de una investigación, aprovechando su acceso a información confidencial y alianzas con personal de la policía judicial.

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Moscoso Gilón, quien se presentó como salvadora de una empleada de la compañía investigada por irregularidades, prometió cerrar el caso a cambio de un anticipo de un millón de pesos, además de exigir sumas adicionales para concretar el archivo del proceso. Las pruebas presentadas por la Fiscalía fueron contundentes, dejándola sin escapatoria ante los cargos de concusión.

Pero este no es el único delito que se le imputa. Moscoso Gilón enfrenta una investigación más oscura y peligrosa: presuntas amenazas de muerte contra jueces, fiscales, políticos, periodistas y otras figuras relevantes en Tuluá. Estas intimidaciones habrían sido ejecutadas bajo el nombre de la organización criminal que ella misma autodenominó ‘Los Cancerberos’.

La condenada, ahora recluida en un establecimiento penitenciario, es una sombra amenazante para la justicia y la seguridad en Tuluá, con un historial de manipulación y terror a sus espaldas.

La captura y condena de Moscoso Gilón no solo representa un avance significativo en la lucha contra la corrupción y el crimen organizado en Tuluá, también envía un mensaje claro sobre la determinación de las autoridades para confrontar y desmantelar redes criminales. Con la investigación en curso sobre las amenazas de muerte vinculadas a ‘Los Cancerberos’, se espera que la justicia continúe actuando con firmeza para asegurar que aquellos que siembran el miedo y manipulan el sistema judicial enfrenten las consecuencias de sus acciones.

El delito de concusión, según el Código Penal, se encuentra tipificado en el artículo 404. Este delito lo comete un servidor público que, abusando de su cargo, exige para sí o para un tercero, dinero u otra utilidad indebida. En otras palabras, la concusión implica que un funcionario público se aproveche de su posición de poder para extorsionar o forzar a otra persona a entregar beneficios económicos o de otra índole, bajo la amenaza o promesa de realizar (o no realizar) actos relacionados con sus funciones oficiales.

Este delito se considera particularmente grave porque implica una violación de la confianza pública y una alteración del adecuado funcionamiento de las instituciones estatales. Las penas para quienes cometen concusión pueden incluir prisión, inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas, y multas, dependiendo de la legislar local y la severidad del caso.

La Fiscalía General de la Nación ha destapado un complejo entramado de corrupción que involucra al fallecido zar de las esmeraldas, Víctor Carranza, su abogado de confianza, Fernandel Alonso, y el comerciante de piedras preciosas Jaime Rojas García. La investigación, liderada por la Dirección Especializada contra la Corrupción, reveló que en 1992 Carranza recibió ilegalmente 26.939 hectáreas de terrenos baldíos en Puerto Gaitán (Meta) a través de Alonso, aprovechando normativas destinadas a pobladores locales sin tierras.

Alonso consiguió que 27 empleados y conocidos de Carranza fueran reconocidos como residentes para adueñarse de los terrenos, que luego vendieron en 2007 por 743 millones de pesos a cinco colaboradores del esmeraldero, incluyendo un médico veterinario y un escolta.

Los procesos de adjudicación, escrituración y venta de los baldíos se realizaron en Villavicencio y Puerto Gaitán, con la participación de notarios sospechosos de facilitar los trámites. Documentos falsificados, huellas ilegibles y poderes firmados por fallecidos fueron técnicas utilizadas para legitimar la venta.

Rojas García, mencionado como integrante del fraude, enfrenta cargos de fraude procesal, enriquecimiento ilícito y concierto para delinquir agravado. El comerciante se ausentó de la audiencia de imputación, resultando en una nueva acusación por impedir audiencias públicas. La Fiscalía calcula que las irregularidades incrementaron el patrimonio de los implicados en más de 6.000 millones de pesos.