Capturan a mujer que reclutaba jóvenes para ser explotados sexualmente en México: pertenecía a peligrosa banda

La Policía Nacional capturó a Angie Lizeth Pinto Rocha, de 26 años, que contactaba a mujeres jóvenes entre los 16 a los 26 años para ofrecerles trabajo en México. Según las autoridades, Pinto Rocha se acercaba a sus víctimas y les prometía empleo como mesera en los bares, pero al momento de llegar al país vecino eran obligadas a realizar prácticas sexuales.

Los hechos fueron denunciados por una de las víctimas de Cumaral, Meta, que relató cómo fue engañada, en julio de 2019.

Tal como lo manifiesta la afectada, Pinto Rocha le ofreció viajar al exterior donde trabajaría en un restaurante, pero fue explotada sexualmente. En el análisis del caso, se cree que la detenida pertenece a una banda delictiva dedicada al negocio de la trata de personas y que manejaba una red de explotación sexual entre los dos países.

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Para ganarse la confianza de las jóvenes, Pinto Rocha les giraba los recursos necesarios para tramitar el pasaporte y comprar los tiquetes aéreos. Al llegar a Mérida, en el estado de Yucatán, a las víctimas las recibían miembros de una organización ilegal, que las llevaban a un inmueble donde había otras mujeres.

En el apartamento eran obligadas a quitarse la ropa y a permanecer desnudas. Además, tenían que compartir habitación con otras víctimas, que vivían en condiciones deplorables. De allí, eran llevadas a un establecimiento nocturno, donde las sometían a sostener relaciones sexuales con diferentes hombres y, si se oponían, les exigían devolver el dinero que les habían enviado.

Para evitar intentos de escape, los delincuentes retenían los pasaportes de las mujeres y las obligaban a tomar grandes cantidades de bebidas embriagantes y estupefacientes.

Por estos hechos, se llevó a cabo la captura de Pinto Rocha en el Aeropuerto Internacional El Dorado, de Bogotá, cuando llegaba de México. Un fiscal especializado de Villavicencio le imputó cargos por el delito de trata de personas, el cual fue aceptado y un juez la envió a prisión.

La Guardia Civil española detuvo en la provincia de Sevilla, España, a dos personas por su presunta implicación en el delito de trata de personas con fines de explotación laboral y liberó a dos víctimas colombianas. Según las autoridades, los detenidos captaron a las mujeres en el país y les ofrecieron puestos de trabajo legales en suelo ibérico para cuidar a personas mayores.

Los presuntos autores del delito se encargaron de financiar el viaje de las víctimas, pero una vez en suelo español fueron obligadas a contraer una deuda económica abusiva. Sus captores las mantenían aisladas, bajo constante vigilancia y en condiciones deplorables que imposibilitaba su libertad de movimiento y comunicación.

Además de la retención de sus documentos personales y su pasaporte para evitar una posible fuga, las intimidaron con amenazas a su integridad física y la de sus familiares, según detallaron las autoridades del país europeo.

Las colombianas fueron sometidas a condiciones laborales ilegales y las despojaron de gran parte de su salario para saldar la deuda que habían adquirido con ellos al arribar a España. La falta de recursos y la presión a la que fueron sometidas para cumplir con los plazos de pago las obligaron a vivir en una situación económica precaria.

Los detenidos fueron puestos a disposición de las autoridades judiciales competentes por el delito de explotación laboral, mientras que las víctimas fueron liberadas y están bajo la protección de la Guardia Civil de Sevilla.

Este caso es un reflejo de la problemática migratoria en el país ibérico. Según la Guardia Civil española, en 2023 fueron liberadas 1.466 víctimas de redes de trata y de explotación sexual o laboral, un 24 % más que el año anterior, y en su mayoría, eran de origen latinoamericano.

En el mismo año, detuvieron a 923 personas y desarticularon 109 grupos criminales, según el balance estadístico de 2023 publicado por el Ministerio del Interior de España.

De las 1.466 víctimas liberadas, se identificaron a 18 menores y otros tantos casos en los que una persona fue víctima de más de un delito, es decir, de trata y también de explotación sexual o laboral.

De acuerdo con el informe, 294 víctimas fueron liberadas de las redes de trata de seres humanos para su explotación sexual, tres de ellas menores de edad. El perfil mayoritario es el de mujeres de entre 28 y 32 años procedentes de Colombia, Venezuela y Paraguay.