La procuradora General de la Nación, Margarita Cabello Blanco, presentará a la ciudadanía los resultados de su gestión en 2023 bajo la consigna Somos Procuraduría, estamos con los colombianos. La audiencia de rendición de cuentas, la cual será de manera pública, se llevará a cabo en el hotel Grand Hyatt en la ciudad de Bogotá, el jueves 30 de mayo de 2024.
De acuerdo con el Ministerio Público, su enfoque de protección y los derechos humanos ha sido orientado en los líderes sociales, defensores de los derechos humanos.
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Por ejemplo, la situación de la población migrante en zonas como Cúcuta, el tapón del Darién y la isla de San Andrés, han estado en el lente de la entidad de control, al presentar varios informes dirigidos a las autoridades correspondientes sobre la situación de los derechos humanos en estas zonas del territorio nacional.
Según dio a conocer el Ministerio Público, también tuvo desplazamientos por Buenaventura, Chocó y Tierralta para monitorear y atender las caóticas situaciones de orden público generadas mediante actos delictivos por grupos armados organizados al margen de la ley.
Desarrollo de la gestión pública
Además, en cuanto a la gestión pública, la Procuraduría destacó el seguimiento a los dos proyectos de reforma laboral, los cuales fueron presentados por el Gobierno nacional y sobre los cuales se formularon observaciones enfocadas en la reiteración de aspectos fundamentales de una reforma pensional ante el Ministerio de Trabajo.
La contratación del Programa de Alimentación Escolar (PAE), proyectos como la primera línea del metro de Bogotá y los procesos para la adquisición de los servicios TIC del SENA, además del proceso MinTic para la Asignación del Espectro 5G, son algunos de los casos en los que la entidad de control deberá exponer y dar respuesta en la audiencia.
Acceso a la salud
Respecto a la salud del 2023, la Procuraduría manifiesta que tuvieron varios desafíos respecto a acciones que contemplaron el análisis y seguimiento del proyecto de ley de reforma al sistema de salud, por lo que adicionalmente la entidad señala: “Se ha enfrentado la crisis financiera del sistema de salud, liderando mesas técnicas, efectuando requerimientos de información y tomando medidas disciplinarias”.
Otro de sus argumentos a exponer es el seguimiento exhaustivo a las juntas de calificación de invalidez en el que, según el Ministerio Público, logró resolver el 82 % de los casos. Además, marcó el inicio de investigaciones disciplinarias ante el represamiento de trámites presentados ante el Invima.
Enfoque diferencial y de género
En este caso, la estrategia Promujeres orientó sus esfuerzos a la prevención y atención de violencias contra las mujeres, en el que se incluyen niñas, adolescentes y las jóvenes. De este modo, según la Procuraduría se elaboraron 2.696 informes que alertan a los personeros sobre la necesidad de intervención judicial penal prioritaria en casos de violencias basadas en género.
Por lo tanto, presentaron 151 conceptos ante la Corte Constitucional. Dos de estos, acogidos por la alta corporación, el cual defendió la igualdad en la concesión de licencias de maternidad para los hombres trans y los individuos de género no binario, además del apoyo en la reducción del número de semanas de cotización que las mujeres deben completar para acceder a la pensión de vejez, en el régimen de prima media.
Ministerio Público como factor transformador de la justicia
De acuerdo con la entidad de control, la conciliación fue de vital importancia, al representar un ahorro para el Estado que superó el billón de pesos, tras lograr 2.232 acuerdos conciliatorios.
Uno de los casos que resalta el Ministerio Público en esta materia constituye la actuación adelantada frente a las demandas de más de 50 mil docentes, afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag), que pretendían indemnizaciones por un valor cercano a los 3.7 billones de pesos.