La audiencia preparatoria contra el expresidente Álvaro Uribe empezará el 10 de julio de 2024, y se extenderá en las siguientes fechas: 11, 12, 17, 30 y 31 de julio, y 5, 6, 8 y 9 de agosto.
El fiscal Gilberto Iván Villarreal solicitó un espacio para exigir respeto, siendo delegado de la Fiscalía, debido a las declaraciones que ha hecho el expresidente sobre el proceso penal a través de sus redes sociales. “La Fiscalía en este caso se encuentra agraviada por los señalamientos irresponsables del acusado Uribe Vélez”, aseguró.
De igual manera, aseguró que el exmandatario se ha aprovechado, de manera “temeraria”, de las redes sociales en las que se pronuncia para hacer afirmaciones en su contra. Por eso, insistió en que, si tiene pruebas de que el fiscal se ha apartado de sus deberes, que las presente. “Exijo respeto y que proceda”, dijo.
La jueza le pidió al fiscal que no utilice el espacio de la audiencia para referirse a situaciones que nada tienen que ver con el proceso.
El fiscal del caso, Gilberto Iván Villarreal, inició la formulación de acusación contra el expresidente Álvaro Uribe, indicando que el hoy procesado contó con el apoyo de múltiples personas para materializar una estrategia con la que se acumularon testimonios, documentos y otros medios probatorios para respaldar situaciones parcialmente ciertas o que no correspondían a la realidad.
“El doctor Uribe Vélez determinó al abogado Diego Javier Cadena Ramírez para que (sic) entregara y/o prometiera dinero u otras utilidades a seleccionados testigos de hechos delictivos para que faltaran a la verdad o la callaran total o parcialmente”, detalló. Dichas personas serían, en parte, exparamilitares.
En ese sentido, el fiscal indicó que el expresidente debe ser acusado por ser determinados de tres delitos de soborno en actuación penal, que se habrían materializado con los testigos y exparamilitares Juan Guillermo Monsalve, Carlos Enrique Vélez Ramírez y Eurídice Cortés Velasco. El fiscal también consideró oportuno que se acuse al exmandatario del concurso homogéneo y sucesivo de dos delitos de fraude procesal. Asimismo, aseguró que debería ser acusado por el delito de soborno, por las presuntas actuaciones que habría llevado a cabo por intermedio de Diego Cadena contra Hilda Jeaneth Niño Farfán.
La jueza indicó que, ahora, el expresidente Álvaro Uribe adquiere la condición de acusado.
Ante la solicitud de la defensa del expresidente, la jueza concedió el recurso de apelación por el reconocimiento de las víctimas Deyanira Gómez, Eduardo Montealegre y Jorge Perdomo, al considerar que fue oportunamente interpuesto y sustentado por el abogado.
El abogado Jaime Granados, en representación del expresidente Álvaro Uribe, interpuso un recurso de apelación por el reconocimiento de Deyanira Gómez, Eduardo Montealegre y Jorge Perdomo como víctimas en el caso. No incluyó en su petición al senador Iván Cepeda. De acuerdo con el profesional en Derecho, en el caso de Gómez, no se tuvieron en cuenta argumentos anteriores, en los que se evidencia que la supuesta persecución que sufrió, y que la llevó a perder su empleo, no fueron tenidos en cuenta.
Con respecto a los exfiscales, indicó que no hubo hechos jurídicamente relevantes en los que se les vinculara como víctimas, y ni siquiera una imputación, por lo que no se puede decir que fueron víctimas de un delito como tal.
En la continuación de la audiencia de formulación de acusación contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez por los delitos de soborno a testigos y fraude procesal, la jueza 44 Penal del Circuito de Bogotá reconoció al senador Iván Cepeda como víctima en el caso. De igual forma, ya había negado la solicitud de nulidad que presentó la defensa del exmandatario.
El Juzgado 44 Penal de Bogotá, bajo la tutela de la juez Sandra Liliana Heredia, rechazó la petición de nulidad presentada por la defensa del expresidente Álvaro Uribe.
El expresidente Álvaro Uribe enfrenta un proceso penal por la presunta comisión de los delitos de soborno a testigos y fraude procesal. El viernes 17 de mayo de 2024 inició la audiencia de formulación de acusación en su contra, la cual continuó el 24 de mayo. El abogado Jaime Granados, en representación del procesado, solicitó la nulidad del proceso por una presunta violación al debido proceso del exmandatario de Colombia, argumentando que en este punto del caso, no es claro de qué se está defendiendo.
Por su parte, el expresidente insistió en su inocencia. “A la ciudadanía, antes de empezar el juicio: parece que las garantías no se aplican para mí, negaron a mis abogados la existencia del proceso. Sin embargo, en Bogotá decían a periodistas y políticos que tenían todo listo para encarcelar. Era la campaña electoral de 2018, le comunicaron el proceso llamándome a indagatoria, no me permitieron versión libre (...) me negaron la presunción de inocencia, el derecho a defenderme en libertad, si no conocían o no creían en mis antecedentes de persona de bien, por lo menos debieron observar mi comportamiento durante esos 25 meses: no he sido peligro para la sociedad”, señaló el exmandatario antes de iniciar la audiencia del 17 de mayo.