La alcaldía de Medellín reconoció que la supuesta “auditoría forense” realizada a la administración de Daniel Quintero fue, en realidad, simplemente un informe de gestión que se realiza normalmente cuando se hace el empalme entre una y otra administración.

El congresista Alejandro Toro, representante del Pacto Histórico, había iniciado un proceso judicial para demostrar que el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, no había llevado a cabo una auditoría forense como había afirmado. En ese procedimiento fiscal que nunca existió Fico dijo que habían encontrado más de quinientos hallazgos de corrupción.

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El representante Alejandro Toro expresó su indignación ante esta revelación: “Es reprochable que un alcalde deba reconocer que le mintió al país por intereses políticos”. Y es que esta confesión solo se produjo después de dos fallos judiciales que obligaron a la administración local a responder la pregunta que el congresista había hecho por medio de un derecho de petición, que no había sido respondido conforme lo establece la ley.

El documento enviado por la Alcaldía de Medellín al congresista Toro, después del fallo en segunda instancia, detalla: “Desde el Distrito de Medellín, no se ha llevado a cabo, ni se ha contratado una auditoría forense, puesto que el procedimiento adelantado es el reglado en la ley 951 de 2005″.

Toro anticipó que podría haber demandas de los afectados por lo que calificó como un “show mediático” y pidió a los entes de control pronunciarse sobre el caso. “¿Los organismos de control, a los que se les usó de manera indebida su logo (sin autorización) como la Contraloría, tendrán algo que decir? ¿Los funcionarios que se prestaron para este montaje, extralimitando sus funciones podrían ser sancionados?”, preguntó el representante a la Cámara por Antioquia.

Esta admisión ha generado un llamado a la transparencia y responsabilidad en la gestión pública, y pone en tela de juicio las acciones del alcalde Federico Gutiérrez.

El equipo de Toro le explicó a Infobae Colombia todo el recorrido jurídico que atravesaron para que finalmente la Alcaldía de Medellín respondiera: “Primero, un derecho de petición que no fue respondido. Luego, una tutela que obligaba a la Alcaldía responder y enviar los 501 hallazgos de corrupción, tampoco lo enviaron”.

Después de que el Distrito Especial de Medellín impugnara o, mejor dicho, refutara la decisión inicial, un segundo juez falló en segunda instancia y ratificó lo que había indicado la primera: que la Alcaldía debía entregar la información. Sin embargo, como nunca hubo una auditoria forense, no tenían ninguna información que entregar que respondiera a tal inquietud.

Desde antes de que se llevaran a cabo las elecciones regionales del 29 de octubre de 2023, Fico había anunciado: “Una vez ganemos las elecciones, no haremos empalme sino auditoría forense para descubrir cómo se robaron a Medellín”, así se lee en un mensaje que escribió en su cuenta de X el actual alcalde.

Luego, en noviembre, el mandatario de la capital antioqueña expresó en su perfil: “El próximo martes anunciaré los nombres de las personas que harán parte de nuestra comisión de empalme. A su vez, habrá un equipo técnico que acompañará dicha comisión y se encargará de aplicar técnicas de auditoría forense”.

El 4 de marzo, el alcalde de Medellín presentó un informe que detallaba la supuesta auditoría forense sobre los procesos de contratación y manejo de recursos durante la administración de Daniel Quintero. Dentro de los presuntos hechos, Federico Gutiérrez dijo que 262 hallazgos estaban siendo examinados por la Procuraduría y la Personería de Medellín, 156 por la Contraloría y 83 por Fiscalía General de la Nación.