En la tarde del martes 4 de junio, en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes se hundió el proyecto de ley que pretendía reducir el salario de los congresistas, así como el de los altos funcionarios del Estado y la fuerza pública.
La iniciativa debía contar con 21 votos positivos para superar el tercer debate y pasar a plenaria de la Cámara, sin embargo, solo obtuvo 15 sufragios a favor y 14 negativos.
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El hundimiento del proyecto ha generado diferentes reacciones en el ámbito político. Por ejemplo, la representante Piedad Correal, quien votó negativamente al proyecto, manifestó lo siguiente: “Un proyecto compartido en mi caso personal como representante a la Cámara, pero un proyecto de carácter inconstitucional, porque la misma Constitución establece que la iniciativa para manejar todo el tema salarial tiene que ser iniciativa del Gobierno nacional por eso pedí el concepto para los altos salarios del Estado y fue negativo”.
Y agregó: “El artículo 150 de la Constitución establece que sólo puede ser iniciativa gubernamental, es decir que solo lo puede el Gobierno puede hacer el trámite de las asignaciones salariales”.
El senador Jota Pe Hernández, del Partido Alianza Verde y quien presentó la iniciativa, en entrevista con W Radio afirmó que la propuesta no presenta ningún vicio.
“La propuesta no quedó mal hecha. Quiero hablar de un concepto el 514-641 del Departamento Administrativo de la Función Pública, porque dice que de acuerdo con las normas le corresponde al Congreso dictar las normas generales y señala entre ellas las normas y criterios a los cuales debe sujetarse el Gobierno Nacional para fijar el régimen salarial de los funcionarios públicos y miembros del Congreso”, manifestó.
El senador también manifestó que “aquí hay muchos intereses económicos. Siento que, a la hora de votar para la reducción de salarios, ahí sí se legisla en beneficio propio. Yo lo que tengo que decir es que definitivamente se están burlando del pueblo colombiano y se están burlando, sobre todo cuando dicen que van a presentar otro proyecto el 20 de julio y así van a mantener a los colombianos con esos pañitos de agua tibia”.
Por su parte, la representante Carolina Arbeláez, a través de su cuenta de X, aseguró que se deben tener en cuenta los altos salarios del Gobierno.
“La ciudadanía no solamente está indignada con los salarios de los congresistas, acá hay un debate muy interesante sobre cuánto se gana un congresista, pero deberíamos tener un debate mucho más interesante sobre cuánto se ganan los altos funcionarios del Estado”, indicó Arbeláez.
El argumento de que el proyecto de ley del senador Jota Pe Hernández es inconstitucional también fue avalado por el Gobierno nacional, debido a que el Ministerio de Hacienda dio a conocer una evaluación sobre el impacto fiscal que tendría la iniciativa.
La cartera de Hacienda enfatizó que el Gobierno nacional es el único a quien le corresponde presentar una propuesta que pretenda modificar el régimen salarial y prestacional de los congresistas, empleados públicos y de la Fuerza Pública, como lo establece los artículos 150-19, y 154 de la Constitución.
“Aunque la iniciativa consagra en términos de “autorícese” la destinación de un porcentaje del que generaría la reducción de los salarios de los congresistas, la medida podría correr un riesgo de inconstitucionalidad, al no cumplir, de manera estricta, la destinación del ahorro a un gasto público social”, precisó el Ministerio en su estudio.
El representante a la Cámara Miguel Polo Polo manifestó su decepción y atribuyó el hundimiento del proyecto a la “negligencia del Gobierno”, por lo que criticó la falta de respaldo por parte de quienes en su momento prometieron apoyar la propuesta.
Por su parte, David Racero, representante a la Cámara por la coalición del Pacto Histórico, lamentó la situación, pero reafirmó su compromiso con la causa de la reducción salarial, al destacar la importancia de este tipo de medidas en un país caracterizado por profundas desigualdades económicas.