La reciente solicitud de retiro del sistema de salud por parte de la EPS Sura ha intensificado la crisis en el sector salud en Colombia, luego de que apenas dos meses atrás, la EPS Compensar pidiera su liquidación total y voluntaria, lo que deja a más de 7,7 millones de afiliados en la incertidumbre sobre su futuro acceso a servicios de salud.
Sura cuenta con 5.5 millones de afiliados, de los cuales el 90% corresponde al régimen contributivo, mientras que Compensar acumula 2.2 millones de pacientes que, dependiendo la decisión de la Superintendencia de Salud, deberán ser trasladados a las entidades promotoras de salud que queden vigentes en el sistema, pese a la fuerte crisis financiera que han denunciado la mayoría de las EPS.
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Con las últimas noticias, la situación de las promotoras en el país muestra un panorama desolador, pues las EPS intervenidas por el Gobierno concentran la mayor cantidad de afiliados con un total de 25.2 millones de usuarios, mientras que las EPS que siguen operando sin restricciones llegan apenas al 20% del total de la población con 10.4 millones de afiliados.
Por otro lado, las EPS que están solicitando retirarse del sistema, como Sura y Compensar, suman 7.7 millones de usuarios.
En total, hay ocho EPS intervenidas por la Superintendencia de Salud, entre las que destaca la Nueva EPS, con 10.8 millones de afiliados, y Famisanar con 2.9 millones. Sin embargo, una de las intervenciones más polémicas resultó ser la de Sanitas, que mantiene el servicio a más de 5.6 millones de personas y que, según sectores de la oposición, se debió a una retaliación del Gobierno nacional ante la inviabilidad de aprobar la reforma a la salud.
Aunque no todas las noticias son malas, pues todavía existen diez EPS que no están intervenidas ni han solicitado su retiro, y que además cumplen con las reservas técnicas exigidas por la Contraloría General de la República. Estas entidades representan un bastión de estabilidad en medio de la turbulencia del sector.
Sin embargo, el panorama de la salud en el país no deja de mostrar la crisis por las que atraviesa el sistema, pues la potencial salida de Sura y Compensar se sumaría a una lista extensa de Entidades Promotoras de Salud que han sido liquidadas en los últimos años, ya sea por orden de la Superintendencia de Salud o voluntariamente. A diferencia de Nueva EPS, que se encuentra intervenida para su administración y no para su liquidación, estas dos entidades podrían seguir el camino de la disolución si su solicitud es aprobada.
La lista de EPS liquidadas desde el año 2000 es significativa. Entre las del régimen subsidiado se cuentan Emdisalud, Salud Cóndor, Camacol, Colsubsidio EPS, EPS Cafam, Caprecom, Comfama, COmfenalco Santander, Calisalud, Confaoriente, ESS Salud Sarare, Guaitara Epsi, Cajanal, Colseguros y Comfaunión. Además, en el régimen contributivo, han sido liquidadas EPS como Saludcoop, Cafesalud EPS, Cruz Blanca, Golden Groups, Salud Colpatria y Red Salud Atención Humana.
Entretanto, la presidenta de Acemi, Ana María Vesga, le advirtió al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, que las EPS no tienen otra opción que retirarse voluntariamente del sistema, tal como solicitó recientemente Sura.
Vesga envió una carta de siete páginas al jefe del ministerio de salud titulada ‘Propuesta para enfrentar la crisis del sistema de salud’. En dicha carta, la presidenta destacó el riesgo financiero y la potencial desaparición del actual sistema de aseguramiento de salud en Colombia, bajo las condiciones propuestas por el Gobierno del presidente Gustavo Petro.
En la misiva, Vesga afirmó: “Señalamos que la gestión del riesgo financiero que asumimos hoy en el sistema, es insostenible en un escenario de UPC insuficiente”. Argumentó que, como lo indicó la Corte Constitucional en el Auto 875 del 10 de mayo, la falta de suficientes recursos impide atender las necesidades de salud de la población, lo cual conduce a una “difícil situación financiera para las EPS”.
Además, la dirigente subrayó la necesidad de revisar los artículos relacionados con la transformación de las EPS en gestoras y su papel en el sistema, y recomendó la creación de una mesa financiera sectorial para enfrentar la compleja situación económica del sistema de salud.
En la carta, Vesga detalló que esta mesa tendría el objetivo de ajustar la UPC del año 2024, tomando en cuenta que el cálculo de este año se hizo con menos del 40% de la información del sistema. También propuso revisar el ajuste a los presupuestos máximos de los años 2022 y 2023, cuya liquidación resultó deficitaria para las EPS, con el fin de mejorar la liquidez del sistema y garantizar las condiciones financieras necesarias.