Polémica elección de Leopoldo Múnera como rector de la Universidad Nacional podría tener consecuencias jurídicas

El Consejo Superior Universitario (CSU) de la Universidad Nacional de Colombia designó durante la jornada del jueves 6 de junio al profesor Leopoldo Múnera como el nuevo rector de la institución, acto que significó la automática destitución de José Ismael Peña, que ya estaba al frente del despacho directivo de la principal universidad pública del país desde marzo de 2024.

La decisión fue el resultado de una elección en la que participaron estudiantes, profesores y egresados, y fue presidida por el viceministro de Educación Superior, Alejandro Álvarez Gallego. El Consejo Superior determinó que la previa elección de Peña había resultado fallida, al ser un acto administrativo que no habría sido concluido jurídicamente.

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Por tal motivo, la resolución que se aprobó para dar lugar a la gestión directiva de Leopoldo Múnera tendría una serie de correcciones de la sesión a partir de la cual llegó José Ismael Peña al cargo.

En ese sentido, los escenarios que pueden resultar en este terreno han generado algunas incertidumbres, y más cuando se han conocido demandas en curso con respecto a la designación del anterior director, José Ismael Peña, que tendría derecho a alegar la nueva determinación.

Abogados consultados por El Tiempo manifestaron que, en efecto, esta situación podría derivar en acciones legales, en especial, por parte del rector destituido. Según Carlos Zambrano Bueno, exconsejero de Estado, Peña tiene derecho a demandar esta decisión, pues “bien o mal, hay un acto administrativo que lo designa como rector, y ese acto no se puede revocar directamente sin su consentimiento”, afirmó el jurista.

Esa misma postura es la que consideró otro abogado constitucionalista, Juan Manuel Charry, quien dijo que el Consejo Superior Universitario no tiene la facultad para demeritar sus decisiones sin la aprobación de la persona afectada.

“El Consejo no tiene facultad para anular sus decisiones, toda vez que esta atribución recae en los jueces de lo contencioso administrativo”, explicó, lo que convierte la revocatoria en un acto posiblemente ilegal, desde esa perspectiva.

Entonces, si Peña resuelve instaurar una demanda y la situación escala, se daría lugar a un mayor número de acciones legales. El exmagistrado auxiliar de la Corte Constitucional y profesor de derecho constitucional del Externado Gonzalo Ramírez Cleves fue citado por el medio nacional y destacó que “todo puede ser objeto de demanda”, incluso, desde la óptica de que la primera elección en favor de Peña todavía está siendo evaluada por la Sección Quinta del Consejo de Estado.

Las declaraciones de expertos y juristas sugieren que el panorama futuro podría estar marcado por nuevos movimientos jurídicos que afecten la continuidad en el cargo del recientemente electo rector. Si las demandas prosperan, el contexto académico y administrativo de la Universidad Nacional se enfrentaría a una serie de retos adicionales.

Por ejemplo, para el penalista Francisco Bernate, la elección de Múnera, al ser un acto administrativo, es “susceptible de ser demandado ante la Jurisdicción Contenciosa Administrativa”, a través de vías como la nulidad simple o la nulidad y restablecimiento del derecho, en caso de que alguien considere haber sido afectado.

En la jornada de votación que tuvo el CSU participaron también Raúl Esteban Sastre, Juan Pablo Duque y Germán Castaño Duque, quienes, junto a Múnera y Peña, mostraron interés por liderar la institución. La consulta fue extensa y contó con un robusto debate antes de finalizar la elección de Múnera, según los reportes del medio. No obstante, a pesar de la elección de Múnera, el proceso no está cerrado, y la última palabra podría corresponder a la justicia; todo depende de las decisiones que tome el destituido rector.