Implementación de la reforma pensional sería “inviable”, aseguró la Procuraduría: “Colpensiones no tiene la capacidad”

La Procuraduría General de la Nación le ha dado un contundente golpe a la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez Ríos, al señalar una serie de graves fallas en el proyecto de reforma pensional que podrían lanzar al abismo la economía y los derechos de millones de colombianos.

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En una comunicación, la Delegada para Asuntos del Trabajo y Seguridad Social enumera 45 garrafales omisiones estructurales en el sistema, advirtiendo sobre la vulneración de derechos de los afiliados que podrían desencadenar una ola de judicializaciones y de vacíos jurídicos, técnicos y financieros.

Según el informe, Colpensiones está en vías de convertirse en una bomba de tiempo, sin la capacidad técnica, administrativa ni operativa para gestionar el traslado de cerca de 19 millones de personas. Y, por si fuera poco, el ente de control exige que el Gobierno, el Ministerio de Hacienda y el Congreso de la República presten atención a los preocupantes estudios que revelan el costo fiscal astronómico que generaría el proyecto en el Presupuesto General de la Nación.

La alarmante situación se agrava con la revelación de que el Ministerio de Trabajo y el Congreso deben admitir que Colpensiones, de cara al 1 de julio de 2025, no está ni remotamente preparada para asumir las obligaciones que la reforma impondría, debido a requerimientos tecnológicos insuperables, falta de presupuestos, caóticos tiempos para la elaboración de contratos y periodos de prueba insuficientes. La Procuraduría sugiere, casi con desesperación, considerar una implementación gradual a partir de 2026.

En un clímax de drama y urgencia, la Procuraduría exige una reforma que garantice un sistema de protección integral a la vejez sostenible y viable para las futuras generaciones, sin que represente una catástrofe para los derechos de los afiliados y pensionados del país. El reloj de la reforma pensional está en cuenta regresiva y la nación espera con tensión los próximos movimientos en este tenso tablero político.

El proyecto de reforma pensional del Gobierno de Gustavo Petro atraviesa un momento crítico. Esta iniciativa, basada en un revolucionario sistema de pilares (semicontributivo, contributivo, solidario y de ahorro voluntario), ha superado ya tres debates en el Congreso. Sin embargo, el reloj corre y la cuarta discusión formal en la Plenaria de la Cámara de Representantes, programada para la semana del 4 al 7 de junio, es su última esperanza antes del inminente plazo del 20 de junio. Si no se aprueba a tiempo, la reforma se hundirá sin remedio.

Entre tanto, voces influyentes como la del exministro de Hacienda José Antonio Ocampo, levantan banderas en busca de modificaciones esenciales. Ocampo, con su vasta experiencia en el Departamento Nacional de Planeación y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), clama por cambios urgentes. A través de X, lanzó dos propuestas fundamentales: el nombramiento de los miembros del fondo de ahorro del Banco de la República, basándose en listas enviadas por el banco, y la crucial transición al nuevo régimen con un mínimo de 1.000 semanas. “De otra manera, la transición tardará más de 20 años y tendrá un costo adicional importante”, advirtió.

La reforma, sumergida en críticas y recomendaciones, parece no figurar entre las prioridades de la Cámara de Representantes. En la sesión del 4 de junio, fue relegada al punto diez del orden del día, eclipsada por otros nueve debates y conciliaciones. La representante Martha Alfonso, ponente del articulado, no ocultó su frustración: “Esperamos que puedan avanzarse de manera rápida para que alcancemos a iniciar el debate hoy”. Alfonso también subrayó la importancia de mantener un ambiente de concertación, a través de diálogos y mesas de trabajo, para asegurar el avance de la reforma.