El azote implacable de las lluvias en Colombia no da tregua. La situación es alarmante: los últimos días han sido testigos de más de 50 deslizamientos de tierra en Risaralda, afectando gravemente a 9 municipios y obligando a las autoridades a extender la declaratoria de calamidad pública. El desastre está en pleno apogeo y no muestra señales de detenerse.
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Paralelamente, en Córdoba, la catástrofe también golpea con fuerza. Cuatro de sus 30 municipios –Ayapel, Montelíbano, La Apartada y Puerto Libertador – han declarado calamidad pública tras el desbordamiento furioso del río San Jorge, inundando vastas áreas. Las cifras son desgarradoras: más de 4.000 familias se encuentran en un estado crítico, luchando por sobrevivir en medio de la devastación.
La Gobernación de Córdoba, liderada por el gobernador Erasmo Zuleta, no ha perdido tiempo y ha desplegado un operativo humanitario. A través de la red social X, Zuleta afirmó: “Estamos con Ayapel. Nuestro equipo de la Gobernación de Córdoba llegó hasta la zona más apartada del municipio para llevar ayudas humanitarias a 200 familias afectadas por las inundaciones, a fin de mitigar sus necesidades”.
Las imágenes de las ayudas humanitarias entregadas recientemente en un apartado punto de Ayapel, muestran el esfuerzo desesperado por brindar socorro en medio de la desesperanza.
La tragedia de las lluvias ha desnudado una vez más la vulnerabilidad de nuestros municipios frente a la naturaleza. En estos momentos, la solidaridad y las acciones rápidas son esenciales para apoyar a los miles de colombianos que enfrentan esta dura realidad.
Qué es calamidad pública
Según información de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres UNGRD, es el resultado que surge de la manifestación de uno o varios eventos naturales o antropogénicos no intencionales. Estos eventos, al encontrar condiciones de vulnerabilidad en las personas, bienes, infraestructura, medios de subsistencia, prestación de servicios o recursos ambientales, causan daños o pérdidas humanas, materiales, económicas o ambientales.
Esta situación genera una alteración intensa, grave y extendida de las condiciones normales de funcionamiento de la población en el territorio afectado.
En respuesta a una situación de calamidad pública, se requiere que el municipio, distrito o departamento ejecuten acciones de respuesta, rehabilitación y reconstrucción. Estas acciones están destinadas a restablecer los derechos y las condiciones de calidad de vida de las personas afectadas y a impedir la extensión de sus efectos en el mediano y largo plazo.
Alerta temporada de tormentas y huracanes
La directora del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), Ghisliane Echeverry, advirtió sobre una temporada de ciclones excepcionalmente intensa que afectará la costa Caribe desde junio hasta noviembre. Se esperan 25 tormentas tropicales, de las cuales 13 podrían convertirse en huracanes y siete alcanzarían fuerza mayor.
Echeverry explicó que esta intensidad se debe a anomalías térmicas en el Océano Atlántico y un exceso de energía ciclónica. Las probabilidades de una temporada más fuerte que el promedio histórico son del 85%. Los ciclones podrían impactar gravemente los departamentos de San Andrés y La Guajira, así como Magdalena, Sucre, Córdoba, Atlántico y Chocó, con lluvias intensas, fuertes vientos, e inundaciones.
Carlos Carrillo, director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), destacó la vulnerabilidad del archipiélago de San Andrés y Providencia. Señaló que los refugios existentes no son suficientes ni están en condiciones óptimas y enfatizó la necesidad de mejorar las estructuras y construir más refugios permanentes.
El capitán Jairo Sánchez, de la Dirección General Marítima (Dimar), instó a la ciudadanía a estar atenta a las alertas y seguir las recomendaciones oficiales para adaptarse al cambio climático.
El pasado huracán Iota, que golpeó el archipiélago en noviembre de 2020, sirve como recordatorio del potencial destructivo de estos fenómenos.