Líderes sociales en Colombia: sigue creciendo en número de asesinatos; ya van 75 en lo que va del 2024

La situación de seguridad para líderes sociales y defensores de derechos humanos en Colombia sigue siendo alarmante. Según el último informe de Indepaz, en lo que va de 2024, 75 líderes han sido asesinados, de acuerdo con información conocida por el medio de comunicación regional El Colombiano.

El más reciente asesinato de un líder social ocurrió el 6 de junio, cuando Javier Condía, un comerciante del corregimiento El Morro, en Yopal, Casanare, fue atacado por hombres armados en su negocio. Aunque los vecinos lo trasladaron rápidamente a un centro de salud, falleció debido a la gravedad de sus heridas.

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Javier Condía era una figura activa en la comunidad, habiendo sido delegado de Asojuntas y dirigente comunal de la vereda La Guamalera. Pese a contar con medidas de protección de la Unidad Nacional de Protección debido a amenazas de grupos armados, fue asesinado cuando se encontraba indefenso. Su muerte ha generado una profunda tristeza entre familiares y amigos, quienes lamentan la pérdida de un defensor de los derechos comunitarios y del comercio libre de extorsiones.

El homicidio de Javier Condía, junto con otros 74 asesinatos de líderes sociales, llevó a la Defensoría del Pueblo a emitir las Alertas Tempranas 023/23 y 019/23, las cuales incluyen al municipio de Yopal. Estas alertas detallan el riesgo constante que enfrentan los defensores de derechos humanos y líderes sociales debido a la imposición de normas y control social por parte de grupos armados.

El departamento de Casanare es un territorio con presencia de varios grupos criminales, incluyendo el frente 28 y el frente 10 del Comando Conjunto de Oriente EMC, el frente de Guerra Oriental del ELN, las AGC y varias bandas locales. Estas organizaciones representan un peligro continuo para los derechos y la seguridad de la población.

La Defensoría del Pueblo ha instado a las autoridades a tomar medidas urgentes para proteger a los líderes sociales y defensores de derechos humanos, quienes enfrentan una amenaza constante por su trabajo en favor de la comunidad y la justicia social.

Desde el martes 4 de junio, múltiples regiones del país han sido escenario de la Movilización Nacional por la Vida y la Permanencia en los Territorios. En el sur del Cesar, entre los municipios de Floresta y Pailitas, más de 3.000 habitantes de áreas como el Magdalena Medio, el Catatumbo, el Bajo Cauca antioqueño y la zona sur de los departamentos de Bolívar y Cesar se han reunido para demandar garantías de seguridad y enfrentar la crisis de violencia que afecta a sus comunidades.

Los participantes, quienes reiteran su apoyo al presidente Gustavo Petro, también le exigen respuestas claras y medidas efectivas. “Necesitamos soluciones urgentes”, “Nos están matando”, “Apoyamos al Gobierno Petro, pero también le exigimos que nos dé garantías”. “Desmonte del paramilitarismo ya”, claman varias voces líderes de la protesta.

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Aunque lograron una mesa de diálogo con el Ministerio del Interior y se establecieron compromisos, los habitantes aseguran que no hubo seguimiento ni cambios perceptibles - crédito Ministerio del Interior

Los manifestantes han tomado medidas de presión como el bloqueo pacífico e intermitente de la Ruta del Sol, una vía crucial que conecta al interior del país con la costa Caribe. Estas acciones han tenido eco en otras regiones, incluido Bogotá y Cauca, donde también se han realizado concentraciones.

La urgencia de sus peticiones se intensificó tras el asesinato, hace más de un mes, de Narciso Beleño, un líder social del sur de Bolívar. Beleño era un defensor de la paz y denunciaba la presencia del Clan del Golfo en su territorio. Pese a la reacción inicial del Gobierno con representantes que condenaron el hecho, la situación en la región no cambió y los riesgos persisten.

La historia de esta ola de violencia tiene raíces profundas. En enero de 2023, estas mismas comunidades realizaron un bloqueo en la vía a Barrancabermeja, en el sector de La Lizama, para denunciar condiciones similares. Aunque lograron una mesa de diálogo con el Ministerio del Interior y se establecieron compromisos, los habitantes aseguran que no hubo seguimiento ni cambios perceptibles. Un vocero del Magdalena Medio lamentó que “el Gobierno ha incumplido, por eso nos vemos obligados a tomar las vías de hecho”.

De momento, los manifestantes insisten en que mantendrán el bloqueo hasta lograr una mesa de alto nivel con el Gobierno para asegurar compromisos efectivos que permitan detener la violencia en sus territorios.