Cambios en uso de suelo en Medellín habrían beneficiado a allegados de un exgobernador durante la administración de Daniel Quintero

El exalcalde de Medellín Daniel Quintero vuelve a estar en el centro de una controversia debido a irregularidades vinculadas con terrenos en El Poblado, que pudieron beneficiar a antiguos mandatario locales y allegados de exgobernadores del departamento de Antioquia.

Según investigaciones realizadas por El Colombiano, Quintero estaría involucrado en varias maniobras para favorecer económicamente a allegados del exgobernador Luis Pérez mediante la compra y posterior cambio de uso de suelo de los terrenos Aguas Vivas y Las Brisas.

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Según se conoció, el plan inicial de la administración incluía la compra del terreno Aguas Vivas por 48.000 millones de pesos (alrededor de 12 millones de dólares), aunque el valor real, de acuerdo con los avalúos oficiales, era mucho menor.

Pero el plan ya había sido alertado anteriormente en los medios de comunicación. Incluso, el medio nacional reveló pormenores de las irregularidades, que consistían en adquirir el terreno por un precio inflado, argumentando que sería esencial para el frustrado “Valle del Software”, proyecto bandera de Quintero.

El Tribunal Administrativo, la Procuraduría y el Consejo de Estado intervinieron, bloqueando la compra por considerarla ilegal. Sin embargo, Quintero habría buscado alternativas para beneficiar a estos individuos, incluyendo la expedición del decreto 412, que modificaba el uso del suelo de Aguas Vivas y Las Brisas. “El decreto planteaba que se incluía los lotes privados en el Valle del Software”, explicó la publicación, permitiendo construcciones hasta dos pisos y aumentando la densidad de 7% a 50%.

El 26 de octubre de 2022, el Municipio devolvió el lote Aguas Vivas a IDC Inversiones y Técnicas Constructivas sin recibir compensación alguna, lo cual podría constituir un posible caso de peculado. Un mes después, Fabio Andrés García Trujillo, quien firmó la devolución del terreno, fue promovido a secretario general de la Alcaldía de Medellín.

En esta fecha, Luis Pérez tenía en su poder el lote Las Brisas a nombre de sus hermanos. El título de Las Brisas también fue transferido a la Curaduría Segunda, la cual otorgó una licencia de construcción para un hospedaje rural de 1.192 metros cuadrados, incluyendo 108 parqueaderos.

Los aparentes manejos irregulares provocaron que Federico Gutiérrez y su secretario general Sebastián Gómez, demandaran el decreto 412 y solicitara una medida cautelar para frenar cualquier desarrollo inmobiliario en el terreno Aguas Vivas, como parte de las investigaciones que adelanta el nuevo alcalde desde enero de 2024. Según expertos, esta actuación devalúa significativamente el valor del lote en una clara intención de beneficio ilícito, “una irregularidad conocida como ‘lesión enorme’”, señalan.

Además, Luis Pérez traspasó el lote Aguas Vivas a un fideicomiso, con un valor de transacción de 3.053 millones de pesos, apenas un 15% del precio inflado solicitado al Municipio. Según información registrada y conocida por El Colombiano, las firmas Técnicas Constructivas e IDC adquirieron el terreno Aguas Vivas por 1.645 millones de pesos en 2014, lo que evidencia una posible manipulación de precios con fines inescrupulosos al solicitar 48.234 millones de pesos al Municipio.

La intervención del Consejo de Estado y otras entidades evitaron que la operación inicial se llevara a cabo. Sin embargo, los cambios realizados por el decreto 412 vinieron a facilitar el desarrollo de proyectos inmobiliarios en terrenos previamente restringidos. Varios expertos consultados por el medio afirmaron que la modificación del uso del suelo, vía decreto, sin pasar por el Concejo refleja claramente un interés indebido en favorecer a particulares.

Entre los implicados en la firma del decreto 412, se encuentran, además del alcalde Daniel Quintero, Fabio Andrés García Trujillo, el exsubsecretario de Gestión Contractual, y los exsecretarios de Desarrollo Económico, Educación, Innovación Digital, y la directora de Planeación. Testigos afirmaron ante la Fiscalía que abogados de la dependencia legal de la Alcaldía rechazaron el texto del decreto, pero este fue expedido de todos modos.

El caso, que ha captado la atención por sus implicaciones de corrupción, sigue siendo investigado por la Fiscalía General de la Nación. Todo indica que, de comprobarse la actuación ilícita, Daniel Quintero y sus colaboradores podrían enfrentar acusaciones formales de peculado y prevaricato, delitos que contemplan serias sanciones penales.