Decano y exdecanos de la Universidad del Cauca fueron acusados por presunta omisión ante violencia sexual

La Procuraduría General de la Nación ha destapado un escándalo que estremece a la Universidad del Cauca y pone en el ojo del huracán a su decano de la Facultad de Derecho, Édgar Camacho Godoy, dos exdecanos y una funcionaria, quienes ahora enfrentan cargos por presunta omisión frente a conductas que habrían atentado contra mujeres estudiantes, sugiriendo gravísimas violencias sexuales.

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El decano vigente, Édgar Camacho Godoy, junto a los exdecanos Roberto Rodríguez Fernández y José Reinaldo Pisso, y la profesional universitaria Janny Katiana Santacruz Amador, son los señalados por el Ministerio Público en este caso que ha encendido el debate sobre la responsabilidad y la protección de los derechos de las estudiantes.

Las luces de alarma se encendieron cuando la investigación reveló que los implicados podrían haber minimizado las graves acusaciones, exigiendo pruebas exhaustivas del comportamiento del docente denunciado y, peor aún, no haber dado trámite alguno a las valientes declaraciones de las víctimas. Estas denuncias han permanecido en medio magnético en la decanatura desde 2016, hasta que la Procuraduría intervino en 2023.

La Procuraduría Regional de Instrucción del Cauca ha sido contundente al destacar que la inactividad de estos funcionarios constituye un acto de violencia institucional, reduciendo significativamente las posibilidades de las víctimas de acceder a la justicia. Esta negligencia se convierte en un atropello doble para aquellas que ya han sufrido los horrores de la violencia sexual.

En este proceso, las faltas de los implicados han sido calificadas como gravísimas a título de culpa gravísima. Es un señalamiento que pone en evidencia la magnitud de la omisión y el encubrimiento de las denuncias, que fueron dejadas bajo llave en la burocracia de la universidad.

Este caso explosivo surge tras la compulsa de copias de los cargos recientemente proferidos por la Procuraduría contra el docente Milton Javier López García, acusado de acoso sexual contra diez estudiantes y actos sexuales violentos contra una alumna más. Las denuncias contra López García han sido la punta del iceberg que ha revelado el oscuro manejo institucional de la facultad.

El asunto será ahora remitido por competencia para su juzgamiento, una etapa crucial que podría representar un golpe severo para la Universidad del Cauca y un llamado de atención para todas las instituciones educativas del país. La comunidad académica y la sociedad espera que este sea el inicio de un cambio estructural en la protección de los derechos de las estudiantes y la erradicación de la impunidad dentro de las instalaciones universitarias.

En medio de la indignación y el clamor por justicia, este caso sigue desarrollándose, y con cada nueva revelación, el país observa cómo la sombra de la violencia y la negligencia podría costar más que la reputación de una universidad.

El infierno de la violencia sexual vuelve a golpear el corazón de una institución educativa en el Carmen de Viboral, Antioquia. La Procuraduría General de la Nación ha lanzado una orden contundente al rector del Colegio Jorge Eliecer Gaitán, solicitando un informe detallado sobre el manejo de un nuevo caso de presunto abuso sexual contra una estudiante de secundaria. La menor, según se denuncia, habría sido víctima de un docente que intentó tocar sus partes íntimas durante una jornada escolar.

El ente de control también ha puesto su lupa sobre la Secretaría de Educación y el ICBF regional, pidiendo detalles sobre la activación de protocolos y las medidas de protección brindadas a la víctima. Este episodio se suma a una lista preocupante: 36 instituciones educativas en varias regiones del país, incluidos Antioquia y Atlántico, han enfrentado procedimientos disciplinarios por no incorporar protocolos adecuados. Hasta la fecha, 191 funcionarios han sido destituidos e inhabilitados y 237 procesos disciplinarios siguen en curso por violencia sexual en colegios.