Por corrupción en contratos condenan a dos exdirectores de la autoridad ambiental de Santander

La Fiscalía General de la Nación condenó a ocho años de cárcel a Flor María Rangel y a Héctor Murillo a 7 años y 9 meses de prisión, exdirectores de la Corporación Autónoma Regional de Santander (CAS), que influyeron en la adjudicación de millonarios contratos de preservación ambiental en la región.

Un juez de la República consideró que existían suficientes pruebas para demostrar las conductas ilícitas de los condenados por irregularidades en la ejecución de un contrato para reforestar y proteger predios ambientales estratégicos para Santander. El supervisor del contrato, Oscar Pereira, también fue condenado a 7 años y 6 meses de prisión.

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Frente al caso, la fiscalía afirmó, a través de un comunicado de prensa, que “dichas condenas se dieron por irregularidades en la ejecución de un contrato suscrito en agosto de 2011, que tenía por objeto reforestar y aislar varios predios considerados estratégicos en términos ambientales. Dicho contrato fue adjudicado con una unión temporal por un valor superior a $3.400.000.000″.

Igualmente, la entidad, encargada de investigar y acusar ante los juzgados y tribunales competentes a quienes se presuma han cometido algún delito, explicó que “a lo largo de la ejecución se giró el 90 % del monto total, equivalente a $3.075.000.000, sin que se hubiera cumplido con el 50 % del objeto”.

Otro de los argumentos para dictar medida de aseguramiento según la Fiscalía, fue la falta de estudios preliminares. “Además, dicha contratación no contaba con los estudios previos, ni se nombró una interventoría pese a que se trataba de una importante suma de dinero. Estas tres personas fueron halladas responsables de los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación”.

Asimismo, la Fiscalía afirmó que los exfuncionarios de la CAS y el supervisor del contrato intentaron por medio de una coartada ocultar su participación al denunciar a las autoridades judiciales las irregularidades, sosteniendo que varias pruebas eran falsas. “Las evidencias de la Fiscalía acreditan todo lo contrario y se trata de un oprobioso, un grave caso de corrupción pública que la Fiscalía no va a tolerar tratándose también de las corporaciones autónomas”, indicó.

Por la decisión de la Fiscalía General de la Nación, los condenados manifestaron que apelarán a la sanción impuesto por el órgano rector en un juzgado de conocimiento de San Gil, Santander.

El 17 de mayo de 2024, el Tribunal Administrativo de Santander decretó suspender provisionalmente la resolución de la Corporación Autónoma de Santander “por la cual se otorga una licencia ambiental y se dictan otras disposiciones” a la multinacional Colcco. El permiso facilitaba la minería a cielo abierto y por socavón en los municipios de San Vicente y El Carmen de Chucurí.

En respuesta a la demanda de nulidad radicada por Cristian Avendaño, representante a la Cámara del departamento junto con los senadores Gloria Flórez,Robert Daza Guevara y Fabián Díaz, además de 400 santandereanos en contra de la CAS, el Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Minas y la multinacional.

Ante el veredicto, Avendaño escribió en su cuenta de X : “Logramos demostrar graves inconsistencias técnicas que ponen en peligro fuentes hídricas, y especies de fauna y flora que no fueron contempladas en los estudios y en los planes de manejo ambiental”.

En la demanda interpuesta por los congresistas aseguraron que no se establecieron las áreas de intervención efectivas para la explotación bajo tierra en el Estudio de Impacto Ambiental (EIA). Asimismo, argumentaron que no había la suficiente información sobre las áreas de intervención efectivas en el tema de residuos, no se incluyó el manejo, transporte y disposición de materiales sobrantes de excavación, entre otras quejas.