Escándalo en la Ungrd: Agencia Jurídica del Estado pidió a la Fiscalía reconocer su rol de interviniente

La Agencia de Defensa Jurídica del Estado (Adje) solicitó a la Fiscalía General de la Nación el reconocimiento como “interviniente” para hacer parte en el proceso penal que lidera la entidad, por el presunto entramado de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).

El director de la Agencia, John Jairo Camargo Motta, envió una carta de seis páginas a Andrea Muñoz Arango, fiscal 79 especializada anticorrupción, en la que le informó que la Agencia “ha seleccionado para intervención, atendiendo la relevancia del caso y en búsqueda de la protección del patrimonio del Estado la investigación penal que actualmente adelanta su despacho”. Así lo reveló Blu Radio, medio que tuvo acceso al documento.

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Asimismo, la entidad encargada de liderar la prevención del daño antijurídico y la defensa jurídica del Estado expresó en el documento radicado ante la Fiscalía que tiene conocimiento que la Ungrd llevó a cabo la contratación de 40 carrotanques destinados a llevar este recurso a La Guajira.

“Se tiene conocimiento que en la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, se adelantó un proceso de contratación para adquirir 40 carrotanques por valor de 46.800 millones de pesos, cuyo propósito era atender la situación de emergencia económica, social y ecológica declarada en el departamento de La Guajira”, se leyó en la carta.

Igualmente, la Agencia sostuvo que tiene conocimiento de las presuntas irregularidades en el proceso de contratación que implica a Olmedo Lopéz, exdirector de la Ungrd, su hombre de confianza Sneyder Pinilla, y otras figuras relevantes del sector político colombiano.

Puntualmente, el documento indicó que entre las irregularidades se considera la posible concentración de las tres empresas participantes en la cotización para excluir a otros ofertantes. Y también resaltó la omisión de vigilancia del ordenador del gasto, que no manejó de forma eficiente los recursos públicos asignados, lo que llevó a sobrecostos en el proceso.

Frente a esos argumentos, la Agencia de Defensa Jurídica del Estado justificó su inclusión al caso bajo el rol de “interviniente”, pues considera que las denuncias pueden constituir crímenes contra la administración y patrimonio públicos entre los que podrían ser víctimas la Ungrd y el Fondo Nacional de Gestión de Riesgo.

La entidad gubernamental también solicitó estar informado sobre la sucesión de los hechos, que llevaron a consolidar el entramado de corrupción para “evitar que hechos similares vuelvan a ocurrir al interior de entidades públicas, prevenir los daños antijurídicos que estos actos de corrupción puedan haber causado y aminorar la responsabilidad patrimonial del Estado que la conducta de los exservidores públicos investigados pudiera generar”.

La investigación que envuelve a la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres (Ungrd) por el escándalo de los carrotanques destinados a llevar este servicio a La Guajira tiene a otro actor implicado.

La Contraloría General de la Nación notificó a la prestigiosa aseguradora Impoamericana Roger S.A.S., que hará efectiva la póliza de cumplimiento, por lo que desde el 27 de mayo de 2024 quedan relacionados con la investigación que adelanta el órgano de control.

De acuerdo con información publicada por El Tiempo, la Contraloría ya abrió un expediente de responsabilidad fiscal en contra de López, exdirector de la Ungrd, y contra Pinilla, exsubdirector de la entidad y hombre de confianza de López, por un posible perjuicio de $47.000.000.000.

Así mismo, notificó a la firma de Seguros del Estado, por medio de una carta, que han sido vinculados al caso, puesto que fueron la empresa encargada de vender los 40 carrotanques al contratista Luis Eduardo López, conocido con el alias de El Pastuso.

Ante la vinculación al caso, la aseguradora del Estado solicitó a la empresa informar su postura en un plazo máximo de cinco días. Además, debe aportar material probatorio que ratifique el cumplimiento de sus obligaciones contractuales.