Superintendencia de Transporte denunció fraudes en escuelas de conducción en Colombia

En un reciente informe, la superintendente de Transporte, Andy Lucy Ospina, reveló detalles sobre presuntas irregularidades detectadas en varias escuelas de conducción en Colombia.

Actualmente, hay 1.235 escuelas autorizadas por el Ministerio de Transporte para impartir formación en la conducción, pero se descubrieron prácticas fraudulentas en 23 de ellas. Estas instituciones estaban emitiendo certificados falsos y otorgando licencias de conducción sin que los alumnos completaran los cursos necesarios.

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Como medida preventiva, las escuelas fraudulentas, ubicadas en regiones como Bogotá, Antioquia, Caldas, Tolima y la región Caribe, fueron suspendidas temporalmente. Las investigaciones revelaron una serie de “estrategias” empleadas para llevar a cabo estas irregularidades, incluyendo la copia de huellas con silicona para falsificar la asistencia de tanto instructores como alumnos.

En una entrevista en Blu Radio, Ospina enfatizó la responsabilidad compartida de los aspirantes a licencias de conducción en estos actos de corrupción. “Como los controles que tenemos implementados se hacen controlando la verificación del instructor, la verificación de la apertura de la clase y el cierre de la clase con su huella, descubrimos que mediante esas artimañas están migrando clases que no dictaron”, indicó.

Ospina además señaló que, un componente clave de este problema es el factor humano, ya que muchas personas intentan evadir las regulaciones para obtener beneficios de manera ilegal. La corrupción en estas instituciones pone en peligro la seguridad vial, y también socava la confianza pública en el sistema de control y regulación del transporte en Colombia.

“Yo hago una invitación muy especial también a quienes aspiran a obtener una licencia de conducción o a quienes la van a recategorizar, que también tienen una responsabilidad muy grande en estos hechos de corrupción, porque ellos se prestan para que la escuela les tome la huella y después suban la clase y la huella de ellos, como si hubieran asistido a la clase,” explicó la superintendente.

La superintendente Andy Lucy Ospina aseguró que se están tomando medidas rigurosas para verificar tanto a los alumnos como a los instructores de estas instituciones. Además, mencionó que se están implementando estrategias para garantizar que los estudiantes afectados por el cierre de las escuelas fraudulentas puedan completar su formación.

También se está evaluando la viabilidad de llevar estos casos de fraude ante la Fiscalía, lo que podría acarrear consecuencias legales tanto para las escuelas implicadas como para los alumnos que participaron en las prácticas corruptas. Esta investigación no es un esfuerzo aislado; la superintendente reconoció que el problema de la corrupción en las escuelas de conducción es persistente y que se requieren acciones contundentes para erradicarlo por completo.

• Riesgo de seguridad vial: permitir que personas sin los conocimientos teóricos y prácticos necesarios obtengan una licencia de conducción incrementa considerablemente la posibilidad de accidentes. Estos conductores pueden no estar preparados para responder adecuadamente a situaciones críticas en la carretera, poniendo en peligro tanto su vida como la de otros.
• Socavamiento de la integridad del sistema: el fraude en la obtención de licencias fomenta la corrupción dentro de las instituciones responsables de la emisión de estos documentos.

• Consecuencias legales: las personas que participan en actividades fraudulentas para obtener una licencia de conducción pueden enfrentar serias repercusiones legales. Estas consecuencias incluyen multas significativas, la revocación permanente de la licencia e incluso penas de cárcel, dependiendo de la gravedad del delito.
• Incremento de costos: la presencia de conductores sin la preparación adecuada puede llevar a un aumento en los accidentes de tráfico, lo que a su vez eleva el gasto tanto del sistema de salud pública como el del sistema de seguros. Los tratamientos médicos derivados de accidentes de tráfico y las indemnizaciones por daños a terceros representan un costo significativo para la sociedad en su conjunto.