El Juzgado 44 Penal de Bogotá, bajo la tutela de la juez Sandra Liliana Heredia, rechazó la petición de nulidad presentada por la defensa del expresidente Álvaro Uribe.
La decisión fue comunicada por la juez, que destacó que “cuando pretensiones resultan ostensiblemente infundadas e inconducentes, se impone el deber de rechazarlas de plano, pues le asiste el deber al juez de velar que los fines de la audiencia se cumplan con celeridad”.
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La juez Heredia subrayó la importancia de evitar dilaciones injustificadas en el proceso legal, indicando que “contra esta decisión no proceden recursos”. Este rechazo impide que el proceso se estire innecesariamente, garantizando así que la justicia avance de manera eficiente y sin demoras.
El pedido de nulidad había sido solicitado por la defensa de Álvaro Uribe, que enfrenta un proceso judicial que ha captado amplia atención mediática y pública. Esta decisión del tribunal reafirma la intención judicial de llevar adelante las audiencias con la debida rapidez y evitar tácticas que puedan retrasar el curso de la justicia.
La implicación de esta resolución en el entorno político y judicial del país es significativa, porque destaca la firmeza del sistema judicial colombiano en la búsqueda de una administración de justicia justa y expedita. La decisión de la juez Sandra Liliana Heredia se alinea con los principios de eficiencia judicial que se buscan en los procedimientos penales.
Qué dijo Uribe en su defensa
El expresidente, Álvaro Uribe, pidió el viernes 24 de mayo la nulidad del proceso judicial en su contra durante una audiencia de acusación. Según informó el mismo Uribe, su solicitud se fundamenta en la falta de pruebas que lo vinculen con una estrategia para desacreditar a diversas figuras, como el senador Iván Cepeda y el exfiscal Eduardo Montealegre.
En una extensa intervención que tuvo lugar en la audiencia de nulidad por fraude procesal y soborno de testigos, el exmandatario defendió que no existe evidencia tangible que demuestre que planeó acciones para desprestigiar a los mencionados, así como a otras personas que buscan ser reconocidas como víctimas en el caso.
“Yo aquí nunca intenté sobornar un testigo, lo que hice fue pedir unas verificaciones de la información que me llegaba, que el señor fiscal las ha ignorado totalmente; y fraude procesal, yo dije ¿pero por qué?, si yo lo que hacía era mandar todo a la Corte, para que la Corte investigar”, afirmó el exjefe de Estado en la audiencia.
Y agregó: “Yo creo que no cumplió las exigencias legales sobre mi imputación, no fue clara, no fue concisa, no me dijo señor Uribe, usted incurrió en estos hechos y por eso lo imputamos”.
Así mismo, según Uribe, esta acusación le ha provocado un severo detrimento en su popularidad y buen nombre, afectando directamente su vida pública y privada.
Uribe destacó que ha sido él quien ha sufrido el mayor daño reputacional en este complejo litigio. Una prueba de ello, señaló, son las encuestas que revelan una significativa caída en su popularidad tras estos eventos legales. “Daño reputacional a mí, que le he servido con honradez a este país... yo llegué cuando terminó el gobierno, tenía encuestas entre el 70, el 74 y más del 80% de aprobación, pero toda esta acción llegó a tenerme en una encuesta del 19%”, afirmó el exmandatario.
Durante su intervención, Uribe afirmó que se acercó al entonces fiscal Eduardo Montealegre para pedirle que resolviera su situación, bien imputándolo o archivando el caso. Insistió en que el proceso que afronta, basado en delitos como soborno, fraude procesal y soborno a testigos, carece de fundamentos sólidos.
Además, Uribe hizo referencia explícita a la participación de diversas personas en su supuesto desprestigio, incluidos Jorge Perdomo, ex vicefiscal, y Monsalve, quienes según él, han contribuido a la deteriorada imagen pública que actualmente enfrenta.