Tres menores quedaron huérfanos a causa de los dos feminicidios en Bogotá: crearon agencias especiales para restitución de sus derechos

En una acción sin precedentes, la Procuraduría General de la Nación anunció la constitución de dos agencias especiales para intervenir en el Proceso Administrativo de Restablecimiento de Derechos de los menores hijos de Steffany Barranco y Natalia Vásquez Amaya, víctimas de feminicidio, presuntamente a manos de sus exparejas sentimentales en un lapso de menos de 24 horas en Bogotá.

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Estos crímenes atroces, que sacudieron a la capital, han llevado a la entidad de control a designar a Pablo Badillo García, Procurador 246 Judicial I para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia, la Familia y las Mujeres de Bogotá, para asumir la función misional de intervención. Badillo García intervendrá ante la Defensoría de Familia del Centro Especializado Revivir del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), donde se tramitan los procesos de restablecimiento de derechos de los tres menores que quedaron gravemente afectados por estos hechos deplorables.

El feminicidio de Steffany Barranco en el Centro Comercial Santa Fe y el de Natalia Vásquez Amaya en la localidad de Suba no solo han dejado una estela de dolor y consternación, también han puesto de manifiesto la urgencia de abordar integralmente la violencia de género. Estos crímenes, perpetrados con una crueldad inimaginable, han motivado a la Procuraduría a reiterar su enérgico rechazo y a exigir que la familia, la sociedad y las instituciones se unan en un frente común para prevenir efectivamente estos actos de barbarie.

Además, la Procuraduría ha instado a que los responsables de estos terribles delitos sean judicializados con la severidad que merecen, enviando un mensaje claro y contundente a todos los agresores. El ente de control subrayó que solo a través de una acción conjunta y decidida se podrá erradicar este flagelo y proteger a los más vulnerables de la sociedad: los niños y adolescentes.

En medio de la consternación y el dolor, la comunidad educativa y los ciudadanos en general claman por justicia y por medidas claras que garanticen la seguridad y el bienestar de todos. Los impactantes casos de Steffany Barranco y Natalia Vásquez Amaya se convierten en un recordatorio doloroso de la urgente necesidad de actuar y no permitir que estos crímenes basados en género continúen pasando en el país.

El Proceso Administrativo de Restablecimiento de Derechos (PARD) es un procedimiento llevado a cabo por las autoridades competentes, como el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), con el objetivo de proteger y restablecer los derechos vulnerados de niños, niñas y adolescentes. Este proceso se inicia cuando se detectan situaciones en las que los derechos de un menor han sido comprometidos o vulnerados, ya sea por abuso, negligencia, abandono, violencia o cualquier otra circunstancia que ponga en riesgo su bienestar y desarrollo integral.

En este proceso, se toman diversas medidas, que pueden incluir:

• Evaluación de la situación: Se analiza la condición del menor para identificar los derechos vulnerados y determinar las acciones necesarias para su protección.
• Intervención inmediata: En casos de extrema urgencia, se puede proceder a retirar al menor del entorno peligroso para garantizar su seguridad.
• Protección adecuada: Se busca proporcionar un ambiente seguro y protector para el menor, ya sea a través de la reintegración familiar (cuando es posible y seguro) o mediante la ubicación en hogares de acogida o instituciones especializadas.
• Asistencia integral: Se ofrece apoyo psicológico, social, médico y educativo al menor y, en algunos casos, a su familia.
• Seguimiento y supervisión: Se monitorea la situación del menor para asegurar que sus derechos sean respetados y que las medidas adoptadas sean efectivas.