El pasado 27 de mayo, el expresidente Álvaro Uribe pidió a la Fiscalía que se designara un nuevo fiscal a cargo de su caso. Según Uribe Vélez, debía ser alguien que garantizara la objetividad e imparcialidad del proceso; e indicó seis causales para su recusación.

A partir del martes 4 de junio, el proceso contra el líder del Centro Democrático cambiará de fiscal, respondiendo a la solicitud de la defensa del exmandatario. Marlene Orjuela Rodríguez asumiría el cargo de fiscal primera delegada ante la Corte Suprema de Justicia, reemplazando a Gilberto Villarreal Pava, quien formalmente acusó a Uribe el pasado 9 de abril por presunta compra de testigos y fraude procesal.

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Este cambio no se debe exclusivamente a la recusación presentada por Uribe, pues también responde a un trámite previsto con anticipación. Según conoció Blu Radio, esta decisión era una determinación que tenía la fiscal General, Luz Adriana Camargo, desde que llegó a ese cargo; de hecho, la fiscal Orjuela llevaría ya un mes en el proceso de transición hacia su nuevo cargo en la Fiscalía Primera Delegada ante la Corte.

Orejuela tiene más de 10 años de experiencia en la Fiscalía y durante su tiempo en la entidad investigativa ha sido magistrada de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá.

Una de las decisiones que tomó la jueza fue imponer una medida de aseguramiento contra el exsecretario general de la Presidencia durante el gobierno de Uribe, Bernardo Moreno, por el escándalo de las “chuzadas” del DAS.

Además, Marlene Orjuela Rodríguez fue quien dictaminó la aplicación de medidas cautelares sobre los 6.509 millones de pesos de la pirámide de DMG, confiscados en el municipio de La Hormiga, Putumayo en agosto de 2007.

El expresidente ya había mostrado su preocupación por lo que consideraba una falta de imparcialidad del fiscal del caso. Su razón principal era que el exfiscal encargado, Gilberto Villareal, tenía una relación previa con Eduardo Montealegre y Jorge Perdomo, quienes también están involucrados en el proceso como presuntas víctimas.

“Permitió a sus antiguos jefes postularse como víctimas en este proceso, lo cual denota en usted interés en esta actuación”, se lee en el escrito. Además, también detalló cuál sería la relación entre Villareal y sus exjefes: “Durante la administración de los doctores Montealegre y Perdomo, el fiscal Villarreal fue nombrado director de fiscalías de San Gil, Santander, y fiscal delegado ante el Tribunal de Bucaramanga, Sala Penal”, indicó.

Uribe señaló aspectos específicos de las audiencias y las intervenciones del fiscal, destacando una supuesta parcialidad en su contra.

Jaime Granados, abogado defensor de Uribe, había instaurado un recurso de apelación para que Montealegre, Perdomo y Deyanira Gómez, expareja del exparamilitar Monsalve, no fueran reconocidos como víctimas. Esa solicitud fue aceptada.

Además, concluyó señalando que las acciones del fiscal podrían constituir causales de recusación según lo establecido en la ley 906 de 2004, y que incluso más allá de la acreditación de estas causales, su imparcialidad está seriamente cuestionada desde una perspectiva objetiva.

Esta es una decisión que afecta el caso del expresidente. La cronología inició en 2012, cuando Uribe denunció al senador Iván Cepeda por soborno de testigos. Sin embargo, al escuchar la defensa de Cepeda, en 2018, la Corte Suprema de Justicia abrió investigación por manipulación de testigos contra el expresidente.

Dos años después, mientras las investigaciones avanzaban y luego de que se emitiera medida de aseguramiento preventiva, el expresidente renunció a su curul en el congreso para que ya no fuera la Corte Suprema, sino la Fiscalía la entidad que lo investigara; esto, decían algunos opositores, era una estrategia para retrasar el proceso en su contra, pues la Fiscalía debe atender muchos más casos que la Corte Suprema.

En septiembre de 2020 la investigación paso a manos del fiscal Gabriel Jaimes; se revocó la medida de aseguramiento preventivo. En 2021, la misma Fiscalía, a cargo de Francisco Barbosa, pidió en dos ocasiones que el caso se dejara de lado por preclusión; es decir, por extender la caducidad del proceso.

El 16 de enero de 2024 se asigna caso, por reparto, al fiscal Gilberto Villareal Pava. y es hasta el 9 de abril de 2024 que se anuncia la acusación formal, por primera vez, contra un expresidente: Álvaro Uribe Vélez.