Contraloría destapó un presunto detrimento patrimonial de más de $11.000 millones en Emcali

Según el informe del ente de control, se encontraron 33 hallazgos administrativos

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Se reveló un presunto detrimento patrimonial que excede los 11 mil millones de pesos durante el año fiscal 2023 - crédito Luis Jaime Acosta/REUTERS
Se reveló un presunto detrimento patrimonial que excede los 11 mil millones de pesos durante el año fiscal 2023 - crédito Luis Jaime Acosta/REUTERS

La Contraloría General de Cali destapó un nuevo escándalo en Emcali, la principal empresa pública de la ciudad, por cuenta de un presunto detrimento patrimonial que excede los 11 mil millones de pesos durante el año fiscal 2023, bajo la administración del exalcalde Jorge Iván Ospina.

Según el informe del ente de control, se encontraron 33 hallazgos administrativos, de los cuales 28 tienen presunta incidencia disciplinaria, 6 fiscal y 1 penal.

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Se encontraron 33 hallazgos administrativos, de los cuales 28 tienen presunta incidencia disciplinaria, 6 fiscal y 1 penal - crédito Colprensa
Se encontraron 33 hallazgos administrativos, de los cuales 28 tienen presunta incidencia disciplinaria, 6 fiscal y 1 penal - crédito Colprensa

En el comunicado, la Contraloría señaló varias situaciones preocupantes: “En el desarrollo de los ejercicios fiscales, se presentaron situaciones como la entrega incompleta y tardía de información, así como fallas en la veracidad de la información financiera entregada por parte de Emcali, generando incertidumbre en la confiabilidad de los estados financieros”. Estos problemas no solo generaron incertidumbre sobre la veracidad de los estados financieros, también dificultaron la labor de auditoría.

La gravedad de las irregularidades llevó a la apertura de dos Procesos Administrativos Sancionatorios Fiscales contra los altos directivos de Emcali. Entre los aspectos más alarmantes está la imposibilidad de verificar activos valorados en más de 228.000 millones de pesos, debido a problemas con el sistema ERP-SAP, lo que forzó a la Contraloría a emitir una opinión financiera negativa para 2023.

Asimismo, se encontraron numerosos casos de mala praxis financiera, incluyendo estados financieros sin la aprobación de la junta directiva, gastos no justificados por más de 137.000 millones de pesos y cuentas por pagar sin los requisitos necesarios por más de 6.000 millones de pesos. Además, la identificación de 42 bienes inmuebles no debidamente registrados causó una pérdida patrimonial de 5.000 millones de pesos

Otro hallazgo significante fue el pago de 3.400 millones de pesos por un programa de estrategias empresariales cuya efectividad no pudo ser comprobada, implicando posibles consecuencias fiscales, disciplinarias y penales. A esto se suma una gestión fiscal antieconómica de casi 2.000 millones de pesos.

Entre los aspectos más alarmantes está la imposibilidad de verificar activos valorados en más de 228.000 millones de pesos - crédito Luisa González/REUTERS
Entre los aspectos más alarmantes está la imposibilidad de verificar activos valorados en más de 228.000 millones de pesos - crédito Luisa González/REUTERS

En un escenario aún más preocupante la Unidad de Negocio de Telecomunicaciones de Emcali sigue en números rojos, con una pérdida operacional de más de 300.000 millones de pesos y un margen operacional negativo del -303,34%.

Más irregularidades

Inició una indagación previa por parte de la Procuraduría General de la Nación. Esta acción se centra en investigar presuntas irregularidades en el manejo de los pagos de cesantías a un grupo de funcionarios de Emcali

En un comunicado oficial, la Procuraduría informó que esta investigación busca esclarecer las denuncias ligadas a unos 30 empleados sindicalizados que, durante los años fiscales 2022 y 2023, habrían recibido cesantías por montos inusualmente altos, que varían entre 78 millones y 300 millones de pesos.

La verificación de estas transacciones es crucial, pues los pagos sospechosos levantaron alarmas sobre posibles desvíos de fondos dentro de Emcali. Además de examinar la legitimidad de los montos distribuidos, el Ministerio Público investigará si los beneficiarios sobrepasan la edad de jubilación, lo que podría implicar un uso indebido de los recursos destinados a cesantías.

La Procuraduría informó que esta investigación busca esclarecer las denuncias ligadas a unos 30 empleados sindicalizados - crédito Colprensa
La Procuraduría informó que esta investigación busca esclarecer las denuncias ligadas a unos 30 empleados sindicalizados - crédito Colprensa

Dentro de los casos más sobresalientes se encuentra un directivo de una unidad de la empresa que habría recibido anualmente 300 millones en cesantías. También se identifica un pago anual de 137 millones a un trabajador de mantenimiento y otro de 118 millones a un supervisor durante el mismo periodo, lo que suscitó serias sospechas de irregularidades.

El objetivo principal de la indagación previa ordenada es identificar a los responsables de estas acciones y recopilar evidencia para verificar las denuncias. La Procuraduría también evaluará si las conductas investigadas constituyen faltas disciplinarias o si pueden ser excusadas bajo alguna causal de exclusión de responsabilidad. Dependiendo de los hallazgos, se determinarán las medidas legales correspondientes.

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