Senado aprueba ley de tarifas diferenciales en peajes de Colombia: de esto se trata

El Senado de la República, específicamente en la Comisión Sexta, aprobó el proyecto de ley relacionado con el paso por estaciones de peajes y el establecimiento de tarifas especiales diferenciales para vehículos clasificados en las categorías I y II, bajo la ponencia del senador Julio Alberto Elías Vidal, del Partido de La U.

El proyecto de ley 127 de 2023, presentado por el senador Antonio Correa Jiménez, también del Partido de La U, busca mejorar el flujo en las estaciones de peaje, proporcionando herramientas a la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional y/o a las autoridades de tránsito para la aplicación del tráfico reversible o el levantamiento de las barreras en caso de alteraciones que causen represamientos. Esto se hace con la cooperación de los operadores de las estaciones para una correcta coordinación.

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Además, se establecen directrices específicas para la aplicación de tarifas especiales diferenciadas, con el fin de evitar arbitrariedades y politización en su asignación. Se detallan los requisitos y métodos de asignación del beneficio para los ciudadanos que viven cerca de una estación de peaje.

En línea con la estrategia de automatización implementada mediante los telepeajes, se pretende que los vehículos nuevos comercializados estén equipados obligatoriamente con los dispositivos necesarios para su uso. Esto se aplicará independientemente de la empresa habilitada elegida por los concesionarios.

Asimismo, el sistema de peajes electrónicos permitirá sancionar automáticamente a los infractores que no tengan un Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (Soat) vigente y se les impedirá transitar por carretera.

En un intento por abordar las preocupaciones de los ciudadanos y mejorar la gestión de los peajes en Colombia, se aprobó el proyecto de ley que busca reformar la política de asignación y administración de estas tarifas viales. La iniciativa, basada en el artículo 338 de la Constitución Política y la Ley 105 de 1993, busca garantizar una adecuada financiación de la infraestructura de transporte y promover su desarrollo sostenible.

Según el exministro de Transporte Guillermo Reyes, “los peajes viales son un instrumento crucial para la financiación de la infraestructura de transporte, tanto a nivel local como nacional. Sin embargo, su administración debe ser transparente y equitativa para asegurar que los recursos se utilicen de manera eficiente y que los usuarios reciban un servicio de calidad”, fue una de las bases para justificar el proyecto de ley.

El proyecto de ley propone varias medidas para abordar las preocupaciones existentes. En primer lugar, busca establecer criterios claros para la definición de los valores monetarios de los peajes, evitando aumentos desproporcionados y garantizando que las tarifas estén en línea con el índice de precios al consumidor (IPC) del año anterior.

Además, el proyecto contempla la implementación de medidas para reducir la congestión en los puntos de peaje, como la fijación de una distancia mínima de 150 kilómetros entre casetas. Esto no solo beneficiaría a los conductores al reducir los tiempos de espera, sino que también contribuiría a mejorar la fluidez del tráfico y reducir los impactos ambientales.

Otro aspecto importante del proyecto es su enfoque en la participación ciudadana y la mitigación de conflictos. Así mismo, se establece la tarifa especial diferencial para vehículos clasificados en las categorías I y II.

Estas son las categorías manejadas por el Instituto Nacional de Vías (Invías):

• Categoría I: automóviles, camperos y camionetas.
• Categoría II: buses, busetas con eje trasero de doble llanta y camiones de dos ejes.
• Categoría III: camiones de tres y cuatro ejes.
• Categoría IV: camiones de cinco ejes.
• Categoría V: camiones de seis ejes.

El proyecto de ley también aborda el tema de la interoperabilidad de los peajes electrónicos, con el objetivo de facilitar el viaje de los ciudadanos a través de la red vial nacional. Hasta el momento, se han habilitado 88 peajes electrónicos y se espera que pronto se complete el 100% de la implementación.

En cuanto al impacto fiscal, el proyecto cumple con lo establecido en la Constitución Política y la Ley 5 de 1992, al no implicar un gasto público adicional, de acuerdo con la presentación. Por el contrario, se espera que las reformas propuestas contribuyan a una mejor gestión de los recursos y una mayor eficiencia en la financiación de la infraestructura de transporte.