Laura Sarabia, la actual directora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), compareció en julio de 2023 ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) en medio de una investigación administrativa que lleva a cabo dicho organismo sobre la campaña presidencial de Gustavo Petro. Las declaraciones fueron difundidas por Semana.
Esta investigación se ha concentrado en la presunta violación de los topes de campaña, por un monto de 5.300 millones de pesos. Durante su declaración, Sarabia reveló información crucial sobre su implicación en la campaña presidencial de Gustavo Petro y los pagos que recibió.
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En su declaración, la funcionaria cercana al presidente Gustavo Petro afirmó que coordinaba la agenda del entonces candidato presidencial y detalló los sueldos que percibió durante la primera y segunda vuelta. “En la primera vuelta, recibí dos pagos de 10 millones de pesos cada uno y en la segunda vuelta, otro de 7 millones de pesos”, expresó Sarabia.
Pero también se refirió Armando Benedetti, que en ese momento se desempeñaba como embajador de Colombia en Venezuela y que también aparecía vinculado en la campaña. Sarabia describió que Benedetti tomaba decisiones estratégicas tales como qué regiones debían ser visitadas por el candidato con base en encuestas y niveles de popularidad. “Al igual que yo, ayudaba a manejar la agenda política del candidato”, declaró.
Sin embargo, polémicos audios divulgados por Semana en los que se escucha a Benedetti criticar a Sarabia y hablar de la campaña presidencial fueron abordados por primera vez por la politóloga en esta comparecencia.
En esos audios, Benedetti mencionaba una suma de 15,000 millones de pesos, que supuestamente ingresaron a la campaña y no fueron reportados a Cuentas Claras. En la diligencia, Laura Sarabia negó tener conocimiento de esos fondos, a la vez que argumentó la violencia verbal que emitió el exsenador en su contra: “El trato del embajador, sus palabras de grueso calibre, las agresiones, las humillaciones a las que fui víctima... no tengo nada más qué decir. No sé a qué hacía referencia el embajador”, enfatizó Sarabia.
Sin embargo, sí afirmó que “yo participé por medio de mis funciones, en muchas de las manifestaciones de las que hace referencia el embajador Benedetti, recorrí el país con el entonces candidato Gustavo Petro, pero no fui testigo ni tengo conocimiento si fueron financiadas por los 15.000 millones de pesos. El candidato siempre decía que todo recurso, donación o logística de eventos debía ser tramitado por el gerente de la campaña, Ricardo Roa”.
La documentación de los pagos
Además, durante su declaración, el magistrado Benjamín Ortiz Torres, del CNE, le preguntó si esos pagos estaban debidamente documentados. Como respuesta, la directora del Dapre aseguró que tenía un contrato firmado directamente con la campaña y que todos los pagos se los “hacían directamente a su cuenta bancaria”, testificó.
Sarabia también expresó que se unió a la campaña de Petro directamente para la primera y segunda vuelta, y aclaró que no participó en la consulta interna del Pacto Histórico donde Gustavo Petro resultó vencedor sobre Francia Márquez.
La suma de 15.000 millones y las “incoherencias” de Benedetti
La audiencia también abordó la participación de Sarabia en eventos y reuniones que habían sido organizadas por Benedetti. De cara a la pregunta de si habría intervenido en reuniones en las que se discutió la suma de 15,000 millones de pesos, Sarabia respondió que “lo único que puedo decir es que lo ayudé durante todo mi embarazo en la campaña a organizar una agenda del candidato, nunca fui ni testigo de financiación ni de los 15.000 millones a los que hace referencia. Tampoco fui testigo a muchas de las cosas incoherentes de las que hace mención al embajador Armando Benedetti”, como publicó el medio nacional
Aun así, la investigación del CNE sigue su curso, luego de que el Consejo de Estado avalara su potestad de hacer la indagación. Por ahora la entidad electoral se centra en esclarecer la posible violación de los topes de campaña y, en caso de hallar evidencia, efectuar las sanciones a los implicados. En el caso del presidente, el caso deberá pasar al Congreso de la República, que definiría si el mandatario pierde o no su investidura.