La Nueva EPS fue intervenida el 3 de abril de 2024 por la Superintendencia Nacional de Salud, luego de identificar que no estaba cumpliendo con los requisitos habilitadores financieros para operar. La medida implementada por la entidad generó revuelo en varios políticos, que aseguraron que fue una “dinámica retaliadora del Gobierno” y que se configuró como una forma más de acabar con el sistema de salud.
Sin embargo, la Superintendencia de Salud se mantuvo en la decisión y dio un parte de tranquilidad, explicando que con la intervención se busca evitar la quiebra de la EPS. No obstante, quedaron varios cuestionamientos al respecto, por lo que el superintendente Luis Carlos Leal Angarita tuvo que explicar los motivos por los cuales se adelantó la posesión de “los bienes, haberes y negocios” de la entidad promotora.
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En un debate de control político llevado a cabo el 30 de mayo en la Comisión Séptima del Senado, dio a conocer las irregularidades que se encontraron. “En la Nueva EPS desde el año 2019, e inclusive años atrás, venía ocultando facturas al interior del sistema que no legalizaba”, informó Leal Angarita. De esta manera, se habría buscado evitar que se supiera de la billonaria deuda que tenía la entidad promotora: no eran $500.000 millones, sino $5.5 billones de deuda, según detalló el funcionario.
“Lo que teníamos conocimiento, hasta que se hizo la toma de la intervención, era que la EPS tenía una deuda con hospitales públicos y privados, que en muchas oportunidades la Asociación Colombiana de hospitales y clínicas y la Asociación Colombiana de Hospitales Públicos, decían que era mucho mayor el pasivo o la deuda que tenían con ellos, que lo que reconocían las EPS”, insistió.
De igual manera, identificaron fallas en la entrega de medicamentos, pues 50.081 pacientes no recibieron los fármacos que requerían en un periodo de 48 horas, siendo esta la EPS con más falencias en esta materia, en comparación con otras que han sido intervenidas. Sumado a esto, con respecto los indicadores de salud pública, el superintendente aseguró que eran “deprimentes”.
Pues, el diagnóstico de la enfermedad renal crónica en fase terminal, es decir, cuando ya se requería de un proceso de diálisis, se hacía en urgencias. “(Son) pacientes que jamás, ni siquiera, se les tomó la tensión arterial, ¿qué tan costoso puede ser para un sistema de salud tomar la tensión arterial para que hayamos utilizado y escondido facturas del sistema de salud?”, cuestionó Leal Angarita.
Las fallas de Sanitas
La EPS Sanitas, también intervenida, mostró varias falencias en la prestación de los servicios debido a un aparente mal manejo de los recursos. “El 75% de los contratos que estaba haciendo Sanitas EPS eran bajo una modalidad denominada evento, la modalidad más costosa de contratación, donde cada uno de los prestadores (sic) hace sus propias tarifas, se les paga esas propias tarifas y, además, tiene un fomento perverso, que es un estímulo a que lo costoso en salud sea lo que sea prestado, no hay un riesgo compartido en materia de salud”, precisó el funcionario.
Para ejemplificar la situación, explicó que, desde la perspectiva económica, resulta “mejor” atender a un paciente en diálisis, o a un ciudadano que necesite quimioterapia o radioterapia por cáncer, que atender a una mujer que se haya pasado por una citología a tiempo, evitando así más procedimientos. Esto es algo que se habría evidenciado en Sanitas, según las cifras de tamizaje de enfermedades evitables que conoció la Superintendencia Nacional de Salud.
Así las cosas, indicó que la intervención de estas y otras EPS busca mejorar la prestación de los servicios, sin que eso signifique se le va a entregar más dinero a las entidades promotoras para que salden sus deudas. “La medida de intervención no va con un paquete millonario de recursos para poder pagar su pasivo, va con la intención de generar una reestructuración administrativa que corrija todos y cada uno de los errores que se presentaron y que llevaron a esa situación financiera”, aseguró.