Isabel Zuleta anunció acciones legales frente al operativo para desalojar 7.000 personas en Caucasia

La Alcaldía de Caucasia, Antioquia, inició el operativo para desalojar a miles de familias que viven en la Hacienda Santa Helena, en ese municipio del Bajo Cauca antioqueño. Este predio tiene el tamaño equivalente a 530 canchas de fútbol del tamaño del Santiago Bernabéu o a ocho veces la Ciudad del Vaticano.

La Hacienda Santa Helena es considerada una de las mayores ocupaciones ilegales de tierras en Colombia, pues las 120.000 hectáreas están pobladas de manera irregular por unas 7.000 personas, que comenzaron su éxodo al lugar desde finales de marzo de 2024.

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La alcaldía justificó el operativo: “Estas restricciones, de acuerdo con la administración, fueron tomadas con el objetivo de facilitar el procedimiento de desalojo y mantener el orden en el municipio”.

Ante la decisión de la entidad gubernamental, la senadora Isabel Zuleta anunció acciones legales contra la administración municipal de Caucasia si llega a desalojar por la fuerza a la población. Además, hizo un llamado a seguir las directrices del Gobierno Nacional y a la Policía Nacional para resolver la problemática, dando prioridad a la dignidad de los ocupantes y al respeto de sus derechos.

La senadora escribió en su cuenta de X: “La población del Bajo Cauca ya tiene suficiente con la violencia de los grupos armados ilegales, como para que también les toque sufrir la violencia del Estado por orden de la Alcaldía de Caucasia, pese a que el Gobierno Nacional ha ofrecido todas las garantías para resolver esta situación por otros medios y respetando la dignidad de los ocupantes”.

Igualmente, señaló que el déficit habitacional del municipio se debe resolver de manera estructural, pues " el uso de la fuerza (desalojo) solo aplaza el problema, esto sin mencionar que hay graves cuestionamientos legales sobre el actuar de la Alcaldía en esta diligencia”, agregó.

Desde 1998, la hacienda era propiedad de Juan Gabriel Úsuga Noreña, un narcotraficante confeso y extraditado a Estados Unidos en 2001. Según las escrituras de los tres lotes que componen el terreno, Úsuga pagó por ellos $1.225.000.000 y dos años después puso el lote a nombre de la sociedad Finca Santa Helena S.A.

En 2003, esta sociedad le vendió a Promigas, empresa especializada en el transporte de gas y energía, una servidumbre por 25 millones de pesos. Sin embargo, la Fiscalía General de la Nación embargó la propiedad con miras a la extinción de dominio al año siguiente.

Hoy en día, la Sociedad de Activos Especiales (SAE) se encarga de administrar el predio Santa Helena en Caucasia, Antioquia. Por lo anterior, la entidad recomendó a la Inspección de Policía y a las autoridades locales suspender cualquier desalojo, afirmando que no existe registro de arrendatarios con derechos sobre el predio.

Además, la SAE, por medio de un comunicado del 24 de mayo de 2024, señaló que “no es la ocupación la vía para acceder a bienes de la SAE”, e informó la instalación de una mesa de diálogo para encontrar alternativas, caracterizar a la comunidad y proteger sus derechos.

Asimismo, sostuvo que “no existe arrendatario alguno que pueda exigir derechos sobre el predio”. Por lo tanto, “solicita a la Inspección de Policía y a las autoridades locales suspender cualquier diligencia de desalojo”.

De igual manera, puntualizó: “En este Gobierno no se utiliza la fuerza con el pueblo. Nos reuniremos con las familias que hoy ocupan el predio para consensuar alternativas a través del diálogo”.

A pesar de lo comunicado por la SAE, la Alcaldía de Caucasia y la Gobernación de Antioquia mantienen una postura contraria a la invasión, dando lugar a diferencias públicas entre los actores, quienes se rehúsan a expulsar a las personas del sitio.