La Corte Suprema de Justicia confirmó la condena de 13 años de prisión contra una mujer en Bogotá por el delito de trata de personas, luego de comprobar que trasladó y engañó a una indígena en estado de gestación de Mitú (Vaupés), con la promesa de contratarla como empleada doméstica en la capital, en 2014.
Tras conocerse la ratificación de la pena contra la abogada Claudia Maritza Castiblanco Parra, la mujer decidió revelar detalles de los episodios de humillación que vivió a sus 18 años, durante el tiempo que “trabajó” para su exjefe.
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En entrevista con Noticias Caracol, la indígena recordó que llegó a la capital con todos los gastos pagos de su traslado con la ilusión de tener una remuneración de $250.000 y que, por tratarse de una empleada bajo modalidad ‘interna’, tendría el beneficio de alimentación y vivienda. Este acuerdo se hizo teniendo en cuenta que para ese año (2014), el salario mínimo mensual legal vigente rondaba los $650.000.
La historia cambió a su llegada a la gran ciudad, pues Castiblanco Parra sometió a la mujer a jornadas laborales de 6:00 a. m. a 10:00 p. m. sin descanso, y lo que resultó peor, perdió todo contacto con sus familiares, asimismo sus salidas libres. Prácticamente, se trataba de un presunto caso de esclavitud en pleno siglo XXI.
De acuerdo con la mujer, en ese entonces le dio vergüenza reclamar por las injusticias a las que estaba siendo sometida por lo que decidió obedecer. De igual manera, explicó algunas tareas que le ordenaba la mujer, algunas, las ejecutaba de manera humillante: “La señora nunca me pagó; en un momento me dio mucha timidez porque ella me hacía levantar en horas de la noche para lavar el piso. No me hacía trapear normal. Me hacía agacharme en el piso a hacerlo, y, eso a mí me daba mucho miedo, mucha timidez”, afirmó al medio citado.
La víctima agregó que constantemente recibía comentarios despectivos por su etnia indígena y por encontrarse en estado de gestación: " Ella me humillaba porque además de yo ser indígena, estuve embarazada me rechazó de ya trabajar en esa casa en estado de gestación y la señora no le gustó porque ella decía que estaba manteniendo dos bocas, de mi hijo y la mía, entonces ella me decía que no me iba a pagar (sic)”.
La indígena afirmó que su exjefe frecuentemente la hacía trabajar hasta tarde a pesar de que cumplía con sus labores diarias. “(...) entonces, un día pasó de una cortina, ahí ella me dijo que (...) que yo tenía que pagar esa cortina también, que yo la había roto, así fueron pasando muchas cosas (sic)”, puntualizó.
Por último, la víctima envió un mensaje a aquellos empleadores que tienen este tipo de actitudes: “No es bueno humillar a una persona de esa manera, todos somos seres humanos y tenemos nuestros sentimientos como indígenas”, puntualizó y agregó que evita dar declaraciones de lo que vivió porque no le gusta recordar los malos tratos que recibió por parte de la mujer.
Cabe recordar que una vez se conoció el caso, en junio de 2016, la Fiscalía General de la Nación le imputó cargos a la mujer por el delito de trata de personas y en septiembre de 2018, fue condenada a 13 años de prisión, además, se determinó que debía pagar una multa de $498.498.000.
Por ello, la defensa de la mujer apeló la decisión, pero el 20 de mayo la Corte la ratificó: “Una vez allí, la joven fue objeto de malos tratos por parte de la jefa. Fue sometida a humillaciones constantes por su condición de indígena y sin importar su estado de embarazo. Cuando se le ofreció el trabajo, nunca se le informó que tenía que cancelar el valor de los tiquetes de su traslado. Una vez en Bogotá, la acusada le cobró este dinero diciéndole que no le pagaría salario alguno hasta compensar la suma girada para ese efecto”, sentenció el alto tribunal.