Procuraduría solicitó al Icbf explicaciones de las medidas tomadas sobre la menor de trece años que fue vendida por uno de sus padres

La Procuraduría General de la Nación ha lanzado una contundente solicitud al director regional encargado del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf), Rodrigo Elías Daza Vega, exigiendo explicaciones inmediatas sobre el estremecedor caso de una niña de 13 años presuntamente entregada por sus propios padres a un hombre de 55 años. Según las primeras informaciones, el individuo habría pagado siete millones de pesos para llevarse a la menor a Santander y cometer abusos sexuales.

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La entidad dirigida por Margarita Cabello demanda claridad sobre la fecha en la que se abrió el proceso de restablecimiento de derechos, el estado actual del mismo y las medidas de protección adoptadas en favor de la niña. Además, exige conocer la intervención y el acompañamiento psicológico brindado tanto a la menor como a su familia por parte del Icbf.

La respuesta debe incluir todas las actuaciones de verificación de derechos llevadas a cabo por las entidades competentes, para asegurar un abordaje efectivo y la plena garantía de la protección integral de la menor.

Paralelamente, la Procuraduría Delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia, la Familia y la Mujer ha solicitado al Personero Municipal de Riohacha una evaluación rigurosa del seguimiento e intervención administrativa realizados por el Icbf. Este seguimiento debe garantizar el acceso a la justicia, protección contra la revictimización y una vida libre de violencias para la niña y su familia.

Dada la gravedad de este caso, la Procuraduría también ha requerido a la Secretaría de la Mujer en La Guajira un informe detallado sobre la activación de las rutas de atención intersectorial y las medidas de atención brindadas por el sector salud en favor de la niña, conforme al protocolo de atención a víctimas de abuso sexual.

Este desgarrador episodio ha puesto en evidencia serias falencias en la protección de los derechos de los menores y la necesidad urgente de respuestas claras y acción efectiva por parte de las autoridades competentes.

Orlando Meza Quiñonez es un agricultor de Santander, de 55 años, que fue enviado a prisión por un juez con función de control de garantías tras ser acusado de pagar dinero a cambio de convertir a una niña de 13 años de la comunidad Wayuú en su pareja sentimental.

En enero de 2023, Meza se trasladó a la ranchería La Loma en Riohacha (Guajira) donde, según la investigación, pagó $7 millones a los familiares de la menor para trasladarla a su residencia en Santander. Posteriormente, en septiembre de ese año, la llevó a la vereda Clavellinas para cumplir con el compromiso adquirido, convirtiéndose la menor en su compañera sentimental.

La captura de Meza fue realizada por servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y la Comisaría de Familia de Aratoca mientras este se movilizaba por una vía pública de San Gil, logrando las autoridades restablecer los derechos de la niña y dejándola a disposición del Icbf.

La Fiscalía General de la Nación imputó a Meza por los delitos de tráfico de niñas, niños y adolescentes, y acceso carnal abusivo con menor de 14 años, cargos que no fueron aceptados por el acusado.

Para denunciar un caso de emergencia relacionado con la protección de menores, se puede llamar a la línea 141 del Icbf. Esta línea cuenta con el apoyo de agentes de la Policía de Infancia y Adolescencia, preparados para actuar de manera inmediata.

Adicionalmente, la línea 141 está conectada a la Red Mundial de Líneas de Asistencia para Niños, a través de la Fundación Child Helpline International, lo que refuerza su capacidad de respuesta.

Además, sigue disponible la línea nacional de Bienestar Familiar 018000 918080 para recibir peticiones, sugerencias, quejas y reclamos, y para brindar información sobre los servicios del Icbf en casos que no constituyen emergencias.