Carlos Carrillo declaró ante la Fiscalía por corrupción en carrotanques: “Se garantiza la no repetición de estos actos tan bochornosos”

Carlos Carrillo, director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), acudió a la Fiscalía General de la Nación para declarar como testigo en la investigación sobre presuntos actos de corrupción relacionados con la adquisición de carrotanques para La Guajira.

Durante su declaración, Carrillo señaló que solicitará que la Ungrd sea reconocida como víctima en el proceso judicial y ratificó su disposición para colaborar con el ente investigador para suministrarle la información necesaria sobre los hechos de corrupción que hoy empañan la imagen de la entidad.

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“También me queda la sensación de que es probable que se nos reconozca, no es la Fiscalía quien lo decide pero, seguramente así será y ojalá así sea, para que nosotros podamos también tener la información de manera más fluida”, agregó el director de la Ungrd.

Las irregularidades detectadas en la compra de carrotanques, los cuales serían destinados a proveer agua potable en La Guajira, están en el foco de esta investigación. Carrillo enfatizó en su testimonio que toda la clase política podría estar implicada en este caso de corrupción.

“La conclusión de esto es que se reafirma el compromiso de esta dirección de la Ungrd para colaborar con la justicia, yo lo he dicho en muchas oportunidades, yo no soy quien instruye estos casos, yo soy el director y mi obligación es entregarle la información que se requiera a la Fiscalía para que se establezcan los culpables y por su puesto se garantice la reparación y la no repetición de estos actos tan bochornosos”, dijo Carrillo al terminar su declaración ante la Fiscalía.

Carrillo también reconoció que Olmedo López fue nombrado en el cargo por la coalición Pacto Histórico y subrayó que esta responsabilidad debe ser asumida, aunque destacó que la corrupción no es exclusiva de esta administración, sino que también ha ocurrido en gobiernos anteriores.

“Pues es bastante evidente el vínculo y esto creo que ya se ha hecho público del señor Olmedo López con el municipio de Uribia, de donde no salía”, dijo el director de la Ungrd.

Sobre la investigación que lleva la Fiscalía General de la Nación por los hechos de corrupción con los carrotanque que suministrarían agua a La Guajira, indicó que esta va muy avanzada y que espera que pronto se de una noticia sobre ello.

“Pues yo siento que la investigación va bastante bien, bastante avanzada y que ojalá se den los resultados por parte de la Fiscalía, que insisto está haciendo un excelente trabajo”, agregó el funcionario.

Recientemente, Luis Eduardo López presentó a la Fiscalía una serie de movimientos bancarios que vincularían a Sneyder Pinilla, exsubdirector de la Ungrd, con los hechos de corrupción en la adquisición de los carrotanques. Esta documentación será analizada por la Fiscalía para determinar su autenticidad y relevancia en el caso.

Sobre el caso específico de los carrotanques afirmó que aunque no se tocó el tema si se sabe desde febrero de este año que las tres empresas que ofertaron en el caso de los carrotanques le pertenecen a una misma persona.

“Es lo que se supo el 21 de febrero y es que las tres empresas que se presentaron a los carrotanques, los que hicieron propuestas básicamente le pertenecen a la misma persona, que es el señor López Rosero”, concluyó Carrillo.

En el contexto de la investigación, la Fiscalía ha propuesto un preacuerdo mientras que la defensa del contratista busca un principio de oportunidad, argumentando que sería más beneficioso a cambio de la cooperación y pruebas ofrecidas por Luis Eduardo López (conocido como El Pastuso), el cual rindió interrogatorio ante la fiscal 79 contra la Corrupción, Andrea Muñoz, entre otros representantes de la Fiscalía.

López Rosero es un contratista con más de 15 años de experiencia en la Ungrd y representa legalmente a Luket SAS, una de las empresas implicadas en los contratos cuestionados. López ha sido imputado por la Contraloría General de la República por sobrecostos en la entrega de ayudas humanitarias durante la pandemia de covid-19.