Revelan el salario de cada empleado público en Colombia: esto se les debe pagar cada mes

El Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana presentó un informe detallado sobre la remuneración del empleo público en Colombia, en el que reveló datos importantes sobre el costo promedio de un empleado público para el contribuyente. El estudio destaca que el costo mensual asciende a $11,6 millones por empleado.

Esta cifra incluye diversas partidas más allá del salario básico, por lo que ofrece un panorama claro de cómo se estructura el gasto en este sector.

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Según el informe, el salario básico de un empleado público, que se mantiene constante cada mes, supone solo el 40 %del gasto total de personal. El 60% restante se destina a rubros adicionales como bonificaciones, primas, indemnizaciones, contribuciones y otros beneficios. El observatorio advierte la falta de transparencia en la presentación de estos rubros adicionales, a pesar de que el Departamento Administrativo de la Función Pública publica datos sobre la asignación básica de cada empleado.

También revela que la asignación básica mensual promedio es de $4,9 millones, mientras que el salario total, que incluye bonificaciones y otros factores, asciende a un promedio de $7,4 millones mensuales. Sin embargo, al sumar todos los costos asociados, el gasto total se incrementa de manera significativa hasta llegar a los $11,6 millones mensuales.

Es así que, de acuerdo con el estudio, el cargo con mayor salario a nivel nacional es el de mayor general de la Policía Nacional, que hace parte del sector de Defensa y Policía. Este tiene dos cargos y una asignación básica mensual de $8.425.683. Además, un salario mensual de $66.698.272 y un gasto total mensual de $297.071.350.

Asimismo, el observatorio enfatiza la necesidad urgente de revisar la estructura del gasto de personal, debido a que la mayor presión económica recae en componentes variables que no siempre se traducen en un incremento proporcional de la productividad o eficiencia del empleado.

“Esto refleja una presión importante sobre un gasto que puede crecer significativamente sin mejorar necesariamente el rendimiento de los empleados”, se dice en el informe.

De igual forma, se plantea que el análisis del gasto total en personal se basa en datos del Presupuesto General de la Nación (PGN) e incluye categorías específicas tales como seguridad social, incapacidades, licencias e indemnizaciones, además del salario. El informe puntualiza que las cifras disponibles sobre el empleo público en Colombia presentan cierta fragmentación y no siempre son claras, lo que dificulta obtener una visión completa y precisa del gasto.

A pesar de los desafíos en la disponibilidad de datos, el Observatorio Fiscal hizo un llamado a la transparencia y a la creación de herramientas de información que permitan evaluar el costo-beneficio de cada empleado público. Se considera esencial para asegurar un uso eficiente de los recursos públicos destinados al gasto de personal.

En cuanto al mérito y carrera administrativa, el informe critica que estos factores no influyen de forma significativa en la permanencia o ingreso en el empleo público en Colombia. “El diseño de la carrera administrativa ha sido de poca implementación en el país. El empleo público se ha convertido en garantía de estabilidad y los concursos una forma de acceso al empleo”, señala.

Sin embargo, el sistema carece de herramientas de gestión y evaluación que castiguen el mal desempeño con la separación del cargo y premien el buen desempeño con ascensos en la escala salarial.

El estudio también menciona que el rendimiento de cada funcionario guarda poca relación con su remuneración, lo que podría desincentivar la productividad. Por eso, el observatorio invitó a mejorar las políticas de evaluación y gestión del personal para que el mérito y el buen desempeño sean factores determinantes en la trayectoria profesional de los empleados públicos.

Finalmente, el informe sugiere la importancia de crear mecanismos de control y seguimiento de los salarios en el sector público para promover la equidad salarial y la moralidad en el servicio público. Esto se traduciría en un incremento en la productividad y calidad de los servicios ofrecidos a los ciudadanos, quienes financian estas remuneraciones a través de los impuestos.