EDU de Medellín se enfrenta al déficit millonario y contratos cuestionables que dejó la administración de Daniel Quintero

No paran los esfuerzos del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, por destapar los descalabros financieros que habría dejado la administración de Daniel Quintero en diferentes entidades públicas de la capital antioqueña.

De hecho, desde hace más de cinco meses, la Empresa de Desarrollo Urbano de Medellín (EDU) se encuentra en una encrucijada debido a una serie de problemas financieros y legales heredados de la administración anterior, que empeoraron tras la auditoría iniciada al final de su mandato, en la que se detectaron múltiples irregularidades que han dejado a la entidad con un déficit de caja significativo y una serie de contratos problemáticos.

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La nueva gerente de la EDU, Luz Ángela González Gómez, ha señalado que su principal reto es resolver las complicaciones heredadas. “En este momento lo que más nos está retando son esas herencias, porque hay muchos problemas técnicos en cada uno de los contratos que tenemos”, indicó.

Sin embargo, una investigación de El Colombiano encontró que el déficit financiero de la empresa al cierre de 2023 asciende a $14.400 millones, compuesto por millonarias facturas y otros gastos que fueron postergados y que aparecieron solo después de finalizado el año fiscal.

Otra preocupación importante de la nueva gerencia de la EDU son los contratos firmados durante la anterior administración que beneficiaron a ciertos proveedores privados en detrimento de la entidad. Muchos proyectos, como las obras viales de la Avenida 34, fueron suscritos sin cumplir con requisitos esenciales, lo que llevó a la suspensión de los trabajos debido a la falta de licencias ambientales. Además, el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS) firmó contratos con la EDU sin asegurarse de que el presupuesto estuviera garantizado.

En materia legal, los contratos más problemáticos carecen de cláusulas penales, dejándolos sin capacidad para reclamar ante incumplimientos. Un claro ejemplo es un contrato firmado en 2023 con la constructora Sumas & Restas S.A.S., que carecía de estas cláusulas cruciales, a pesar de comprometer recursos por $9.678 millones. La situación se repitió con otro contrato suscrito en noviembre de 2023 con Barmar Construcciones S.A.S., que también dejó de incluir estas cláusulas básicas.

González Gómez destacó que la entidad ha remitido todos los hallazgos a los órganos de control y está trabajando para “poner en cintura” a los contratistas culpables de irregularidades: “Todos los hallazgos se remitieron a los órganos de control y ya hacen parte de procesos internos”.

Pero el problema se agrava con la promulgación del manual de contratación de 2021, que incrementó en un 1.900% el tope para otorgar contratos directos por debajo de los $10.000 millones durante la gerencia de Wilder Echavarría, ahora asesor del Ministerio de Minas. Esto convirtió a la institución en una máquina de contrataciones directas, generando más complicaciones.

Durante la transición de gobierno a finales de 2023 y principios de 2024, el escándalo de los “atornillados” salió a relucir con fuerza. En su momento, se detectó que al menos 230 contratistas y 40 trabajadores oficiales ampliaron sus contratos en los últimos días de la administración Quintero, para asegurar sus puestos y dificultar la supervisión de contratos problemáticos por la nueva administración. Esta maniobra ha representado una amenaza financiera significativa para la EDU, según ha informado la Alcaldía y la nueva gerencia.

Financieramente, los balances continúan mostrando cifras alarmantes. Además del déficit de 14.400 millones, los ingresos de la entidad han disminuido en los últimos cuatro años, registrando una pérdida de al menos 5.400 millones al final del año pasado y acumulando pasivos de alrededor de 10.000 millones.

Este panorama se complica por facturas impagas, algunas de entre 2021 y 2023, que han emergido recientemente, sumando 1.218 millones más al déficit. Dentro de estos pasivos se incluye un crédito de 2.000 millones ante el Instituto de Desarrollo de Antioquia, que debió ser pagado en la misma vigencia en la que se solicitó. Sin embargo, fue trasladado a 2024, aumentando los costos para la entidad durante el primer año de Fico Gutiérrez.

Entre los costos que aparecieron mágicamente también se encuentran facturas por pólizas y seguros (577 millones); aseo y mantenimiento (313 millones), y otros servicios que también quedaron pendientes de pago para este 2024.

El caos en el EDU ha dado lugar incluso a situaciones como la suplantación de la exgerente Margarita Contreras, con millonarias ampliaciones contractuales firmadas supuestamente por ella. La nueva gerencia ha denunciado estos hechos ante la Fiscalía, asegurando que se utilizó información y documentos falsificados de la entidad.

Otros contratos, como la construcción del Teatro de El Carmen de Viboral, también presentaron irregularidades técnicas. Firmado en 2022 por $16.200 millones, el proyecto se suspendió en diciembre de 2022 después de que el constructor encontrara incoherencias en los diseños y estudios de suelos, que no cumplían con las normas sismorresistentes, un error que solo se descubrió durante la cimentación.

El futuro inmediato de la EDU parece requerir una intervención urgente y posible capitalización, mientras se buscan soluciones a los inconvenientes financieros y legales. Por su parte, González Gómez hizo énfasis en la necesidad de un seguimiento riguroso y constante para corregir el rumbo: “Hoy estamos resolviendo y esperamos que con ese proceso podamos tener ingresos y flujo de caja. Con la junta directiva estamos haciendo un seguimiento quincenal”.