En marcha sigue el plan del presidente del Ecuador, Daniel Noboa, para descongestionar las cárceles en su país y hacer frente a la crisis de inseguridad interna que llevó a que en el 2023 la nación vecina registrara la mayor tasa de muertes violentas en América Latina.
A inicios del 2024, el primer mandatario manifestó que entre sus planes estaba el de repatriar a los 1.500 reos colombianos que se encuentran en penales del país vecino, empezando por un grupo de 131, en lo que el presidente Petro llegó a tildar de una decisión unilateral que dejaría sin efectos las decisiones judiciales en su contra.
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Sin embargo, en charlas posteriores entre el el Ministerio del Interior y el Servicio de Atención a Privados de la Libertad (Snai) y el Ministerio de Justicia y el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) colombianos se discutió cómo “abordar la aplicación de los mecanismos de colaboración y cooperación judicial entre ambos países en el marco del Convenio de Esmeraldas” para mitigar la crisis de seguridad en los penales ecuatorianos.
Trece de esos 131 llegaron al país en la tarde del jueves 18 de abril y los expedientes de los otros 118 ya fueron entregados a las autoridades colombianas con el fin de continuar su proceso de traslado. Una labor que el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana de Ecuador agradeció en las +ultimas horas a través de un comunicado:
“El Gobierno de la República del Ecuador apreciará en alto grado la cooperación del Gobierno de la República de Colombia para la aplicación ágil y eficaz del Convenio Bilateral, así como de su Reglamento y de esta forma consolidar la relación bilateral a través de los mecanismos de cooperación internacional entre las dos naciones”,
13 reos con delitos relacionados al narcotráfico fueron los primeros en ser repatriados a territorio colombiano:
Trece colombianos condenados por tráfico ilícito de sustancias fueron repatriados desde Ecuador a Colombia, según la resolución emitida el 17 de abril de 2024 por el director general del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), Daniel Gutiérrez. Los condenados fueron recibidos en la cárcel de Ipiales, Nariño, para cumplir con el resto de sus penas, por acuerdo de ambos países.
El grupo, compuesto por once hombres y dos mujeres, fue sentenciado por diferentes grados de participación en el delito de tráfico ilícito de sustancias sujetas a fiscalización. La mayoría de los repatriados cumplirá una condena de un año y ocho meses, aunque algunos casos, como los de Obeymar Hilamo y Oswaldo Hilamo Vitonas, implican penas más severas de hasta diez años en prisión.
Entre los repatriados se encuentran William Eduardo Bonilla, Yineth Marín Henao, Duvan Felipe Mina, Obeymar Hilamo, Jason Ortiz Valencia, Oswaldo Hilamo, Mery Lisbeth Corredor, Gustavo Adolfo Chalapud, John Bayron Toro, Luis Carlos Viveros, Yeison Camilo Peñuela, Luis Vallardo Ospina y Anselmo Murcia León. La resolución que permite su traslado fue suscrita con el fin de aliviar la presión en las cárceles ecuatorianas, según declaró el presidente ecuatoriano Daniel Noboa.
“El Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República de Ecuador suscribieron el 18 de abril de 1996 el ‘Convenio sobre Tránsito de Personas, Vehículos, Embarcaciones Fluviales y Marítimas y Aeronaves Colombia-Ecuador’,” destaca el documento que avala el traslado de los reos. Este convenio, en su artículo 86, establece el procedimiento para la repatriación de personas sentenciadas y el reglamento operativo para el traslado de personas condenadas, el cual fue firmado el 7 de abril y el 29 de julio de 1994 en la ciudad de Quito.
Este proceso es significativo tanto por el alivio que trae a las familias de los condenados, quienes estarán más cerca de sus seres queridos, como por la descompresión de las cárceles ecuatorianas, una medida que el gobierno de dicho país está impulsando para mejorar las condiciones carcelarias.
Nicolás Murgueitio Sicard, director de Asuntos Internacionales del Ministerio de Justicia y del Derecho de la República de Colombia, confirmó la ejecución de la resolución que autoriza el traslado de los connacionales: “El Gobierno de Colombia, en coordinación con las autoridades ecuatorianas, ha logrado la repatriación de nuestros ciudadanos, garantizando que continúen cumpliendo sus condenas en territorio nacional”.
William Eduardo Bonilla, uno de los repatriados, expresó según El Heraldo que el proceso de repatriación les permite estar en un entorno más familiar y menos hostil: “Este traslado representa una segunda oportunidad para reintegrarnos a nuestras comunidades una vez cumplamos nuestras sentencias,” señaló.
Las imágenes difundidas muestran a los trece colombianos siendo escoltados desde el Puente Internacional de Rumichaca hasta el centro penitenciario en Ipiales. Estos procedimientos han sido establecidos para asegurarse de que la transición desde las cárceles ecuatorianas a las colombianas se realice de manera ordenada y segura.
Mery Lisbeth Corredor, otra de las repatriadas, fue condenada a dos años de prisión y manifestó su arrepentimiento en su retorno a Colombia: “Estoy dispuesta a cumplir mi condena y después rehacer mi vida fuera del delito,” mencionó en una declaración recogida por medios locales.
Mientras tanto, el director del Inpec, Daniel Gutiérrez, fue enfático en la importancia del cumplimiento de estos tratados internacionales para la administración penitenciaria de ambos países: “La cooperación entre Ecuador y Colombia en temas de justicia y penitenciarios es crucial para la mitigación de la sobrepoblación carcelaria y el respeto a los derechos de los reclusos,” subrayó Gutiérrez.
Los condenados, una vez en la cárcel de Ipiales, fueron sometidos a un proceso de adaptación a las condiciones del centro y recibieron visitas supervisadas de sus familiares, en un intento por favorecer su rehabilitación y posterior reintegración a la sociedad.