Cuestionan presuntos chantajes desde el Congreso al Gobierno para aprobar cupo de endeudamiento

El presidente Gustavo Petro volvió a generar controversia tras advertir que decretará una emergencia económica si el Congreso de la República no aprueba un proyecto de cupo de endeudamiento por un valor de 70 billones de pesos. La advertencia surge en medio de debates sobre posibles condicionamientos en el trámite de esta iniciativa.

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En un video reciente, el presidente de la Comisión Tercera de la Cámara de Representantes, Carlos Cuenca, durante una audiencia pública en Puerto Carreño, Vichada, expresó que no nombraría ponentes para el proyecto si no se destinaban ciertos recursos a su región. Cuenca señaló que solo estaban solicitando alrededor de 40.000 millones de pesos de los 70 billones para la construcción de una granja solar que proporcionaría energía a la población.

Cuenca afirmó en la audiencia: “Vuelvo y le digo y me comprometo con usted, si envían la partida a Puerto Carreño para la Granja Solar, nombro ponentes del proyecto de lo contrario no voy”. Además, especificó su razonamiento al viceministro de Hacienda, Diego Guevara, afirmando que no era extorsión sino un compromiso con su región.

La crítica al proceso no solo se ha limitado a la solicitud de recursos por parte de Cuenca. En varios sectores se plantea que este tipo de condicionamientos podrían sentar un precedente negativo en la manera cómo se tramitan los proyectos de endeudamiento y los recursos del Estado. En la audiencia, Cuenca resaltó: “Los 70 (billones) están comprometidos, pero allá en el Ministerio de Hacienda está la caja menor. Cuéntele al ministro y le nombro ponentes el día que nos envíen la plata”.

Cuenca concluyó su intervención aclarando que su intención no era extorsionar, sino garantizar que su región obtenga los recursos necesarios para un progreso equitativo.

El jueves 16 de mayo, en respuesta a estas declaraciones, el Gobierno anunció la entrega de una central híbrida que mejorará el servicio de energía en Casuarito, corregimiento de Puerto Carreño, Vichada, beneficiando a 239 familias. El Instituto Técnico Industrial y Electrónico (IPSE) detalló en un comunicado que el proyecto incluye 810 paneles solares con una capacidad total de generación fotovoltaica de 372,6 KWp, 154 baterías de energía acumulada de 1182,72 kWh, un generador diésel de respaldo de 132 KW, y la ampliación de redes de distribución.

Tras la implementación de este proyecto, finalmente se nombraron los ponentes en la Comisión Tercera de la Cámara. Los representantes encargados de la responsabilidad son Wilmer Carrillo, Wadith Manzur y Leonardo Rico. Carrillo es conocido por su experiencia en el manejo de asuntos económicos, mientras que Manzur y Rico han tenido una participación significativa en varios proyectos legislativos de impacto nacional.

La controversia sobre el cupo de endeudamiento no es nueva. La administración de Petro ha defendido la necesidad de este endeudamiento para financiar proyectos cruciales en el país. Sin embargo, opositores y algunos legisladores cuestionan la transparencia y los posibles acuerdos detrás de la aprobación de tan significativo presupuesto. El presidente ha enfatizado que, de no aprobarse el proyecto, se verá obligado a declarar una emergencia económica, argumentando que esto es fundamental para el bienestar y el desarrollo de diversas comunidades.

La solicitud de sobrecupo de endeudamiento presentada por el gobierno de Gustavo Petro al Congreso ha generado un intenso debate. El presidente Petro advirtió que, si el Congreso no aprueba la solicitud para ampliar el cupo de endeudamiento por 70 billones de pesos, se vería obligado a decretar una emergencia económica. Esta solicitud, según el mandatario, es necesaria para pagar la deuda vigente con una nueva deuda, posiblemente más barata.

El proyecto de ley fue presentado con un trámite de urgencia para avanzar con la ampliación del cupo de endeudamiento nacional. Sin embargo, ha habido críticas desde el Congreso, donde algunos legisladores han calificado la advertencia del mandatario como “arbitraria” y una muestra de una usurpación de poderes y facultades del Congreso. Además, hay preocupaciones sobre la claridad del destino de los fondos solicitados.