El recaudo tributario bruto de Colombia entre enero y abril de 2024 acumuló un déficit significativo de aproximadamente $10,98 billones con relación a la meta prevista para ese periodo, según informaron tres fuentes gubernamentales familiarizadas con los datos.
Durante los primeros cuatro meses del año, el recaudo fiscal de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) alcanzó $81,53 billones, lo que equivale al 88% de cumplimiento de la meta de $92,5 billones. Solo en abril, la recolección tributaria del país fue de $18 billones, un 27% por debajo de la meta mensual de $24,65 billones, indicaron las fuentes.
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De acuerdo con un análisis de Reuters, el impacto de la desaceleración económica, que el año pasado experimentó una expansión del 0,6% y un avance del 0,7% en el primer trimestre de este año, es citado por analistas como la causa principal del menor recaudo. “La desaceleración económica ha afectado de manera directa el desempeño tributario”, señalaron los expertos.
Estas cifras tributarias plantean un desafío considerable a las metas fiscales de Colombia. Los expertos advirtieron a la agencia que el déficit en el recaudo pone bajo presión la meta de déficit fiscal del 5,3% del Producto Interno Bruto (PIB) para este año. En marzo, el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf) proyectó que el país no cumpliría con la regla fiscal en 2024, basándose en los números actuales del plan financiero del Gobierno.
‘Culpa del Congreso’
El saliente director de la Dian, Luis Carlos Reyes, quien ahora es ministro de Comercio, Industria y Turismo, había explicado que la situación del recaudo tributario nacional durante el primer trimestre de 2024 fue debido a la ausencia de arbitraje en litigios fiscales. Esta falta de arbitraje generó preocupaciones significativas sobre los ingresos esperados por el Gobierno.
Reyes señaló que la propuesta de litigios tributarios se presentó en noviembre de 2023 para asegurar el recaudo de estos recursos. Aseguró que el Congreso de la República es el responsable de aprobar o rechazar esta propuesta, por lo que señaló que “el Congreso de la República es el que tiene hoy la prerrogativa de que esto pase o que no. De ninguna manera buscaríamos nosotros que el Ejecutivo hiciera cosas que le corresponden al Legislativo”.
El Ministerio de Hacienda incluyó en su Plan Financiero para 2024 una proyección optimista de $10 billones provenientes de litigios y demandas favorables a la Dian. No obstante, datos recientes de la Dian recalcularon la cifra esperada entre $1,82 billones y $3,28 billones.
Luis Carlos Reyes reafirmó que “el proyecto de ley de litigios que radicó el Ministerio de Hacienda está en manos del Congreso que es el último garante de las finanzas del Estado”, subrayando la importancia del Legislativo en la aprobación de medidas cruciales para las finanzas públicas.
Lío con el Comité Autónomo de la Regla Fiscal
Asimismo, Reyes desmintió que la Dian hubiera informado al Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf) que los recursos procedentes de los litigios podían ser considerados seguros, por lo que reafirmó la incertidumbre que rodea estos ingresos.
Expertos como el exdirector de la Dian Lisandro Junco manifestaron inquietudes acerca de los ingresos proyectados por el Gobierno debido a los litigios fiscales. La diferencia entre las estimaciones del Ministerio de Hacienda y las proyecciones actuales de la Dian exacerbaron estas preocupaciones y pusieron en duda la certeza de los recursos contemplados en el plan financiero gubernamental.
Luis Carlos Reyes destacó que “la propuesta se hizo a tiempo para tener ese recaudo”, pero que ahora depende del Congreso tomar las acciones necesarias para asegurar estos ingresos.
Flexibilización de la regla fiscal
El presidente Gustavo Petro propuso flexibilizar la regla fiscal, la norma que establece un límite para el endeudamiento del Gobierno nacional (el límite de deuda es igual a 71% del Producto Interno Bruto - PIB - y el ancla de deuda es igual a 55% del PIB). Esto, para aumentar la inversión pública para fomentar el crecimiento económico.
Sin embargo, la calificadora de riesgos Fitch señaló que esta estrategia podría presentar un desafío significativo para la consolidación fiscal del país. “Flexibilizar la regla fiscal y aumentar la inversión pública podría complicar la consolidación fiscal”, opinó Fitch.
Cupo de endeudamiento
De igual forma, el Ministerio de Hacienda, bajo la dirección de Ricardo Bonilla, gestiona en el Congreso de la República una solicitud para ampliar el cupo de endeudamiento hasta por USD USD17.000 millones, con el fin de cumplir con el servicio de deuda y financiar el Plan de Desarrollo del Gobierno de Petro. Esta solicitud es parte de una serie de medidas destinadas a mantener la estabilidad económica mientras se impulsa el crecimiento.
Y es que con el incumplimiento de las metas tributarias no solo afecta las cifras fiscales, sino también la percepción de la estabilidad económica del país. “Las metas fiscales se ven en peligro ante el desempeño actual del recaudo”, afirmaron analistas. Esta situación exige una reevaluación de las estrategias fiscales y económicas para abordar los retos presentes y futuros.