Contraloría investigará si la Dirección Nacional de Inteligencia “chuzó” a políticos y periodistas

El contralor general en funciones, Carlos Mario Zuluaga, dio a conocer el martes de 4 de junio de 2024 la orden de una actuación especial de fiscalización a los gastos especialmente reservados de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) de los últimos dos años, para verificar si se está haciendo un uso indebido de los recursos como lo han denunciado algunos congresistas, entre ellos en senador David Luna.

“Vamos a pedir qué ha pasado con la contratación de esos gastos y del año 2024. Esto, con ocasión de solicitudes que se han hecho desde la misma dirección, pero también por las denuncias que han formulado varios congresistas con relación al uso de tecnologías o no para hacer labores distintas a las que establece la ley”, indicó contralor Zuluaga.

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Además, según Semana, el titular del ente de control añadió que se quiere verificar qué se ha contratado, que tipo de tecnologías, qué tipo de herramientas y cuáles son los informes que muestran de avance sobre esa modalidad de gasto reservado que han contratado en la DNI.

Por otro lado, referente a la responsabilidad que caería en Carlos Ramón González y Manuel Casanova, directores de la entidad durante los años investigados, el contralor comentó al medio citado que por ahora se están tomando esas dos vigencias para determinar si se encuentra alguna inconsistencia.

El anuncio se conoció luego de que Luna cuestionara si se está llevando a cabo por parte de la DNI la ‘Operación Orión’, con el fin de interceptar a políticos. De este modo, el senador citó a un debate político a los diferentes funcionarios del Gobierno el martes 18 de junio, para saber si se está adelantando dicha estrategia contra los opositores y la prensa.

Por otra parte, el contralor Zuluaga hizo referencia a los hallazgos en referencia al escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd). De acuerdo con el medio citado, comentó que se está analizando el destino de cinco billones de pesos. “Es decir, que las obras y los insumos no fueron debidamente entregadas”, puntualizó Zuluaga.

Teniendo en cuenta lo anterior, uno de los departamentos clave es Santander, pues es el lugar donde se han concretado la mayoría de los recursos de la entidad, especialmente en el último año, así lo revela el informe emitido por el ente de control.

“Estamos revisando 635.000 millones de pesos correspondientes a por lo menos 31 contratos que tienen actividades inconclusas y falencias en la ejecución del contrato”, señaló Zuluaga a Semana. Además, se están evaluando 360.000 millones más; es decir, que por lo menos sería un billón de pesos los que están en la lupa del ente de control sobre la entidad en ese departamento.

Asimismo, la Contraloría General de la República detectó irregularidades por más de $131.812 millones en el programa “Hambre Cero” de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), destinado a proveer alimentos a damnificados por el Fenómeno de La Niña.

El ente de control halló que 31 contratos relacionados con este programa fueron adjudicados a empresas sin personería jurídica adecuada o sin experiencia en el sector, además de la identificación de un presunto interés indebido en la contratación. Las investigaciones también revelaron un aumento del 160% en la contratación de maquinaria amarilla en 2023, sumando $227.000 millones, comparados con los $88.000 millones de 2022.

Según los hallazgos, los recursos se concentraron en una sola empresa que acumuló contratos por más de 21.000 millones. Las irregularidades, incluyendo dobles pagos y maquinaria no utilizada, podrían haber generado un detrimento patrimonial significativo. Adicionalmente, se destacó que un 29,78% de la totalidad en el país de las obras de mitigación de riesgos estaban concentradas en el departamento de Santander.

Ante la gravedad de estos hallazgos, la Contraloría General subrayó la necesidad urgente de auditar y evaluar 25 contratos adicionales en Santander, valorados en $317.325 millones, para asegurar la transparencia y el correcto uso de los fondos públicos. El contralor encargado, Carlos Mario Zuluaga, declaró que estos hechos tienen un impacto nacional y que las entidades siguen actuando contra esta red de corrupción que involucra a congresistas y miembros del Gobierno nacional.

La Contraloría reafirma su compromiso de investigar y actuar contra cualquier forma de corrupción y asegura que los fondos destinados a programas de ayuda y mitigación de riesgos lleguen efectivamente a quienes más los necesitan.