Comité Internacional de la Cruz Roja: alertó sobre nuevas áreas contaminadas por minas en 40 municipios de Colombia

El Comité Internacional de la Cruz Roja (Cicr) informó que durante el año 2023, se detectaron nuevas áreas contaminadas con minas antipersonales en Colombia, afectando regiones antes libres de estos artefactos explosivos. Aproximadamente, 40 de los 73 municipios donde ocurrieron accidentes en 2023 no habían registrado víctimas el año anterior.

Ana María Hernández, coordinadora de la Unidad de Contaminación por Armas del Cicr en Colombia, durante una entrevista con El Tiempo, destacó que municipios en el departamento del Cauca presentaron víctimas por minas en 2023. Además, identificó nuevas áreas afectadas en Nariño, Valle, Antioquia, Arauca, Norte de Santander, Sur de Bolívar, Putumayo, Meta, Chocó y Caquetá.

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La Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la Organización de los Estados Americanos (Mapp/OEA) alertó este mes que “persiste la instalación de minas antipersonal por los grupos armados para proteger zonas de influencia”. Estas regiones incluyen Bajo y Medio Putumayo, sur de Bolívar, y cuencas de los ríos San Juan y Baudó en Chocó, así como municipios en Nariño y Antioquia.

La desmovilización de las Farc en 2016 redujo significativamente las víctimas militares, pero aún persiste el riesgo para la población civil, especialmente en zonas rurales y conflictivas. El Servicio de Acción contra Minas de la ONU indicó que la vulnerabilidad de los civiles sigue siendo alta en áreas con presencia de otros grupos armados y municiones sin explotar.

Las cifras indican que de las 12.454 víctimas de minas antipersonales en Colombia, el 41% son civiles, incluyendo 1.295 niños. Entre 2018 y 2024, hubo 556 víctimas civiles, frente a 360 víctimas de la Fuerza Pública en el mismo periodo.

En 2023, se reportaron 99 víctimas de minas, y en lo que va de 2024, 48 personas han sido afectadas, con tres fallecidos y 45 heridos. Entre las víctimas más recientes se encuentra el concejal de Argelia (Cauca), Valdemar Ordóñez Ibarra, quien perdió una pierna a consecuencia de una explosión mientras inspeccionaba un acueducto veredal en El Plateado.

El Gobierno nacional tendrá que pedir una nueva prórroga para cumplir con su promesa internacional de eliminar la amenaza de las minas antipersonal.

Esta será la tercera vez que el país incumple el término fijado por el Tratado de Ottawa debido al aumento del riesgo por la acción de disidencias, el ELN y el Clan del Golfo.

Desde que varios gobiernos se comprometieron a hacer de Colombia un país libre de minas antipersonal, el país ha acumulado trágicas estadísticas con 2.358 vidas perdidas y 10.096 personas mutiladas o heridas desde 1990, según reportes oficiales.

La última prórroga, fijada hasta el 31 de diciembre de 2025, no podrá ser cumplida, forzando al presidente Gustavo Petro a solicitar una extensión hasta 2030.

En el departamento del Cauca, uno de los más afectados, los grupos armados ilegales han utilizado trampas explosivas para controlar territorios clave para el narcotráfico. En Catatumbo, el ELN es el principal responsable de sembrar minas antipersonal. La Defensoría del Pueblo reportó 147 alertas tempranas relacionadas con minas antipersonal en los primeros meses de 2024.

El Estado colombiano se comprometió a eliminar las minas antipersonal en 1997 al firmar el Tratado de Ottawa, con un objetivo inicial para 2011. Sin embargo, la intensidad de las confrontaciones armadas y la tardanza en iniciar las operaciones de desminado militar impidieron alcanzar esta meta. En 2010 y nuevamente en 2020, Colombia solicitó nuevas prórrogas, pero no logró cumplir con el objetivo.

Rafael Pardo, exalto consejero para el posconflicto durante el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos, señaló que el incumplimiento se debió a que tras el desarme de las Farc, otros grupos ilegales comenzaron a sembrar más minas. El gobierno de Iván Duque, que también solicitó una prórroga, dejó 484 municipios libres de minas al finalizar su mandato.

Didier Alvarado, jefe de operaciones del Servicio de Acción contra Minas de las Naciones Unidas (Unmas), le dijo al diario El Tiempo que “no cumplir con el plazo prolongará el sufrimiento de las comunidades afectadas”.

Carlos Tarazona, comandante de la Brigada de Desminado Humanitario del Ejército, afirmó que actualmente 915 municipios están libres de minas, pero las difíciles condiciones de seguridad en otros 207 municipios complican el cumplimiento de la meta para 2025.

Las autoridades continúan trabajando en la tercera solicitud de prórroga para el Estado colombiano, con el fin de extender el plazo hasta 2030 y así poder cumplir con los compromisos internacionales de desminado y salvaguardar la seguridad y el desarrollo de las comunidades afectadas.