Comisión Séptima reabrió el debate de la reforma laboral a pocos días del fin de la legislatura

La Comisión Séptima de la Cámara de Representantes reanudará el primer debate de la reforma laboral del Gobierno después de un intervalo de seis meses. La Mesa Directiva programó esta discusión para el martes 11 de junio, apenas a nueve días del cierre de la legislatura.

La plenaria de la Cámara de Representantes iniciará su cuarto y último debate. Aunque la iniciativa del Ejecutivo avanzó hasta esta etapa, su principal desafío sigue siendo el calendario. Este proyecto, una de las prioridades del Gobierno, ha generado expectativas y controversias en diversos sectores. Después de medio año de pausa, el debate se retoma en un contexto de urgencia, lo que incrementa la presión sobre los legisladores para abordar y decidir sobre cambios significativos en el mercado laboral colombiano en un tiempo limitado

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La iniciativa ha recibido el respaldo de sindicatos y organizaciones laborales que valoran las disposiciones para mejorar las condiciones y la seguridad de los trabajadores. Por el contrario, ciertos gremios empresariales han expresado inquietudes sobre el posible impacto de la reforma en los costos operativos y la competitividad del sector privado

La reactivación de este debate no solo es crucial para la agenda legislativa del Gobierno, sino también para el futuro del mercado laboral en Colombia. La estrechez del tiempo disponible añade un desafío adicional, exigiendo a los congresistas un esfuerzo concertado para alcanzar un consenso y avanzar en la aprobación del proyecto en los días restantes de la legislatura.

El debate sobre la propuesta de reforma laboral del presidente Petro continúa siendo un tema candente en Colombia. Mientras el proyecto aún no ha sido aprobado en el Congreso de la República, distintos sectores mantienen opiniones divididas al respecto.

Enrique Javier Correa de la Hoz, abogado y exmagistrado auxiliar de la Corte Suprema de Justicia, opina que “la aprobación de la reforma laboral por el Congreso sería positiva”. Desde su perspectiva, la reforma no solo mejoraría la calidad de vida de los trabajadores colombianos, también incrementaría su capacidad de consumo, generando más ingresos para las empresas y promoviendo un mayor crecimiento económico. Según Correa de la Hoz, esto podría resultar en la creación de miles de empleos en diversos sectores productivos.

Por otro lado, sectores cercanos al Gobierno ven en esta reforma un paso esencial para mejorar las condiciones laborales de los trabajadores. No obstante, expertos advierten sobre posibles consecuencias adversas. Según Humberto ‘Papo’ Amín, concejal de Bogotá por el partido Centro Democrático, la reforma, tal como está planteada, “tendría implicaciones devastadoras para varios sectores económicos, especialmente para las industrias tecnológicas y el mercado laboral en general”.

Amín argumenta que los costos laborales aumentarían significativamente debido a la propuesta de contratos a término indefinido como regla general, la estabilidad laboral reforzada y el aumento en las indemnizaciones por despido sin justa causa.

Hay preocupación porque, para evitar los costos adicionales que implicarían las nuevas garantías para los empleados, los empresarios se vean obligados a recortar personal o a tercerizar labores. Amín advierte que esto podría llevar a las empresas a reducir la contratación, buscar alternativas más económicas, o recurrir a la automatización y la tercerización en el extranjero.

Correa de la Hoz afirma que existe una relación positiva entre salarios dignos y productividad, argumentando que mejores ingresos laborales impulsan el consumo y, en consecuencia, los beneficios para los empresarios. Critica que en las últimas 3 décadas, la disminución de los ingresos laborales no ha llevado a más empleos ni a una mayor formalización.

Por otro lado, Amín acepta que lograr salarios dignos sin afectar la productividad es un desafío complejo. Propone mejorar la capacitación y educación de la fuerza laboral, fomentar la inversión en investigación y desarrollo, y crear un entorno empresarial favorable que incentive la inversión.

Amín también critica la reforma por no abordar adecuadamente la informalidad laboral, señalando que si esta aumenta, más trabajadores quedarán sin acceso a beneficios laborales ni protección social, afectando la base tributaria del país. Considera que la actual reforma podría incrementar la precariedad laboral y la desigualdad.

Correa de la Hoz refuta esta idea, destacando que “el texto propuesto incluye capítulos dirigidos a la formalización de trabajadores de plataformas digitales, servicio doméstico, trabajadores rurales y aprendices”. Sostiene que aumentar las sanciones para empleadores que mantengan prácticas de contratación informal y fortalecer el control y cumplimiento de las normas ayudarán a reducir la informalidad laboral.