Haber tenido empleada doméstica en 2020 puede salir muy caro si no se cumplió con orden de la Corte Constitucional

La Emergencia Económica, Social y Ecológica declarada en Colombia en 2020, a causa de la pandemia del covid-19, permitió la aprobación del Decreto 558 del Gobierno de Iván Duque, que autorizó a los empleadores a reducir sus aportes a pensiones durante abril y mayo de ese mismo año.

Sin embargo, la Corte Constitucional declaró inexequible este decreto posteriormente al argumentar que contravenía los derechos fundamentales establecidos en la Constitución Política. Como consecuencia de esta decisión, los aportes no hechos durante ese periodo deberán ser cubiertos por los empleadores para evitar moras y sanciones.

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Para hacer frente a esta situación, se creó el Decreto 376, que estableció un plazo de 36 meses para que empleadores y trabajadores hagan los pagos pendientes. Este plazo finaliza el 30 de mayo de 2024. A partir de esa fecha, aquellos que no hayan hecho los pagos incurrirán en intereses de mora.

Los empleadores que tenían empleadas domésticas afiliadas al sistema de seguridad social y que acogieron el Decreto 558 durante la pandemia, están obligados a pagar el 13% restante de la cotización a pensión correspondiente a los meses de abril y mayo de 2020.

La directora ejecutiva de Symplifica, Salua García Fakih, explicó la importancia de hacer estos ajustes: “Este ajuste es crucial para evitar inconsistencias en las historias laborales de los empleados, pues al momento de pensionarse les harán falta esas semanas de cotización y tendrán que buscar a sus empleadores, pedirles el pago y desde el primero de junio de este año tendrán intereses de mora”.

Entonces, para una empleada que ganaba el salario mínimo en 2020, que era $980.657, deben pagarse cerca de $115.000 mensuales, sumando casi $230.000 por los dos meses. Si el salario durante esos meses era superior, el valor a pagar incrementará de manera proporcional para cumplir con la normativa vigente.

También es importante destacar que las empresas que acogieron el Decreto 558 están igualmente obligadas a ponerse al día con los pagos al sistema de seguridad social para evitar moras. Esto se aplica a todas las entidades que optaron por la reducción de aportes en el marco de la crisis generada por la pandemia.

García Fakih resaltó las implicaciones de no cumplir con estas disposiciones: “Al no saldar esos aportes, los empleados podrían enfrentar problemas serios al momento de solicitar su pensión debido a la falta de semanas cotizadas.” Esta situación plantea un reto tanto para empleadores como para empleados, quienes deben asegurarse de cumplir estos pagos en el tiempo estipulado.

En definitiva, el momento límite para que se regularicen estos aportes es el 30 de mayo de 2024. Quienes no lo hagan, se enfrentarán a sanciones que incluirán intereses de mora, complicando aún más la situación tanto para empleadores como para trabajadores.

El salario mínimo en Colombia experimentó un incremento significativo del 12% para 2024 y ahora se situó en $1.300.000. Este aumento no solo repercute en los salarios de los trabajadores, sino que también afecta a empleados domésticos que forman parte de los beneficiados por esta medida. El auxilio de transporte también fue ajustado y se estableció en $162.000, lo que lleva el salario total, incluyendo el transporte, a $1.462.000 mensuales.

Los empleados que laboran a tiempo completo deben percibir al menos este nuevo salario mínimo. Para aquellos que trabajan medio tiempo o por días, el pago será proporcional al tiempo trabajado. Esta medida trata de proteger a una significativa porción de la fuerza laboral, particularmente a los empleados domésticos que, en muchas ocasiones, enfrentan condiciones laborales desafiantes.

Además del aumento salarial, los empleadores deben asegurarse de que los empleados están afiliados a la seguridad social, lo que incluye salud, pensión y riesgos laborales. También se debe afiliar a los trabajadores a una caja de compensación familiar, y es obligatorio el pago de prestaciones sociales. Entre estas prestaciones están las cesantías, los intereses sobre cesantías, la prima de servicios y las vacaciones. Estos beneficios son esenciales dentro de la ley para garantizar la protección de los trabajadores del país.

La diferencia en los montos finales entre los empleados internos y externos también es un factor crucial a considerar. Los empleados externos deben recibir el auxilio de transporte, mientras que los internos no lo perciben. La distinción intenta reflejar los costos adicionales que enfrentan los empleados externos en su desplazamiento diario.