Con excepción de Andrés Pastrana, todos los jefes de Estado que se ha regido por la Constitución de 1991 rechazaron la eventual constituyente que buscaría el actual Gobierno del presidente, Gustavo Petro, que insiste en el tema, ahora con el pretexto de garantizar el cumplimiento del acuerdo de paz con la extinta guerrilla de las Farc, según expresó el fin de semana el excanciller Álvaro Leyva, y que ratificó el mismo mandatario en su cuenta de X el lunes 27 de mayo.
El último en sumarse a las críticas fue Cesar Gaviria, que dirigió los destinos del país de 1990 a 1994, que en un extenso comunicado que publicó en la noche del lunes, convocó a que se logre un acuerdo político que se evite cualquier modificación a la carta magna.
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”El respeto a ella, es la principal garantía que se le puede brindar a los colombianos, de que las decisiones futuras provienen de un acuerdo y no de una imposición velada. Intentarlo es un acto contra la misma constitución del 91, que respalda la inmensa mayoría de los Colombianos”, señaló en uno de los apartes.
El exmandatario, en cuyo periodo se promulgó la nueva normativa fundamental, afirmó que en el acuerdo con el desaparecido grupo subversivo no se estableció algún mecanismo con miras para poder hacer cambios en la Constitución.
“A propósito de la insólita propuesta, he revisado punto por punto los acuerdos y no encuentro que el equipo del gobierno Santos haya negociado la posibilidad de realizar una asamblea constituyente. Lo que hizo, fue una referencia a un acuerdo político. El artículo 376 de la Constitución Política de 1991, establece de manera clara, la única forma en que puede ser convocada una asamblea constituyente. Cualquier intento de convocatoria por fuera del marco constitucional, atentaría de manera directa contra la estabilidad democrática institucional y las demás ramas del poder público”, cuestionó.
Destacó la reacción negativa del expresidente y Nobel de Paz en 2016 en contra de esa iniciativa, que aseguró en un video que publicó el fin de semana que esa era precisamente una de los puntos que nunca estuvo en discusión para el acuerdo de paz.
“Santos precisó, que esa fue una de las líneas rojas que se mantuvo en la negociación: “una constituyente solo se puede convocar usando los procedimientos que establece la constitución””, reiteró.
Sobre ese tema citó de las palabras del exmandatario que en un proceso de esa naturaleza se requiere primero de la aprobación de la Corte Constitucional y de un llamado posterior a las urnas, donde finalmente, mediante el voto, los ciudadanos la aprobarían o no.
Recordó que la pretensión del Gobierno Nacional se mencionó inicialmente con el argumento de garantizar que pasaran las reformas sociales que según Petro se requieren en el país y que respaldaron los 11 millones de ciudadanos que lo eligieron en 2022, y cuestionó si lo que pretenden es llevarla a cabo sin cumplir con los trámites legales que requeriría ese proceso.
“No queda claro si el gobierno se propone a convocar la Constituyente por decreto y sin cumplir los trámites que establece la constitución del 91, que exigen para su reforma, entre otras, la aprobación del Congreso de la República. A nuestro juicio, esa iniciativa carece de cualquier base constitucional y su propósito parece incomprensible”, afirmó.
También trajo a colación el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), donde se ha señalado que con recursos, presuntamente malversados de la entidad, se buscó agilizar el trámite de las reformas en el Congreso y que esto sumado a la pretensión de la constituyente, iría en contra del deseo de Petro de lograr que pasen en el Legislativo.
Finalmente, Gaviria hizo un llamado para lograr un acuerdo en las próximas elecciones con el que se proteja a la carta magna de alguna modificación que pretenda el gobierno.
“El director del Partido se permite adelantar una propuesta, a partir del holgado resultado del Partido Liberal en las últimas elecciones regionales y en nuestro próximo congreso o convención nacional, esto es, proponer un gran acuerdo que incluya a todos los sectores que consideren que lo principal que se debe hacer en el próximo certamen electoral, sea convocar un gran acuerdo político, para defender la Constitución y el estado social y democrático de derecho. El candidato de esa coalición, se escogería por una consulta popular interpartidista”, concluyó el texto.
Desde el domingo, cuando el exministro de Relaciones exteriores Álvaro Leyva insinuó que la constituyente podría habilitarse para garantizar que se cumpla el acuerdo con las Farc, las críticas no han cesado.
“Con el ánimo de consolidar aún más las bases sobre las que se edificará la paz y la reconciliación nacional, una vez realizado el procedimiento de refrendación, convocará a todos los partidos, movimientos políticos y sociales, y a todas las fuerzas vivas del país a concertar un gran Acuerdo político Nacional encaminado a definir las reformas y ajustes institucionales necesarios para atender los retos que la paz demande, poniendo en marcha un nuevo marco de convivencia política y social’ “, expresó en un video que publicó el exfuncionario en su cuenta oficial de la red social X.
La iniciativa fue respaldada por el mismo Petro en la tarde del lunes, luego de que en un rifirrafe con el exalto comisionado para la Paz del Gobierno Santos, Sergio Jaramillo, que también rechazó la idea de una constituyente bajo el argumento de garantizar el cumplimiento del acuerdo de paz.
“El papel histórico del congreso hoy, es tramitar su convocatoria, si no, el poder constituyente, tarde que temprano, lo hará. La constitución, como el acuerdo de paz con las Farc, vuelto declaración unilateral de estado ante la humanidad, como el incipiente primer acuerdo con el ELN, que se enfrenta incluso con el ELN, establecen todos un acuerdo político nacional, para definir por fin el camino de salida definitiva de la violencia. Un poder constituído jamás llegará a un perdón social general. Eso es solo el atributo del poder constituyente: el poder del pueblo (sic)”, trinó.
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