El ministro de Transporte, William Camargo, decidió suspender por treinta días el cobro del peaje para vehículos de categorías I y II en Turbaco, con el respaldo de la Gerencia Financiera.

Desde el lunes 27 de mayo, esta suspensión beneficiará a los vehículos particulares, camperos, camionetas, microbuses (categoría I) y buses, busetas, microbuses con eje trasero de doble llanta y camiones de dos ejes (categoría II). Las tarifas plenas de estos vehículos son de $5.300 y $18.100, respectivamente, quedando excluidos vehículos de pasajeros y de carga de más de tres ejes..

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La resolución, publicada para comentarios en la página del Ministerio de Transporte, detalla los conceptos legales, técnicos y económicos que aseguran a la comunidad de Turbaco que desde el 27 de mayo se levantan las talanqueras, tal como se acordó entre la Gobernación de Bolívar, la Alcaldía Municipal y el comité antipeaje el pasado viernes 24 de mayo.

Y es que, de acuerdo con el análisis financiero, hay una disponibilidad de más de 49.000 millones de pesos para compensar temporalmente al concesionario durante un periodo de treinta días, que comenzaron a correr a partir de este lunes 27 de mayo, según informó el gobernador Arana.

Esta fue la decisión que se logró después de varios días de protestas por parte de ciudadanos que se oponen al cobro de peajes en las poblaciones cercanas a Cartagena. El gobernador de Bolívar, Yamil Arana, anunció la medida a través de sus redes sociales, buscando aliviar las tensiones tras una semana de intensas manifestaciones.

Las protestas en Turbaco no son exclusivas. También se han dado manifestaciones en los municipios de Mahates, María la Baja, Turbana y Clemencia, que han generado bloqueos y daños en la estructura de los peajes, con pérdidas estimadas en más de 25 millones de pesos, según la Concesión Autopistas del Caribe.

Aún es incierto cómo continuará esta situación, pues la decisión de suspender el cobro es momentánea. Según explicó Miguel Caro, representante de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), en rueda de prensa, hay graves complicaciones legales que impiden desmontar el peaje. Lo anterior se debe a la legalidad del contrato de concesión. Caro destacó que la obligación principal de la ANI es cumplir con el cobro de las tarifas establecidas en el contrato.

Por eso, dentro de las propuestas presentadas por la ANI, se sugirió implementar una tarifa diferencial: los vehículos de categoría I (livianos) pagarían 2.900 pesos; mientras que los de categoría II (buses) pagarían una tarifa de 3.300 pesos. Esta solución no fue aceptada y seguirá siendo debatida durante este mes debido a quela mesa técnica continuará con el ánimo de encontrar una solución definitiva.

Por su parte, el gobernador de Bolívar, Yamil Arana, enfatizó que las soluciones jurídicas no son suficientes y solicitó una intervención política del presidente para resolver el asunto definitivamente. “Aquí se tiene que tomar una decisión política. Y el último que puede tomar esa decisión es el presidente de la República”, declaró el gobernador.

Arana agregó: “Nos hemos dado un tiempo de un mes para realizar varias mesas de trabajo... Un mes donde van a estar las talanqueras arriba”. Esta suspensión busca aliviar a los residentes de las zonas aledañas que deben viajar a Cartagena diariamente para trabajar o estudiar, quienes han visto sus trayectos afectados por el cobro del peaje.

Según la ANI, “no respetar el funcionamiento de los peajes podría generar costos altísimos para el Estado”. De hecho, conforme a la Ley 1508 de 2012, la fuente de financiación del proyecto proviene en su totalidad, es decir, el 100 %, del recaudo de peajes y no existe la posibilidad legal de que se puedan realizar aportes con recursos del Presupuesto General de la Nación.