La EPS Sura presentó una solicitud voluntaria al Gobierno para dejar de operar en el sistema de salud como entidad prestadora de servicios.

La junta directiva de la EPS anunció en la mañana del 28 de mayo que el desmonte sería progresivo, “de manera ordenada y diligente”, asegurando una transición lo menos traumática posible para los más de 5,3 millones de pacientes.

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Gildardo Vargas Vásquez, presidente de la asociación de usuarios de la aseguradora en Medellín, calificó la situación como “muy lamentable” en declaraciones a la revista Semana. “El país y muchas organizaciones saben lo que ha pasado con la salud”, agregó.

Vargas destacó que la crisis financiera de Sura es un reflejo de una situación estructural que ha afectado al sistema de salud durante la última década, con la caída de muchas otras EPS que han presionado al sistema.

Sin embargo, sí indicó que recientemente la situación se había agravado para las prestadoras de servicios: “Creo que los recursos nunca han sido suficientes, pero ahora se debilitó más por el no ajuste de la UPC y la menor cantidad de dinero destinado para las enfermedades catastróficas”, concluyó al medio referido.

Finalmente, el representante dijo que los paciente están potencialmente en riesgo: “Antes de que la Superintendencia de Salud dé respuesta de que si acepta o niega el retiro como EPS, de todas maneras está causando una alerta, incertidumbre e inquietud”. No obstante, hizo un llamado a la calma diciendo que “si se cumple lo que dijeron los directivos en la rueda de prensa, existe un parte de tranquilidad temporal”

Juana Francisca Llano, de la junta directiva de la EPS, explicó que la decisión se tomó con el objetivo de prever una eventual intervención de la Superintendencia de Salud debido a que no cumplen con los estándares financieros necesarios. “Se trata de una decisión con la que buscamos anticiparnos para evitar lo ocurrido con otras EPS”, señalaron.

Frente a la incertidumbre que esta decisión ha provocado, la EPS enfatizó que todas las atenciones seguirán proporcionándose con normalidad y todos los canales de atención continuarán. Esto será así hasta que la Superintendencia de Salud responda a la solicitud de retiro de Sura. La entidad tiene un plazo de 65 días hábiles para responder a esta solicitud.

Una vez se apruebe el plan de desmonte, los afiliados actuales de Sura serán transferidos a otras EPS. “El Gobierno tiene establecidos unos mecanismos para asignar a los afiliados a las EPS receptoras”, señaló el gerente de la EPS.

A finales de diciembre de 2023, Acemi (Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral) solicitó al Gobierno Nacional que definiera rápidamente las acciones necesarias para garantizar la suficiencia de recursos en el sector salud y el pago de los valores adeudados a las EPS.

En una carta, la presidenta de Acemi, Ana María Vesga, señaló: “A pesar de los múltiples llamados al Gobierno Nacional para realizar un ajuste a la UPC para 2024 que reconociera el mayor gasto en salud y las desviaciones acumuladas de los últimos años, que han venido deteriorando la situación financiera de las EPS, así como a honrar el pago oportuno de los presupuestos Máximos corrientes y sus ajustes, hasta la fecha, el Ministerio de Salud no había tomado las medidas necesarias para evitar una crisis financiera mayor en el Sistema”.

Luego, cuando se definió el aumento del 12,01% en la UPC, el gremio publicó en X que: “No hubo aumento real de la UPC”. Según se lee en la publicación, el gremio de las EPS aseguraron que el Gobierno no había tenido en cuenta las peticiones de varios sectores para aumentar la UPC, que es el monto del pago que hace el Estado por la atención en salud de cada paciente que cotiza para recibir atención de salud.

El trino decía: “Un 12.01 % no solo es insuficiente, sino que supone también la no viabilidad en el futuro del Sistema que le da salud a los colombianos”.