Colombia espera que organismos internacionales no fallen en su contra: tendría que pagar millonarias sanciones

El Estado colombiano se encuentra a la espera de la decisión de, por lo menos, nueve demandas que están en curso ante los tribunales arbitrales internacionales, en los que hay involucrados más de $10.000.000.000.

De acuerdo con la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (Andje), varios de los pleitos están vinculados al sector minero, pues Colombia se enfrenta seis demandas con varias empresas especializadas en la extracción de minerales. La empresa Aris Mining, antes conocida como Gran Colombia Gold, demandó al Estado por no cumplir el tratado de libre comercio firmado entre Canadá y Colombia.

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La organización sustenta que hubo obstáculos para ejecutar varios proyectos en Antioquia por la presencia de grupos armados ilegales y la creciente influencia de la minería informal en los predios que iban a explotar. Los conflictos con esos actores generó daños en la infraestructura de la empresa y perjudicó sus operaciones en la zona, alcanzando pérdidas de $1.500.000.000.

Galway Gold INC., también pretende una compensación por parte del Estado colombiano. La empresa solicita una indemnización de $770.000.000 por las medidas que tomó el país en el páramo de Santurbán. Según la empresa, la limitación de actividades mineras en la zona fue una violación del acuerdo al que habían llegado.

Esta zona protegida del país generó otra disputa legal con Eco Oro Minerals, empresa que procura que el país cumpla con la sanción de Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), que decretó un pago de $2.730.000.000 por parte de la Nación al determinar el incumplimiento del tratado comercial firmado con Canadá. Sin embargo, el país apeló la decisión y se está determinando si hubo daños en materia económica a la empresa.

Igualmente, falta por determinar el fruto del litigio con la minera británico australiano South 32, que persigue un pago de $1,720.000.000 por las regalías en la mina Cerro Matoso, ubicada en Montelíbano, Córdoba. De otra parte, la demanda de la multinacional Glencore, por la presunta situación anticompetitiva en el canal de acceso tras la construcción de Puerto Nuevo, en Magdalena, exigió una compensación de $230.000.000, pero el (Ciadi) solo le otorgó el 15% del valor solicitado, excluyendo de manera absoluta el reclamo de intereses.

La última empresa minera que demandó al Estado fue Foster Wheeler por los problemas que se presentaron en la ampliación de la Refinería de Cartagena (Reficar). La empresa estaba encargada de auditar y vigilar la ampliación del sitio; sin embargo, la Contraloría General de la República concluyó que la organización fue responsable de despilfarrar $2.900.000.000 del patrimonio del país.

Ante la acusación del órgano rector, la compañía decidió emprender acciones legales contra Colombia por una presunta violación al Acuerdo de Promoción Comercial con Estados Unidos, pues considera que la decisión generó daños económicos y reputacionales.

Otro de los casos a los que se enfrenta el país en las cortes internacionales, es la extinción de dominio de un lote donde se intentó construir un complejo habitacional de alta gama, en el Valle de Aburrá. La demanda interpuesta por Ángel Seda y otros inversionistas del proyecto, pretende un pago superior a los $300.000.000.

No obstante, el director (e) de la Andje, Jhon Jairo Camargo, afirmó que tienen “pruebas” del rastro de la mafia en el lote donde se edificaba el proyecto y que “no es posible que un inversor me demande para fomentar una conducta de lavado de activos”.

Por otro lado, la Andje anunció que en los próximos meses se definirá el futuro del caso de Telefónica, que solicitó una indemnización de $2.540.000.000 por un proceso que inició en 2018, cuando se interpuso una demanda a la empresa de comunicaciones española, que se vio obligada a desembolsar una cifra de $1.600.000.000 por concepto de reversión de activos.

NeuStar antes conocida como Vercara LL, también tiene un proceso legal en curso con el país por la administración del dominio web .co. El asunto tuvo origen en 2010, cuando el presidente Álvaro Uribe aprobó la firma de una concesión por parte del Ministerio de las Tecnologías de la Información en el que autorizaron la administración del dominio en internet de la marca .co a la empresa Promesa de Sociedad .co Internet S. A. S., que luego se convirtió en NeuStar por una década.

La empresa asegura que la Ley 1065 de 2006 – que definió la administración de registros de nombres de dominio .CO – decretó que en el acuerdo había un apartado en el que se podía prolongar el convenio por diez años más, hasta 2029. Sin embargo, en 2019, la cartera inició un proceso de licitación para entregar la concesión a un nuevo administrador y exige una compensación de $1,370.000.000.

Para garantizar los $12.000.000.000 que están en riesgo, la Andje se reunió con algunas firmas legales en Europa con las que el país adelanta su defensa en varios de los casos.