La Defensoría del Pueblo solicitó a Jaime Andrés Beltrán, alcalde de Bucaramanga, un informe sobre las medidas que está tomando para la protección o refugio de los migrantes en ese territorio. Esto teniendo en cuenta la política de expulsión de migrantes delincuentes que viene impulsando el mandatario local.
Por medio de una carta la entidad encargada de trabajar por la defensa de la dignidad humana, los derechos y el bienestar de los habitantes del territorio nacional manifestó de forma clara que la medida de expulsiones colectivas está vetada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pues no contempla la situación particular del refugiado.
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En el documento, el organismo puntualizó que la política de expulsiones masivas carece de fundamento, pues va en contra de lo establecido en el derecho internacional que aclara que los migrantes venezolanos son seres humanos con dignidad. Además le advierte al mandatario que, aunque quiera hacer una expulsión masiva de venezolanos que han sido capturados por estar delinquiendo hacia Cúcuta o la Guajira como lo ha manifestado, no está permitido.
De acuerdo con la Defensoría del Pueblo los venezolanos están cobijados por estas leyes. Por lo tanto, “gozan de la protección del derecho internacional de los derechos humanos como cualquier otra persona, y cada expulsión o deportación debe ser individual y sometida a un análisis antes de hacerla”, explicó José Alberto Gonzalez García, delegado para los Derechos de la Población en Movilidad Humana.
Para García lo que dicta la Corte Interamericana de Derechos Humanos debe ser de carácter obligatorio en todas las zonas del país. Por tal razón, solicitó que se informe “sobre las medidas y acciones que desde su administración se están adelantando con respecto a los hechos mencionados”.
Jaime Andrés Beltrán y sus políticas con los migrantes
Jaime Andrés Beltrán, alcalde de Bucaramanga, se refirió en La FM a las declaraciones que dio el gobernador de La Guajira, quien lo señaló de “nazi” por su manejo de la situación con extranjeros que delinquen en la ciudad. Beltrán destacó la necesidad de una política más firme y efectiva en la expulsión de extranjeros que infringen la ley.
“Yo he sido muy enfático, el problema no es con el gobernador de La Guajira ni el problema del gobernador es conmigo. El problema es con los migrantes que vienen a cometer delitos y se radican en el territorio,” afirmó Beltrán. Además, dijo que la responsabilidad de expulsar a los migrantes es de Migración Colombia y no de los alcaldes locales.
Durante la entrevista, Beltrán explicó la situación actual que vive Bucaramanga, Santander, donde hay más de 100 personas de nacionalidad venezolana identificadas con múltiples crímenes. “Hace tres meses estoy solicitando a Migración Colombia y al Gobierno nacional que nos permitan la expulsión porque los alcaldes por sí solos no podemos expulsar. Es Migración Colombia la que hace las expulsiones, pero la respuesta es que máximo podemos expulsar cinco personas por mes”, mencionó.
Igualmente, reveló que varios de los delincuentes tienen órdenes de captura por delitos de alta gravedad, como porte de armas, estupefacientes, riñas e irrespeto a la autoridad, entre otros. El mandatario local también expresó su inconformidad con la eficiencia operativa, ya que muchos de los deportados vuelven al país a través de rutas ilegales.
“Este año llevamos nueve expulsados de la ciudad a través de la frontera con Cúcuta, pero coloquialmente, más se demora el bus en regresar que ellos en estar nuevamente en la ciudad”. Además, señaló la necesidad de reformar las normativas actuales para realizar más expulsiones, pues hasta hoy solo se pueden hacer cinco por mes. “Nosotros estamos pidiendo que sean cinco por semana”, agregó.